Bajo la ley del 'bolillo'

La denuncia de estos jóvenes hizo que se abriera una investigación en la Policía por las supuestas agresiones. / Archivo

Acurrucados en un minúsculo baño, abrazados, recibiendo golpes a diestra y siniestra, Marcelo* de 22 años sangraba y José Fernando*, de 24, suplicaba porque su rodilla derecha, que había sido operada años atrás, no recibiera más golpes. Una chaqueta ensangrentada y marcas de bolillo en su cuerpo son la evidencia de la golpiza que, al parecer, recibieron a manos de policías de un CAI de Chapinero, en Bogotá. En el hospital, magullados y con dolor: así acabó la madrugada del 15 de diciembre para estos dos jóvenes, luego de que Marcelo fuera llevado por una patrulla de la Policía cuando discutía con un vendedor ambulante por dinero.

“Uno de los policías se puso agresivo conmigo y me metió un bolillazo. Yo resistí y en el janoleo terminé pegándole en la cara. Él me hubiera podido esposar, no tenía por qué pegarme como me pegó luego”, señala Marcelo. Se los llevaron para el CAI del Parque El Virrey. Al llegar, cuenta Marcelo, los uniformados lo sacaron de la patrulla y lo jalaron casi 100 metros. Cuando se encontraba en el piso, le quitaron sus pertenencias, entre éstas su celular. Con José Fernando hicieron lo mismo. A éste, según su testimonio, tres policías lo sacaron de la patrulla y lo hirieron en la cara, en la que hoy lleva una cicatriz.

Luego lo arrastraron hasta el baño del CAI, donde habría empezado la paliza. Marcelo terminó con su cabeza abierta, contusiones en la espalda y hematomas por todo el cuerpo. “Fueron 30 minutos en que alrededor de seis policías se turnaban para pegarme. Me daban patadas, puños, bolillazos”, contó Marcelo, agregando que su mayor agresor era el mismo policía a quien él había golpeado en el rostro forcejeando durante su detención. “Fue sin intención —aclara—, yo eché el brazo hacia atrás cuando él me cogió. En el CAI él les dijo a sus compañeros que lo dejaran solo con ese ‘pirobo’. Ahí me tuvo diez minutos dándome”.

Más tarde, los jóvenes fueron ingresados nuevamente en el baño: una segunda andanada de golpes. Otros dos muchachos que también se encontraban recluidos en el CAI lograron grabar dos audios de la brutal golpiza, en los que se escuchan sus gritos y cómo los uniformados los insultan: “Hágale a ver, uno contra uno, párense, ¿quién es el que se va a parar? (…) Ahí sí le da miedo. Sí o no, sapo hijueputa”. Mientras tanto los jóvenes suplicaban perdón: “Perdónenme, yo sé que la cagué (…) por favor yo hago lo que quiera. No me pegue más, se lo pido”. (Las grabaciones las puede escuchar en la página web de El Espectador).

En un instante de descuido de los policías, Marcelo les pidió el favor a esos dos jóvenes que grabaron los audios que se comunicaran con sus padres y les dijeran el lugar donde se encontraban. En esos momentos, José Fernando empezó a tener un ataque de asma. Los uniformados, sostiene él, creyeron que se estaba haciendo el enfermo y no lo atendieron sino hasta que lo vieron en muy malas condiciones. El joven fue separado de Marcelo y trasladado por los mismos patrulleros a la Clínica del Country.

“Cuando llegué al hospital me habían quitado el celular y $45 mil, que les había dado para que me compraran la medicina para el asma. En Urgencias el policía le dijo a la enfermera que me habían recogido en la calle. Yo le dije a ella que era mentira y ella, rápidamente, salió corriendo a perseguir al policía para tomar el número de la placa que lo identificaba”, recuerda José Fernando. Luego llegaron sus padres e inmediatamente salieron a buscar a Marcelo. Temían por su suerte.

Para Marcelo el calvario seguía: según su relato, los uniformados habían pasado de la tortura a la extorsión. Uno de ellos le preguntó que cómo iban a arreglar lo de su nariz, haciendo referencia al golpe que el joven le había dado horas antes, cuando se lo estaban llevando en la patrulla. Sin plata en los bolsillos, Marcelo respondió que podían ir a un cajero y darle los $400 mil que tenía en la cuenta. El intendente supuestamente intentó llevarlo a un cajero cerca de la estación, pero uno de sus compañeros lo detuvo. Entonces lo pusieron a firmar una minuta asegurando que había salido del CAI y había sido bien tratado.

En ese momento Marcelo, quien creía que iba a pasar lo peor, puso un 666 al lado de su rúbrica. Pensaba que al ver eso sus padres tendrían una buena pista para empezar a descifrar su paradero, pues temía que no regresaría a casa. “¿Qué fue lo que le pasó, mijo?”. “Nada me caí y me pegué”. “Así me gusta”. Esa fue la última conversación que sostuvo Marcelo con un uniformado saliendo del CAI, de donde se fue para la Clínica Reina Sofía. En Medicina Legal (ver facsímil), donde fueron valorados, a Marcelo le dieron una incapacidad de ocho días y a José Fernando, de siete.

La Policía Metropolitana de Bogotá, en un comunicado dirigido a El Espectador, manifestó: “En su compromiso constitucional de proteger la vida, honra, bienes y dignidad de las personas, no acepta por ningún motivo cualquier tipo de agresión hacia un ciudadano (…) El comandante de la Policía de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez , ordenó una investigación para establecer las responsabilidades de cada uno de los uniformados inmersos en este repudiable episodio”.

La institución resaltó que las indagaciones internas no eximirían a los uniformados investigados de cualquier responsabilidad penal y advirtió que se “actuará con la misma eficacia, justicia y rapidez en la investigación de este vergonzoso hecho”, como con el caso de la reportera gráfica de El Tiempo Ana María García, agredida mientras cubría un accidente de Transmilenio en octubre pasado.

* Nombres cambiados.