Camilo Bula, ¿la pieza clave?

Carlos Albornoz, exdirector de la DNE; Camilo Bula, exagente liquidador y Ómar Figueroa, exdirector de la entidad. / Archivo

Con la detención del exagente liquidador de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), Camilo Bula, dispuesta esta semana por un juez de garantías, cobró definitivamente forma el proceso judicial por el desfalco a la entidad que desde hace casi tres años permanecía a la espera de decisiones judiciales. Ya se habían proferido similares determinaciones respecto a los exdirectores del organismo Ómar Figueroa y Carlos Albornoz. La expectativa queda centrada ahora alrededor de 12 congresistas indagados preliminarmente por la Corte Suprema de Justicia.

Este escándalo, que comenzó cuando el entonces director de la DNE, Juan Carlos R. Piedrahita, a partir de octubre de 2010 puso en conocimiento de la Fiscalía la sucesión de irregularidades que se venían presentando con bienes incautados a la mafia, ya es una realidad judicial en espera de que la Corte Suprema de Justicia resuelva la situación de una decena de congresistas que, en últimas, serían los beneficiarios de las anomalías. Supuestamente, ellos lograban que se nombrara a personas cercanas como depositarios o administradores de propiedades incautadas.

Sin embargo, la detención de Camilo Bula, según la justicia investigado por la apropiación ilegal de más de $25 mil millones de la DNE, abre un capítulo particular sobre lo que pudo suceder en la entidad. El Espectador contactó una fuente que conoció a fondo los intríngulis del escándalo y detalló cómo fueron los procedimientos de la defraudación. “Camilo Bula venía de la Fiscalía, con gran conocimiento sobre los temas de bienes de narcotraficantes y paramilitares. No trabajaba para los políticos, pero tenía su propio negocio para beneficiarse con bienes de la mafia”.

La jueza que ordenó la detención de Bula observó que el exfiscal cuenta con recursos económicos suficientes para evadir los llamados de la justicia y por eso lo envió a la cárcel La Picota en Bogotá. La fuente consultada, cuyo nombre se reserva por razones de seguridad, recalcó que si bien no puede individualizarse un responsable específico del derrumbe de la DNE, sí se puede afirmar que Camilo Bula fue la pieza clave del escándalo. “Tuvo un alto cargo, se benefició ilegalmente y nunca detuvo los chorros de dinero que fueron a parar a las manos de unos congresistas”.

El testigo de excepción le comentó a este diario que eran varios los mecanismos irregulares en el interior del organismo. Unos funcionarios se encargaban de facilitar los trámites y armar jurídicamente todo para que se beneficiaran los políticos. Otros eran los congresistas mismos que, según él, manejaban sus intereses como feudos y habían adquirido una especie de franquicia en la DNE, y el círculo lo cerraban varios altos directivos que hacían su propio negocio. Lo que trata de dilucidar la justicia es cómo se cruzaron diversos intereses para defraudar a la entidad estatal.

No obstante, el caso Camilo Bula parece ser la pieza central de la investigación judicial. La fuente consultada observó que el sindicado se ufanaba de las influencias que poseía en la Fiscalía y por eso obraba a sus anchas a la hora de decidir quién era depositario de los bienes incautados al narcotráfico. Cuando la Dijín allanó en Barranquilla una de sus empresas, quedó en evidencia que por ejemplo se había quedado manejando las empresas del clan Nasser, literalmente, una mina de oro. De hecho, al parecer movió negocios con personas que tenían antecedentes por narcotráfico.

“Su ostentación económica llegó a ser desafiante. Vivía como un millonario, se movía a sus anchas en la Fiscalía y la Dirección Nacional de Estupefacientes. Según la fuente consultada, su jefe era él mismo y seguramente ni siquiera consultó a su superior, el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz. Hoy está detenido por orden de la jueza 37 de control de garantías, quien observó que era la única forma de que siguiera acudiendo a las audiencias del proceso. La lista de irregularidades pretende establecer de qué manera obró en el descalabro del organismo ideado para combatir la mafia.

El propósito de la justicia es, además, determinar si Camilo Bula o los exdirectores Carlos Albornoz y Ómar Figueroa contribuyeron a la desaparición de bienes del inventario de la entidad, si muchas de las propiedades incautadas a la mafia nunca ingresaron al sistema, si diversos bienes se entregaron ilegalmente a personas o entidades para que se lucraran a costa del patrimonio público, si se alteraron avalúos para beneficiar compradores y, en especial, si obró el clientelismo político y la corrupción para que un puñado de congresistas se sumaran al convite.

Hasta el momento, en lo que respecta a la Corte Suprema de Justicia, la única decisión de fondo en este escándalo ha sido la absolución del congresista Eduardo Enríquez Maya. El alto organismo determinó que no existían pruebas contundentes para imputarle cargos por supuesto tráfico de influencias, pero quedan 12 parlamentarios por aclarar su situación en la Corte, al margen de los procesos que adelantan la Procuraduría y la Contraloría. Desde marzo de 2011 la Fiscalía compulsó copias para que se evalúe la conducta de los parlamentarios señalados.

No obstante, mientras la Corte Suprema de Justicia termina de evaluar si los congresistas usaron influencias para elegir a los depositarios de bienes incautados a los narcotraficantes, las recientes decisiones de la Fiscalía de concretar cargos contra el exdirector de la DNE, Carlos Albornoz, y contra el exagente liquidador y exfiscal de la Unaim, Camilo Bula, constituyen un paso fundamental para esclarecer de qué manera el organismo que fue creado para combatir a la mafia quitándole su poder económico, terminó convertido en un botín de unos pocos.

Los congresistas en espera de definiciones por caso DNE

En marzo de 2011, luego de una compulsa de copias por parte de la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia empezó a investigar a 13 congresistas, que al parecer consiguieron que se nombraran a personas cercanas como depositarios o administradores de bienes incautados a la mafia, desconociendo los propósitos de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

La lista de congresistas fue integrada por los expresidentes del Legislativo Luis Humberto Gómez, Javier Cáceres, Hernán Andrade y Miguel Pinedo. Con ellos se dispuso investigar a Myriam Paredes, Enrique Caballero, Ómar Yepes, Cristóbal Córdoba, Álvaro Ashton, Lucero Cortés, Óscar Bravo y Héctor Ospina.

Asimismo, se ordenó investigar a Eduardo Enríquez Maya, quien fue absuelto el año pasado. La investigación que originó la Fiscalía pretende establecer si hubo pagos de favores burocráticos a la hora de elegir a los depositarios de los bienes de la mafia y si los funcionarios del organismo oficial participaron en esta concesión. Hasta el momento se encuentran procesados los exdirectores de la DNE Ómar Figueroa y Carlos Albornoz, así como el exagente liquidador de esa entidad Camilo Bula.