A la salud de los reclusos

Entidades como la Procuraduría han alertado sobre las malas condiciones de varias de las 142 cárceles del país. / Archivo

Parece mentira. Hay denuncias de que en algunas cárceles de Colombia a los enfermos de cáncer los cuidan con acetaminofén. En los centros penitenciarios de Antioquia no hay servicio de salud, debido a que los médicos que atienden en esos establecimientos se declararon en paro, porque Caprecom no les ha pagado los salarios que les debe. Con este panorama, la ministra de justicia, Ruth Stella Correa, fue enfática y dijo: “Vamos a cambiar radicalmente el sistema de prestación de salud carcelario”.

Lo hizo durante la presentación del Decreto 2496 de 2012, con el que el Gobierno pretende mejorar el servicio de salud que se le presta a los 114.500 reclusos de los 142 centros carcelarios del país. Con el Decreto el Gobierno se liberará de la obligación de contratar únicamente con la EPS Caprecom, para la prestación de los servicios de salud en las cárceles.

Por orden del Decreto 2777 de 2007, se estableció que Caprecom sería la única encargada de este servicio. Ahora, con el Decreto 2496, varias EPS podrán prestarlo. En palabras del Ministerio de Justicia, “dicha modificación estuvo encaminada a garantizar la participación de EPS del régimen subsidiado y del régimen contributivo para operar el régimen subsidiado y abrir el mercado con el propósito de que la competencia incentive una mejor calidad del servicio”.

Además, el Gobierno establecerá una nueva Unidad de Pago por Capitación (UPC). Una UPC se refiere al valor que le reconoce el sistema a las EPS, por cada uno de sus usuarios. En estos momentos, para Caprecom es más costoso tratar a un recluso que a cualquier otro paciente. Ya lo había alertado la subdirectora de Caprecom, Alexandra Caycedo: “Si el tratamiento de un paciente nos cuesta $100, el de un recluso nos cuesta $151. Desde hace rato queremos entregar la población carcelaria. Pero la verdad es que nadie quiere atender a los presos”.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia, “el Decreto permite fijar una UPC que tenga en cuenta las condiciones económicas particulares de atención de la población reclusa. Este valor hará más atractivo, para las EPS, la prestación de este servicio, en tanto que cubrirá los costos de atención y garantizará el margen de ganancia respectivo”.

Además, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció que para el 2013 se rehabilitarán las unidades de sanidad de 34 centros penitenciarios del país. Para eso, se firmaron varios contratos por un total de $3.000 millones. Se espera que la adecuación esté lista para el 22 de febrero de 2013.

Estas medidas forman parte de la estrategia del Gobierno, para hacerle frente a la crisis carcelaria que vive el país. El panorama no es satisfactorio con un 51% de hacinamiento y una población penitenciaria que, según entidades como la Procuraduría, vive en pésimas condiciones.

Sin embargo, las ONG, como Población Carcelaria de Colombia, no creen que las medidas sean suficientes. “Están tratando de corregir problemas de vieja data y cumplir con órdenes judiciales de hace una década. En el Decreto no se habla de la prevención. Además, está claro que la medida que se requiere, la medida de fondo, es que se realice una verdadera resocialización de los reclusos”, indicó José William Sánchez, presidente de esa organización. El Decreto empezará a implementarse en 2013 y tendrá que pasar varias pruebas de fuego. Los 114.500 reclusos del país están a la espera de que funcione.