Un conflicto "gaseoso"

Algunas empresas de gas llegan a cobrar entre $60 mil y $100 mil por la revisión técnica reglamentaria de las instalaciones a gas de los hogares. / Archivo

Hay gente a la que le gusta el capitalismo, pero no el mercado. Sé que sigue habiendo mucha gente que detesta el mercado. Iván Márquez, negociador de las Farc, lo llamó “asesino metafísico”. No sé cómo llamen al mercado el ministro de Minas y Energía, el superintendente de Industria y Comercio y las distribuidoras de gas, pero lo cierto es que parecen detestarlo tanto como esa guerrilla. Posiblemente lo suyo sea un caso de capitalismo sin mercado.

Al menos en teoría, la competencia en el mercado beneficia a los consumidores puesto que pueden obtener precios más bajos. Además, beneficia a los países, porque la competencia brinda incentivos para que las empresas sean más eficaces. Hay suficiente evidencia de que, en contextos de instituciones fuertes, el mercado contribuye a generar un mayor bienestar material de la población.

Basados en esta premisa, a comienzos de la década de 1990 tuvimos un “revolcón” institucional que incluyó el área de los servicios públicos. El modelo de un único prestador público dio paso al de la competencia con operadores privados. Este aspecto está en el centro de la controversia en relación con el tema de la recolección de las basuras en Bogotá y lo está también con otra controversia menos publicitada: la de las revisiones reglamentarias a las instalaciones de gas.

Una ley de 1994 nos dio a los consumidores el derecho de escoger al operador del cual quisiéramos obtener un servicio. Sin embargo, en 1995, mediante una reglamentación ilegal expedida por la Comisión de Energía y Gas, las distribuidoras de gas obtuvieron la facultad de ser ellas las únicas que podían hacer las revisiones reglamentarias a las instalaciones de los consumidores. Esta situación es la que los economistas llaman captura de rentas, una especie de captura legal del Estado: mediante una reglamentación que restringe el mercado y sin hacer nada productivo, las distribuidoras de gas han logrado apropiarse de recursos que les pertenecen a los consumidores.

En efecto, en el mercado podríamos encontrar a un operador que hiciera la revisión reglamentaria por la suma de $15.000. Amparadas en la inoperancia de los órganos de control, empresas como Gas Natural han excluido toda posibilidad de competencia y, en gracia de esa exclusión, nos cobran a los consumidores $60.000 cuando se trata de residencias y $100.000 cuando se trata de locales comerciales.

Hagamos un cálculo por lo bajo. En 2009 Gas Natural programó 571.000 visitas. Digamos que todas fueron a unidades residenciales. Al apropiarse de $45.000 por cada visita, gracias a las restricciones impuestas a la libertad de competencia, Gas Natural se pudo embolsillar la bicoca de $25.650 millones.

No nos debe quedar ninguna duda de que aquí hay violación al régimen de libertad de competencia. Fruto de una acción popular instaurada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Comisión de Regulación de Energía y Gas tuvo que expedir en julio de 2012 una resolución que nos devolvió a los consumidores el derecho a escoger el operador que haga las revisiones a las instalaciones de gas. Pero impuso una talanquera: estableció que el asunto debería ser objeto de una regulación del Ministerio de Minas y Energías, que ya se ha demorado más de seis meses para expedirla.

Aquí no para la cosa. A pesar de que el punto de vista de las distribuidoras de gas fue derrotado dos veces ante el Poder Judicial, ante la Superintendencia de Industria y Comercio ha salido ganando. En una reciente decisión, el superintendente afirma que Gas Natural no violó el régimen de libertad de empresa y libertad de competencia al monopolizar la realización de las revisiones reglamentarias. Es decir, con una decisión, posiblemente ilegal por violar el debido proceso, la Superintendencia quiere borrar o al menos enredar lo que hizo el Tribunal de Cundinamarca.

Este caso merece toda la atención de la opinión. En primer lugar, el abogado de las distribuidoras de gas fue el antiguo delegado para la Promoción de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, Emilio José Archila. Aquí tenemos un fenómeno al que en los Estados Unidos se llama “la puerta giratoria”: una persona dedicada a la vigilancia de una actividad se va a trabajar con las empresas vigiladas. En segundo lugar, la voz de los pequeños empresarios y consumidores no fue escuchada. Nos sacaron de taquito con el argumento de que no habíamos probado el interés que teníamos en esa investigación.

Por sobre todo, la doble moral de la Superintendencia ha quedado al descubierto: supremamente diligente en el caso de las basuras de Bogotá, pero laxa y lenta en el caso de la acusación hecha contra las distribuidoras de gas. En el caso de las basuras hay mucha tela para cortar: el superintendente es de la cuerda del ministro Vargas Lleras y éste es, como él mismo lo dijo a la revista Dinero, amigo del señor Alberto Ríos, uno de los afectados por la decisión del alcalde Petro. No tengo claro qué conexiones haya entre las distribuidoras de gas, la Superintendencia de Industria y Comercio y el Ministerio de Minas y Energía, pero voy a pedir a la Procuraduría una investigación sobre el asunto porque esto huele a colusión.