Palacio de Justicia: Una defensa que olvida la historia

En el holocausto del Palacio de Justicia murieron más de un centenar de personas. /Archivo

Si el alegato de defensa del Estado que se presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso del Palacio de Justicia hubiera sido formalizado en los años 80, con demasiadas dudas tendría cierta lógica jurídica. Pero que corresponda a un documento radicado en 2012 —27 años después del Holocausto—, desconociendo o escasamente enunciando los aportes de la justicia durante cerca de tres décadas, es casi un despropósito. Sobre todo, respecto al reconocimiento de las desapariciones en noviembre de 1985.

Al margen de la controversia suscitada ayer, al conocerse la postura del defensor de la Nación en este pleito, Rafael Nieto Loaiza, en el sentido de que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia sino que las once personas de cuya suerte no volvió a saberse murieron en manos del M-19, la lectura de su documento de 346 páginas parece más la defensa de los militares hoy procesados que una argumentación en favor de la Nación. En principio, porque desconoce que desde hace 20 años la justicia admitió que sí hubo desaparecidos.

En concreto, desde 1993 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y un año después el Consejo de Estado, produjeron al menos diez sentencias similares en las que el Estado fue condenado por las graves omisiones que generaron la desaparición de personas en el Palacio de Justicia. Si bien en su alegato Nieto Loaiza refiere los casos que dieron lugar a reparación directa, omite totalmente las consideraciones de estos tribunales y, por el contrario, privilegia las conclusiones de los militares respecto al desenlace de la recuperación del Palacio.

Por ejemplo, el documento de Nieto expresa que el plan de defensa del Palacio y de sus magistrados causó incluso felicitaciones a la Policía, pero que fueron algunos magistrados los que rechazaron la escolta. Además, agrega que el plan de ataque a la sede máxima de la justicia se iba a concretar el 17 de octubre de 1985, día de la visita del entonces presidente de Francia, Francois Mitterrand. Lo que está probado es muy distinto. Los magistrados pidieron seguridad, pero ésta se mantuvo sólo hasta la visita del mandatario francés.

Es más, 19 días antes del ataque, en cuatro periódicos de circulación nacional —El Tiempo, El Siglo, El Bogotano y el Diario 5 PM— se divulgó ampliamente la noticia de la inminente toma. En su momento, el Consejo de Estado concluyó que “ni la Policía, ni el DAS, ni el Ejército prestaron custodia alguna para el día de la toma del Palacio, a pesar de que se trataba de una toma anunciada”. Este alto tribunal, en una de sus sentencias de reconocimiento de los desaparecidos, resaltó que fue en extremo “negligente, imprevisiva y culposa” la actitud de las autoridades en ese caso.

El alegato del Estado ante la Cidh deja entrever que, en buena medida, la duda sobre las desapariciones se originó porque no se pudieron identificar algunos cuerpos debido a su alto grado de calcinación y porque era un tema muy complejo. La verdad judicial es que el Consejo de Estado dedujo que el levantamiento de los cadáveres, “más con sabor castrense que jurisdiccional”, fue adelantado con un absoluto desconocimiento de las más elementales normas de la investigación penal, y con procedimientos “arbitrarios e ilegítimos”.

En vez de acudir a los documentos judiciales, el reporte del Estado ante la CIDH apela a dudosas pruebas y una que otra especulación. Cita los libros del confeso narcoterrorista Popeye y de la exdiva de la televisión Virginia Vallejo para argumentar nexos del M-19 con el narcotráfico; asegura que al jefe guerrillero Iván Marino Ospina lo dieron de baja en una casa del narcotraficante José Santacruz y hasta sostiene que al periodista Guillermo Cano lo asesinaron en represalia por haber escrito acusando al narcotráfico del asalto al Palacio de Justicia.

Que se sepa, todas estas afirmaciones o comentarios están por probarse. Al menos en El Espectador está claro que a su director no lo asesinaron por lo que arguye Nieto Loaiza. En cambio, las sentencias del Consejo de Estado o los avances investigativos de la Fiscalía y los jueces ya han esclarecido mucho de lo que sucedió. Aun así, en cuanto al análisis pormenorizado de cada una de las once personas denunciadas como desaparecidas, los comentarios son sorprendentes. Ni siquiera se admite un caso probado: la desaparición de Irma Franco.

Incluso, en medio de la polémica por los términos del alegato del Estado ante la CIDH, el abogado defensor del coronel (r) Alfonso Plazas Vega, el penalista Jaime Granados, aceptó la desaparición de la guerrillera Irma Franco, eso sí, haciendo énfasis en que su defendido nada tuvo que ver con el caso. El litigante Nieto Loaiza no admite ninguno. La Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema de Justicia, también fuertemente cuestionada por Nieto, concluyó, sin lugar a dudas, que sí hubo personas desaparecidas en el Holocausto del Palacio.

Nieto Loaiza insiste en hechos no probados. Por ejemplo, que el administrador de la cafetería, Carlos Augusto Rodríguez, murió en el Palacio de Justicia y que su detención fue invento de un testigo falso llamado Ricardo Gámez. No agrega, en cambio, que otros testigos han afirmado también bajo la gravedad del juramento que lo vieron con vida saliendo del Palacio. En cuanto a la desaparecida Cristina del Pilar Guarín, el alegato se dedica más a descalificar a su hermano René, por haber pertenecido al M-19, que a demostrar qué fue lo que sucedió con ella.

A pesar de que ya existe una investigación aparte por la presunta ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, donde se indaga la responsabilidad de tres generales en retiro, el documento ante la CIDH la descalifica de antemano. La Comisión de la Verdad halló al respecto que lo que se probó en la necropsia es que el jurista murió por un tiro de gracia. El alegato dice que los testigos que lo reconocieron en un video saliendo del Palacio cojeando, están equivocados. Entre ellos, la propia esposa de Urán, Ana María Bidegaín. Sobre este tema, la justicia penal aún recauda pruebas.

Otra conclusión debatible es la de rechazar que la CIDH establezca responsabilidades en las torturas y tratos degradantes a los que fueron sometidos, entre otros, los entonces estudiantes de la Universidad Externado Eduardo Matson y Yolanda Santodomingo, quienes accidentalmente se encontraban en el Palacio en el momento del ataque. Nieto se limitó a citar al general Jesús Armando Arias Cabrales diciendo que sí hubo detenidos para indagar en la Casa del Florero, pero que el caso se solucionó “sin novedad alguna”.

La historia judicial, al menos la que documentaron los magistrados del Tribunal de Cundinamarca y el Consejo de Estado, refiere que los solos testimonios de Matson y Santodomingo “enseñan suficientemente cuál fue el ignominioso tratamiento que los militares les dieron luego de salir de la cafetería del Palacio, so pretexto de investigar lo sucedido”. En otras palabras, señala la sentencia del caso José Guarín contra la Nación, “primó la simple voluntad de anónimos funcionarios civiles o militares para decidir la suerte de las personas retenidas”.

El reporte de Nieto admite que hay investigaciones pendientes y describe el estado de los procesos y los militares que son investigados. También referencia los casos de reparación directa tramitados en los últimos años. Descalifica a los principales testigos y, sobre todo, cuestiona la validez de la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema. A este organismo lo califica como un cuerpo parcializado, sin metodología, que no contribuye a la memoria e interesado en acreditar a la Corte Suprema como víctima.

“Yo admiro al doctor Nieto, pero no entiendo por qué él rechaza la Comisión por estar conformada por tres expresidentes de la Corte Suprema que ni siquiera pertenecían a ella ya, y sí da credibilidad al Tribunal Especial de Instrucción, integrado por un exprocurador y un abogado particular”, resaltó Jorge Aníbal Gómez, exmiembro de la Comisión de la Verdad. “Además, ese Tribunal era bastante cuestionable también, porque lo creó el mismo Gobierno cuya responsabilidad en lo del Palacio de Justicia estaba por probarse, y era ad hoc, es decir, no podía sancionar a nadie”, refutó el abogado de víctimas del Palacio, Jorge Molano.

Como ha sucedido durante los últimos 27 años en Colombia, el tema del Palacio de Justicia volvió ayer a encender el debate nacional. Pero, una vez más, quedó en evidencia que la investigación por los casos de los desaparecidos sigue polarizado entre quienes creen que se trata de un juicio a las Fuerzas Militares y no a unos cuantos agentes del Estado que al parecer extralimitaron su deber. Al menos como para contentillo de la historia, hoy en el Palacio Liévano —sede de la Alcaldía de Bogotá— puede leerse una placa donde se admite que finalizada la toma en 1985, desaparecieron once personas.