A punto de definirse demanda a pensiones millonarias

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El debate de forma es por derogar una ley y unos decretos. El debate, de fondo, es mucho más grave: el tema es de equidad. En Colombia, según el Ministerio de Trabajo, ocho de cada diez jubilados reciben mesadas por menos de dos salarios mínimos. Por eso, si la Corte Constitucional toma este jueves 28 de febrero una decisión que trascienda sobre este asunto, el alto tribunal estará haciendo historia.

El encuentro será a las 9:15 a.m. A esa hora citó el presidente (e) de la Corte, Mauricio González Cuervo, a tres de sus colegas y un conjuez –cinco magistrados se declararon impedidos– para discutir en sesión extraordinaria de Sala Plena el delicado y complejo asunto de las pensiones millonarias que devengan congresistas y magistrados de altas cortes. Pensiones que pueden llegar hasta los $29 millones.

¿Debe haber un límite sobre esas pensiones? La respuesta, según los demandantes de las normas, Germán Calderón y Dionisio Araújo, es que sí. Argumentan que las leyes colombianas expedidas después de 2005 han sido claras sobre el fin de este tipo de regímenes especiales. “Esperamos que se tome una decisión en derecho y que los conjueces actúen como magistrados en propiedad”, le dijo a este diario Dionisio Araújo.

“Sería grave para los derechos adquiridos que se abriera esa compuerta. Hoy son las pensiones, mañana es la salud”, ha expresado al respecto el procurador Alejandro Ordóñez. “Nuestra independencia radica también en los sueldos, y si se van a tocar es para aumentarlos, jamás para mermarlos porque eso nos quita la independencia judicial”, sostiene el expresidente de la Corte Suprema, Javier Zapata.

El gobierno Nacional, sin embargo, cree que es urgente que estas pensiones millonarias tengan un límite. De acuerdo con el diario El Tiempo, el borrador de la ponencia del magistrado Jorge Pretelt indicaría que ese tope sería de 25 salarios mínimos. Las pensiones de hoy superan los 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta controversia tiene de fondo una cadena de decisiones judiciales, especialmente de fallos en el Consejo de Estado, que a punta de interpretaciones de la norma terminaron estirándola al punto de que cualquier persona que había pasado por una alta corte o el Congreso, sin que necesariamente cumpliera todos los requisitos, se podía pensionar con estos privilegios.

Según publicó El Espectador en su edición del domingo 25 de noviembre de 2012, el fallo pionero se dio en la Sección Segunda del Consejo de Estado, a raíz de los reclamos de un exmagistrado llamado Javier Díaz Bueno. Con ponencia del hoy procurador Ordóñez a Díaz Bueno le concedieron una pensión tan desajustada que el Ministerio de Hacienda y el Seguro Social apelaron advirtiendo lo evidente: que esa sentencia sería un boquete a las finanzas de la Nación.

Se han visto otros casos, como el que expuso El Tiempo del excongresista Fernando Rueda Franco: estuvo dos meses en el Senado y eso fue suficiente para para que hoy reciba una mesada de $19 millones.

En el debate de la Corte Constitucional han participado el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, el procurador Alejandro Ordóñez, la contralora Sandra Morelli, un representante del Ministerio de Hacienda, el presidente del Fondo de Previsión del Congreso (Fonprecon), el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el presidente del Congreso, Roy Barreras.

Está en manos de cuatro magistrados y un conjuez determinar la suerte de una de las mayores evidencias de inequidad que existen en el país.