"Militares me objetaron porque yo quería que la Nación aceptara responsabilidades"

El abogado Jorge Ibañez teme por su seguridad pero dice que debe defender su honor. / David Campuzano

Jorge Enrique Ibáñez, especialista en derecho internacional, era el candidato de todos menos del sector castrense para defender al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En entrevista con este diario, aseguró que su estrategia de aceptar responsabilidades por varios hechos del Palacio de Justicia fue vetada por militares activos y en retiro. Particularmente, por aquellos procesados por los desaparecidos, como el coronel (r) Alfonso Plazas Vega. Sostiene que, por respeto a las víctimas, no se puede negar que algunas personas desaparecieron tras la toma y recuperación del Palacio de Justicia.

¿Qué piensa de la tesis de Rafael Nieto Loaiza de que no hay desaparecidos de los hechos del Palacio de Justicia?

Hay una verdad incontrastable: que unas personas desaparecieron entre el 6 y 7 de noviembre de 1985 en los hechos del Palacio de Justicia. Lo que había que mirar era cuál debía ser la postura del Estado frente a cada caso. Por ejemplo, es innegable que la guerrillera Irma Franco salió viva, llegó a la Casa del Florero y desapareció en manos del Estado, incluso algunos militares lo reconocen. Es cierto que en el tema de los desaparecidos hay decisiones judiciales no unificadas sobre cuántos hay, pero también es un hecho cierto que había que investigar sobre su paradero y eso no ha cambiado.

¿Cuándo comenzó usted a trabajar en este proceso?

Entre 2008 y 2009 fui asesor de la Cancillería para representar al Estado ante la Comisión Interamericana y me pagaron $105 millones. Me pidieron que presentara un análisis de contexto de los hechos y así lo hice en audiencia pública el 22 de marzo de 2010.

¿Qué dijo en esa audiencia?

Acepté que Colombia sí había incumplido su obligación de investigar, procesar y juzgar las violaciones de derechos humanos en un plazo razonable, que para el sistema interamericano es de unos ocho años. Pero señalé que, dada la complejidad del caso, Colombia sí había adelantado distintas investigaciones, sobre todo a partir de 1991.

¿Cuál era su objetivo?

Que el caso no pasara de la Comisión a la Corte. Para lograrlo, sugerí aceptar responsabilidad por algunos hechos, pero la propuesta no fue acogida por el Ministerio de Defensa.

¿Por cuáles hechos?

Había más de 45 sentencias del Consejo de Estado con relación a civiles y servidores públicos en las que se condenó a la Nación y ésta fue obligada a reparar a las víctimas. Mi plan era hacer valer esas decisiones de la justicia para demostrar que el Estado sí había actuado.

¿Por qué cree que Rafael Nieto Loaiza no tuvo en cuenta esos fallos?

Él tenía la autonomía profesional para establecer la estrategia de defensa que mejor le pareciera. Hasta donde tengo entendido, lo hizo con base en los lineamientos del Ministerio de Defensa.

¿O sea que el Ministerio de Defensa tuvo que ver con su retiro del caso?

El 2 de noviembre del año pasado tuve una reunión con toda la cúpula militar para exponerles mi estrategia. El ministro de Defensa (Juan Carlos Pinzón) me apoyó para que yo fuera el agente del Estado; también me apoyaban la Cancillería, el Ministerio del Interior y la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación. Pero el comandante de las Fuerzas Militares, general (Alejandro) Navas, me dijo que había objeciones serias contra mi nombre por parte de militares activos y retirados. Ellos querían que los representara el doctor Rafael Nieto Loaiza.

¿Por qué los militares rechazaban su participación?

Por la posición que mostré en la audiencia ante la Comisión Interamericana en 2010, en la que dije que había personas desaparecidas y que el Estado colombiano debía continuar investigando. Dije además que algunas de esas personas fueron injustamente vinculadas con el M-19, y que había que respetar la verdad y a las víctimas. Esa es la conducta que uno debe asumir en todo proceso y eso fue lo que  no les gustó a determinados sectores.

¿A qué sectores?

Después de un tiempo supe que algunos militares que en 2010 estaban en juicio, como el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, estaban inconformes porque creían que reconocer esas responsabilidades podría tener efecto sobre sus propios procesos. En esa época estaban a punto de tomarse decisiones penales en su caso y en el de otros, pero mi trabajo se enfocaba era en hacer una defensa del Estado y no en defensas particulares de los vinculados.

¿Usted alcanzó a posesionarse como agente del Estado?

No. A finales de febrero de 2012 recibí la invitación de la Cancillería y yo dije que sí. En marzo supe que a pesar de que la Cancillería estaba de acuerdo con mi nombramiento, y de que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado me había seleccionado, había objeción del Ministerio de Defensa. En mayo presenté una propuesta que no se aceptó y la retiré. En junio supe que algunos militares estaban interesados en que el doctor Rafael Nieto asumiera la defensa de los casos de Santo Domingo, ‘Operación Génesis’ y Palacio de Justicia.

¿Pero usted siguió a cargo del caso?

En octubre me volvieron a pedir una propuesta. Condicioné el contrato a que la Cancillería, la Agencia y el Ministerio de Defensa estuvieran de acuerdo con mi estrategia. El 2 de noviembre me reuní con los comandantes de todas las Fuerzas Militares y de la Policía, y el general (Alejandro) Navas me dijo que había objeciones contra mi nombre. Nieto estaba en esa reunión y también objetó mi estrategia de defensa. El ministro de Defensa me pidió que no me retirara y que trabajara conjuntamente con el doctor Nieto, yo dije que no porque él tenía una estrategia distinta.

¿Es verdad que Nieto Loaiza estructuró el documento que envió a la Corte Interamericana con base en su trabajo?

El doctor Nieto hizo un trabajo profesional autónomo. Yo sé que él acogió mi planteamiento de la nulidad pero yo me retiré del caso porque quise ser muy respetuoso y que quien asumiera la defensa del Estado lo hiciera con libertad.

¿Cuál era ese planteamiento de nulidad?

Era la primera vez que un Estado le pedía a la Corte Interamericana declarar la nulidad por violación del debido proceso por varias razones, entre ellas, que el estado colombiano nunca supo sobre qué peticiones debía obrar para establecer su defensa y que la Comisión no dio trámite a una solución amistosa que habían solicitado las víctimas.

Volvamos a la reunión del 2 de noviembre pasado. ¿Cuál fue su respuesta a las objeciones de los militares?

Les dije que mejor buscaran a un agente respaldado por todos los estamentos y así se lo expuse en una carta a la doctora Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa del Estado, enviada el 6 de noviembre de 2012.

Adriana Guillén aseguró que usted había renunciado a última hora por razones personales. ¿Es cierto?

No es cierto. Uno no puede renunciar a un contrato que no ha celebrado y yo no fui contratado para representar al Estado ante la Corte Interamericana porque los militares no me tenían confianza. Pero, además, días después de la reunión con la cúpula militar recibí amenazas de sectores que no querían que yo defendiera al Estado con una estrategia que pudiera comprometer a cualquier parte. Por mi familia no quise poner en peligro mi integridad personal.

¿Quién conoció de esas amenazas?

El Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el presidente de la República, quien me había citado a hablar con su secretario privado el 11 de noviembre para que reconsiderara mi decisión. Pero yo le dije al secretario privado del doctor Santos que no iba a hacerle perder el tiempo: con amenazas y con desconfianza no podía asumir esa defensa.

¿Se siente aún en riesgo?

Esto que estoy diciendo me puede poner en serio peligro, pero tengo que salir públicamente, por mi honor profesional, a explicar cómo sucedieron las cosas.