"Testigo falso" en caso Colmenares se declaró inocente

Foto: Tomada de KienyKe

Jesús Alberto Martínez y Andrés Martínez Ortiz, supuestos falsos testigos en el caso Colmenares.

Ante el juez 26 de garantías, Jesús Alberto Martínez Durán no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía General en el proceso que se le adelanta por presuntamente haber faltado a la verdad en las investigaciones que se adelantan por el llamado caso Colmenares.

El hombre se declaró inocente de los delitos de falso testimonio, fraude procesal y fraude a subvención imputados por la Fiscalía General en la audiencia celebrada este jueves, después de que fuera capturado en la ciudad de Bucaramanga.

Igualmente fue claro en indicar ante las preguntas del juez de garantías que no se encuentra amenazado en estos momentos, y que al momento de tomar su decisión no estaba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

En la imputación de cargos el fiscal quinto de la unidad de testigos falsos fue claro en señalar que el testigo Jesús Alberto Martínez Durán faltó a la verdad en las repetidas oportunidades en que presentó declaraciones sobre el conocimiento que tuvo de los hechos que rodearon la extraña muerte del joven Luis Andrés Colmenares registrada el 31 de octubre.

Para la Fiscalía Martínez Durán actuó con dolo, puesto que en diferentes oportunidades afirmó hechos que no estaban relacionados con la verdad, afectando así a personas inocentes que fueron acusadas de participar en hechos que posiblemente nunca existieron.

“No se sabe con qué finalidad hizo esto; implicó a personas inocentes a sabiendas de que no tenía una base para soportar su dicho”, precisó el fiscal, al indicar que con estas mentiras se aprovechó de los beneficios del Estado, que mediante sus organismos encargados le entregó protección para él y su familia.

La gravedad de este caso está relacionada con que en diferentes entrevistas y en declaraciones juramentadas el testigo cambio considerablemente su versión de los hechos que afectaron el curso de la investigación e impidiendo un claro accionar de la justicia.

“Ha faltado a la verdad al manifestar que estuvo en un lugar que probablemente no se encotraba y en situaciones que probablemente no presenció, con el fin de inculpar a ciertas personas e incurrir en error a la persona que estaba adelantando la investigación con sus falsas manifestaciones contrarias a la ley”, precisó el fiscal en su intervención.

En este sentido fue claro en señalar que en sus primeras intervenciones dio una descripción detallada tanto de las personas que estaban en el lugar de los hechos, así como la camioneta en la que presuntamente fue subido Luis Andrés Colmenares luego de que Carlos Cárdenas lo golpeara con una botella.

“Hace relación con la situación. Dice que uno de los sujetos estaba disfrazado de esqueleto; sin embargo luego cambia su versión y dice que era de bebé”, indicó el representante de la Fiscalía General al señalar que tanto en sus entrevistas y declaraciones juramentadas el testigo cambio considerablemente los hechos, la descripción de las personas y el motivo por el que se encontraba en el lugar.

“Los hechos no se ajustan a las características dadas por usted. El color no corresponder al que usted dijo. Dice que tomo dos fotografías a la camioneta pero luego dijo que se le perdió, pero antes había asegurado que una de las personas a las que le había entregado la memoria USB había sido asesinado”, precisó.

En la imputación de cargos, el fiscal del caso indicó que pese a que en dos oportunidades aseguró que había tomado dos fotografías de la camioneta en la que presuntamente se llevaron a Colmenares Escobar casi moribundo, después aseguró que se las había entregado a un hombre conocida con el sobrenombre de ‘Arturo’ quien murió en extraños hechos y que no tenía más copias ni registros de la camioneta.

Sin embargo luego señaló que tenía otra copia de las fotos, sin embargo le pidió a la Fiscalía un plazo de dos semanas para entregar dicha información. Curiosamente para el día de la fecha presentó una denuncia por amenazas en su contra y según contó “le fue extraída una memoria USB y Micro SD donde estaban las fotos con la amenaza de atentar contra su vida y la de su familia”.

Igualmente luego aseguró tener escrito el nombre de las placas de la camioneta en una agenda, sin embargo se pudo comprobar que el vehículo de placas BOW 358 no correspondían a las características y detalles contados por Martínez Durán en sus declaraciones juramentadas.

Además, después de entrevistar al dueño de dicho vehículo este advirtió que para el día de los hechos su camioneta se encontraba en el parqueadero de su apartamento, lo que permitió evidenciar ciertas incongruencias en sus testimonios.

Además indicó que en una audiencia de búsqueda selectiva de datos se pudo comprobar que el día de los hechos la línea certificada de Martínez Durán emitió señales desde el sector de Quinta Paredes “y no en el lugar que había dicho en el que se encontraba” en la madrugada del 31 de octubre de 2010 por lo que se considera que no fueron pocas las veces en que presentó testimonios que no correspondían con la verdad.

Al inicio de la audiencia, la fiscalía indicó que el abogado Alfonso Palomino Martínez, quien se presentó como abogado de Martínez Durán en la diligencia judicial de este jueves, fue una de las primeras personas en conocer la versión del sindicado, por lo que no se descarta que en un futuro no muy lejano sea tenido en cuenta como testigo de la defensa.

Las víctimas

En el marco de la audiencia, la abogada Aidé Acevedo, también procesada penal y disciplinariamente por el llamado caso Colmenares, se presentó como víctima en el proceso que se adelanta contra Jesús Alberto Martínez Durán a quien indicó de hacer acusaciones en contra de su integridad familiar.

La jurista indicó que debido a estas declaraciones la Fiscalía le abrió dos procesos en su contra por homicidio y por tentativa de homicidio, al señalar que Acevedo fungió como intermediaria para la entrega de unas supuestas fotos para un grupo de personas que posteriormente fueron asesinadas en confusos hechos registrados en el sector de Patio Bonito en el sur de Bogotá.

“El señor Martínez le infirmó a la Fiscalía bajo la gravedad de juramento especializada que la suscrita compró unos elementos materiales de prueba por un valor de 50 millones de pesos y que yo había pedido atentar contra la vida del fiscal 11 de vida, Antonio Luis González y que además le cause la muerte a cuatro personas con el fin de encubrir la investigación de los hechos que rodearon la muerte de Luis Andrés Colmenares”, indicó.

Después de una corta deliberación, el juez de garantías avaló la presentación de la jurista como víctima al considerar que las acusaciones hechas por el testigo y las cuales fueron registradas por la Fiscalía General afectaron su integridad personal y moral puesto que fue señalada de participar en un asesinato.

Mientras tanto el juez rechazó la presentación de Laura Moreno como víctima en este proceso puesto que el abogado que la iba a representar no presentó en su totalidad los documentos exigidos por la ley, por lo cual no se permitió ni siquiera su presentación en el marco de la audiencia pública.

“Qué pena, así no lo puedo dejar actuar porque la ley dice que el documento de identidad es obligatorio para adelantar estas representaciones”, señaló el juez.

Por su parte en la audiencia celebrada en el caso de Jonathan Martínez, el juez 26 de garantías aceptó como víctimas a Carlos Cárdenas, Jessy Quintero y Daniel Giraldo, quienes resultaron afectados por las declaraciones hechas por el testigo quien aseguró que estas tres personas participaron en la supuesta golpiza.

El exfiscal Mario Iguarán, quien defiende los intereses del joven señaló que su defendido es "víctima porque el supuesto falso testimonio de la persona capturada, le causó un daño material y moral a mi defendido".

En dicha audiencia el juez de garantías legalizó la captura del Martínez, al considerar que no se presentó ninguna irregularidad en su detención registrada en la mañana del pasado miércoles en la ciudad de Pereira, donde se encontraba vigilado por el programa de protección y testigos de la Fiscalía.