Adriana Guillén: "No es una opción retirarse del sistema interamericano"

Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitiera la sentencia frente a la masacre ocurrida el 13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo (Arauca), la directora de la Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, manifestó que el fallo ha sido erróneamente interpretado porque “no condena a Colombia sino que la responsabiliza por acción u omisión ante la violación de los derechos humanos, sin importar quién hubiese sido el actor del conflicto que perpetuara el hecho”.

Desde siempre, comandantes militares han respaldado a los miembros de las Fuerza Aérea Colombiana (FAC) investigados o condenados por estos hechos. Desde que fue nombrado comandante de la FAC, el general Tito Saúl Pinilla ha pedido la absolución de los pilotos César Romero Pradilla y Johan Jiménez Valencia, sentenciados a 30 años. Hace unos minutos, la Fuerza Aérea divulgó un comunicado, declarándose respetuosa del fallo pero insistiendo en que sus integrantes nunca lanzaron un artefacto explosivo contra la población de Santo Domingo.

La FAC resaltó, además, que está a la expectativa del fallo que producirá la Corte Suprema de Justicia, la cual se encuentra evaluando la condena en contra de los pilotos. Guillén, por su parte, señaló que precisamente éste es un punto complejo de la sentencia de la Cidh: “Se pone en una situación complicada a las Fuerzas Militares, pues el órgano de cierre de la justicia penal colombiana no se ha pronunciado en este caso”.

Guillén, sin embargo, destaca que la sentencia del organismo interamericano reconoce la labor que se ha venido realizando frente a los procesos de reparación de víctimas, donde el Consejo de Estado ha reparado “de manera integral y no sólo con compensación económica”, y las indagaciones penales, que han tenido avances significativos: todas las víctimas están identificadas, hay dos pilotos condenados en segunda instancia y un oficial y un coronel están siendo investigados.

“Es la primera vez que la Cidh apoya a la justicia colombiana en estos procesos. Lo que nos está diciendo es que continuemos con nuestras investigaciones y procesos, que han traído resultados satisfactorios”, aseveró la directora de la Defensa Jurídica de la Nación.

Otra cosa, no obstante, piensan abogados como Rafael Nieto o Federico Arellano. El primero, quien hacía parte del equipo defensor del Estado colombiano ante la Corte Interamericana, señaló que el tribunal se había equivocado completamente. Arellano, por su parte, sugirió que Colombia debía pensar en retirarse del sistema interamericano e incluso demandar a la Convención Americana. “Guardadas proporciones es algo similar a lo relativo al fallo adverso de la CIJ y el pacto de Bogotá”, le dijo Arellano a este diario.

Guillén de ninguna manera apoya esa idea: “Colombia se ha distinguido por ser respetuosa del derecho internacional, tanto que la Corte Interamericana viene a realizar sus sesiones en enero del próximo año en el país. Se ha demostrado el interés de permanecer en el sistema interamericano y sería conveniente revisar los estatutos de la Corte elaborados en 1979, con el fin de dar más herramientas para defenderse en el sistema. Pero no es una opción retirarse. Es afinar la defensa contra el sistema, y estos fallos prueban que la corte se toma en serio la jurisdicción interna de los estados”.

Guillén sostiene que la Nación debe acatar inmediatamente el fallo. La alta funcionaria agregó, sin embargo, que es necesario esperar a la decisión de la Corte Suprema frente al proceso de los pilotos, para establecer internamente la responsabilidad penal –de las FAC o de las Farc– por la muerte de 17 civiles de Santo Domingo, y de 27 personas. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, señaló que así se hará, aunque mencionó que la condena era dolorosa para las Fuerzas Militares