"Viví un atraco colectivo con complicidad de unos policías"

Aroldo Villanueva dice que fue víctima del abuso de algunos miembros de la Policía de Bogotá. / Gustavo Torrijos

Aroldo José Villanueva, de 52 años, es licenciado en ciencias sociales, politólogo y funcionario de la administración de Gustavo Petro. Actualmente trabaja en la oficina de control interno del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal. El pasado 23 de diciembre por poco lo atracan en pleno centro de Bogotá. Cuando fue a denunciar el hecho a un CAI cercano, dice, se negaron a recibir su reclamo y, al contrario, terminó detenido esa noche en la UPJ de Puente Aranda. En diálogo con El Espectador, contó en detalle su calvario, un relato tan escabroso que este diario prefiere publicarlo así, en sus propias palabras.

“Esta odisea comenzó el domingo 23 de diciembre. Mi jefe me pidió unas cosas —nosotros tenemos una oficina en el centro de Bogotá, una cooperativa de transporte en la calle 23 con 13—. Apenas terminé me fui caminando hacia mi casa, ubicada en Teusaquillo. Hacia las 6:30 p.m., por el sector de La Rebeca, me salieron dos tipos con un puñal y una navaja. Estaba atracado, pero justo llegó una moto de la Policía y se los llevaron. Los uniformados me dijeron que en media hora o una hora llevaban a los tipos al CAI para que fuera y los denunciara por el porte de armas y el intento de atraco.

Cuando llego a la estación de Policía no estaban ni los delincuentes ni los motorizados, sólo un uniformado identificado con el número 30676 que me dice que no los puedo denunciar porque el atraco no se llevó a cabo. Exaltado le respondo que conozco mis derechos y que como funcionario de la Secretaría de Gobierno del Distrito es mi deber denunciar lo que había pasado. El tipo me dice: ‘Ah, ¿muy bravo? Ahora que llegue el camión te monto a ti’. Yo le respondí indignado: ‘Entonces gánate la lotería’.

Cuando llega el camión los vecinos que me conocen le dicen al policía que la estaban embarrando conmigo, que a mí casi me atracan y que de víctima no podía pasar a sospechoso por denunciar. Él respondía que le importaba un carajo, y a lo que llegó el camión, a punta de empujones me subió. Sabía que estaban violando mis derechos porque hasta el año pasado fui miembro del Comité de Derechos Humanos de la localidad de Puente Aranda. Me puse como carne de cañón. Pero si hubiera sabido lo que iba a vivir allí no lo habría hecho y hubiera entregado mis cosas a los vecinos. Yo soy harlista, tengo chaqueta, canguro, correa, guantes y gafas marca Harley Davidson. Y todos los domingos me visto así.

Durante el recorrido comienzan a pasearme por todos los CAI de la localidad de Santa Fe. En el camión se monta de todo: habitantes de calle, infractores, borrachos y sospechosos. A todo el que iba subiendo lo atracaban tres sujetos, entre los que estaban los dos que intentaron robarme. Más de 40 personas que se subieron al camión fueron asaltadas. A mí me quitaron un celular y $250.000. Cada vez que pasábamos por un CAI le decía al uniformado que abría y cerraba la puerta del camión que me dejara hablar con el comandante, que nos estaban robando, pero la respuesta eran golpes y golpes.

Los tipos que nos robaron me señalaban y me decían: ‘Allá adentro me las paga’. Se referían a cuando llegáramos a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) de Puente Aranda. Fue terrible. Ahí la que mandaba era la delincuencia. Asustado, mientras estaba en el camión logré comunicarme con mi casa con el segundo celular, que no me robaron. Uno que camuflé. Hasta llamé a una amiga que es procuradora de familia, Yaneth Suárez Caballero. También le conté a un hijo mío que es abogado en Barranquilla y le di las placas de los agentes y del móvil en el que me conducían. Igual, ninguno de ellos pudo hacer mayor cosa.

Dentro del camión, durante esas siete horas —entre las 6:30 p.m. y la 1:30 a.m. del 24 de diciembre— viví un atraco colectivo con complicidad de unos policías. Eso lo denuncié ya a la Fiscalía. Allí no se cumplen los procedimientos policiales, a nadie requisan, o por lo menos no a estos tipos que atracaron a más de 40 personas. Esto es inaudito. Es como un paseo millonario. Y no es la primera vez que ocurre. Hay denuncias sobre denuncias de que eso pasa durante el recorrido siniestro y macabro mientras usted llega a la UPJ de Puente Aranda.

Una vez allí le informé a un policía lo ocurrido, que nos habían atracado en el camión. Otras de las víctimas también corroboran mi denuncia, pero no me dejan escribir ni dejar constancia en la minuta de lo que pasó. Terrible. Lo que sigue es el primer paso de la humillación. Cuando lo reseñan a uno lo desnudan y le quitan los cordones. Después te dicen que no puedes entrar con ciertos objetos: USB, gafas, celulares, esferos, y solamente te dejan ingresar el chip del celular, pero no te dan acta de decomiso ni permiten el uso de locker. Apenas reclamo, un policía en una bata me empieza a pegar puños en la cara y con el bolillo. Él es el que me roba mis cosas: las gafas, el cinturón y todas las cosas de Harley Davidson.

Lo que ocurre en las UPJ es inhumano. No podía creer lo que me estaba pasando. Lo peor estaba por pasar. En esas UPJ se vende y se consume droga. Yo ya conocía la UPJ de Puente Aranda. Había ido en calidad de funcionario para velar por los derechos humanos. Ahora estaba como sospechoso, ¡por denunciar! Increíble. Cuando finaliza el proceso de identificación allí y cuando nos iban a llevar a los pabellones me resisto porque sabía que si entraba al mismo lugar con mis atracadores, a quienes denuncié una y otra vez, mi vida podía correr peligro. Habría sido una calamidad.

Entonces me aferro a una reja y comienzan los policías a darme bolillo. Yo les decía que no y les explicaba. Ellos insistían, bolillo en mano, ‘para arriba, para arriba’. Hasta que por fin aparece una mujer policía y me pregunta qué me pasa. Ella decide abrir un calabozo del primer piso y hasta las 2:30 a.m. me quedo ahí solo. Luego comienzan a llenar mi pabellón con más de 250 personas, la máxima capacidad permitida, y es cuando empiezo a ver de todo: droga por todas partes. Y la policía no hace nada.

Lo más inhumano es cuando se empieza a llenar y uno les pide a los policías un baño. ‘Necesito dar del cuerpo’, les digo y su respuesta no se me olvida: ‘Hágalo como quiera’. Entonces les digo: ‘Pero estas unidades sanitarias que están ahí son para el servicio de uno’. Sólo hasta la mañana siguiente le permiten a uno hacer uso del baño, lo cual es violatorio de los derechos humanos. Al final de la noche ese pabellón estaba lleno de mierda y orines. Imagínese el olor que había. Es la infamia más grande que puede pasar un ser humano. Lo peor es que ahí adentro comienzan unas lealtades al estilo Al Capone.

Si usted quiere dormir un rato le dicen que lo cuidan, pero por plata. Aparece como un capo en el pabellón al que toca darle plata. Si quieres consumir droga, lo puedes hacer sin problema. La gente paga $1.000, $2.000, $5.000, hasta $10.000, por un ‘pase’. Es el comercio más asqueroso que hay allí en ese momento. Y sobre las 6 de la mañana, uno ya con ganas de salir, le empiezan a decir que a las 7, que a las 8, que a las 9, y la gente ya muerta del hambre cae en otra trampa: allá le venden a usted un tinto con un pedacito de pan y de salchichón por $5.000. Una actividad que tampoco es legal y que también la denuncié.

Finalmente a las 11:30 de la mañana del 24 de diciembre nos dieron salida. Empieza uno a hacer fila y sale como ganado. Se firma un libro y luego la odisea es para recuperar las pertenencias cuando ni siquiera me hicieron un acta de las cosas que me quitaron. Cuando reclamé mis cosas nada más encontré un celular. Por eso los denuncio por hurto. De inmediato le comenté a un sargento del robo. Me identifiqué como funcionario público, pero ellos son ciegos porque es la ley del bolillo, las patadas, los puños y la vulgaridad. El uniformado me dijo que me fuera para mi casa y que al día siguiente fuera al mismo CAI del Centro donde me montaron al camión para denunciar. Yo de pendejo fui el 25 de diciembre.

Y entonces me ponen a dar vueltas: que fuera a Medicina Legal, luego que a Paloquemao, después que a una URI en Puente Aranda. Ahí un señor de la Fiscalía me dijo: ‘A usted le están tomando del pelo para que se le pasen todas las secuelas que tiene de golpes en su cuerpo. Vaya a su EPS’. Le agradecí. Arranqué para Colsánitas y de inmediato me dieron incapacidad porque no podía ni caminar. También me remitieron de nuevo a Medicina Legal y allí un médico legista determinó que la incapacidad debía ser por 12 días.

Es que me golpearon en la cara, costillas, manos, piernas. Jamás me había pasado algo como esto en mis 52 años de vida. Por eso no dudo en denunciarlo. Yo soy licenciado en ciencias sociales, politólogo con una maestría en administración pública y he trabajado en la Personería, la Contraloría y la Secretaría de Gobierno de Bogotá. He sido jefe de servicios generales, jefe de presupuestos de la Contraloría Distrital, jefe de recursos humanos. Ahora me desempeño como profesional especializado en el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal, Idpac, que maneja todo lo que tiene que ver con las Juntas de Acción Comunal.

Tengo tres hijos: uno abogado, una psicóloga y una médica. Mi familia estaba asustada en un principio cuando les dije que iba a denunciar lo que me pasó. Les hice entender que como funcionario del gobierno distrital era mi obligación hacerle saber a las autoridades de estos abusos, de lo ocurrido con el camión, de lo que vi en la UPJ, de cómo los más mínimos derechos humanos no se me respetaron y, al parecer, no se respetan en estas unidades. En todo este calvario, los golpes, los bolillos, el maltrato, vi casos de corrupción, nepotismo, abuso de autoridad, negación de la justicia, incumplimiento de la sentencia constitucional del debido proceso, consumo y venta de estupefacientes y microtráfico de drogas.

Les digo más. No voy a claudicar en mi denuncia. Estos señores deben responder por sus acciones. La Procuraduría y la Fiscalía deberán evaluar lo ocurrido. Tengo las placas de tres de los policías que me agredieron. Pero en total fueron seis. Tengo todas las pruebas que acreditan estos abusos. El informe de mi EPS, la incapacidad de Medicina Legal, el registro de las llamadas en donde informaba lo que me estaba pasando en el camión, en fin. Además, como servidor del Distrito conozco mis derechos. Es absurdo que yo que voy a judicializar a unos delincuentes que por poco me atracan termine después atracado en el camión de estacas de la Policía. Y que, además, no me hayan dejado denunciar esto en el CAI ni en la UPJ ni en ninguna parte.

Voy a ir hasta las últimas consecuencias. Estoy esperando a que regrese el alcalde Petro, a quien conozco, para entregarle una carta con todos los detalles de lo que me ocurrió. También le mandaré esta denuncia al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Luis Eduardo Martínez; al secretario anticorrupción; al Defensor del Pueblo; al Ministerio Público. Esto que me pasó no le puede pasar a la gente que por confiar en las autoridades, por acudir a la denuncia de unos delincuentes, termine tratada como el peor de los bandidos. Esto no puede pasar”.

En Twitter @jdlaverde9 y @SantsMartinez