Las cartas de Emilio Tapia

La Fiscalía pidió para Tapia una condena de 13 años de prisión domiciliaria.

El ventilador que está prendiendo Emilio Tapia sobre las verdades del carrusel de la contratación en Bogotá apunta a dos frentes: el primero, a documentar las irregularidades y ‘mordidas’ en millonarios contratos que se ejecutaron durante la administración de Samuel Moreno; y el segundo, a detallar aquellos contratos que no pudieron realizarse, pero que tenían el mismo propósito de desangrar las finanzas del Distrito.

Por ejemplo, Tapia estaría dispuesto a destapar irregularidades en la estructuración del proyecto para la continuación de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) de Bogotá, construcción a la que el alcalde Petro se opuso argumentando el perjuicio a los humedales. Sobre otros casos, como compras de lotes aparentemente anómalas de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), posibles alianzas de la firma Aguas de Bogotá en Puerto Rico, contratos para fijar multas de tránsito y parquímetros, entre otros, Tapia le dijo a la Fiscalía que tiene información.

Más allá de lo conocido desde hace unos seis meses sobre la supuesta participación de seis concejales y exconcejales con el carrusel, las 10 horas de interrogatorio que rindió Tapia el pasado lunes constituyen el abanico de nombres y pruebas que esperaba la justicia para multiplicar sus frentes de investigación. En concreto, el excontratista ha manifestado que a través del concejal Jorge Salamanca se desarrolló el proyecto Ciudad Salud, una consultoría con una firma española que previamente había sido escogida para favorecer al cabildante y a la que se le asignó un contrato de $4.600 millones.

De acuerdo con Tapia, ese contrato tuvo la bendición de Diego Muriel, entonces gerente de la ERU, quien habría organizado los términos de referencia y coordinado la calificación para beneficiar la compañía, al parecer recomendada por el concejal. Además, se menciona que esta firma extranjera fue encargada de hacer los estudios de prefactibilidad de un megaproyecto de salud en la capital que tendría un valor de 760 millones de dólares. El objetivo sería entonces amarrar las futuras licitaciones.

Sobre la Secretaría de Integración Social, la Fiscalía revisa la adjudicación de un contrato de alimentos por un valor de $43.750 millones, supuestamente adjudicado a una de las empresas controladas por los hermanos Efraín y Édgar Torrado, el primero senador y el segundo concejal. Tapia ya había señalado que el cuestionado contrato se habría concretado gracias a un convenio que inicialmente se realizó con dos grandes cadenas de supermercados a nivel nacional e internacional a través de Torrado —el concejal— para evadir el proceso licitatorio.

Igualmente se investiga si en el Acueducto se feriaron contrataciones a dedo de hasta $500 millones por obras y consultorías que supuestamente eran asignadas a concejales para evitar su control político en el Concejo. Sobre este punto el excontratista ha mencionado con insistencia el nombre de Andrés Cardona como el puente entre los cabildantes, el entonces gerente del Acueducto Fernando Ulloa y el Palacio Liévano. Cuando el monto del contrato superaba los $500 millones, supuestamente los concejales llevaban las tres firmas que se exigen para licitar, pero decían de una vez a cuál había que entregarle el proyecto.

En el tema del Acueducto ha salido salpicado el concejal Antonio Sanguino. En el de la Secretaría de Movilidad Distrital, Tapia también ha aportado información sobre los contratos de interventoría y mantenimiento vial que se habrían efectuado con la firma del abogado Álvaro Dávila, hoy detenido. De hecho, se indaga si el entonces secretario de Movilidad Fernando Álvarez, quien le prorrogó el contrato de recaudo de Transmilenio a la firma Angelcom, era cuota de Dávila.

De la misma forma, el procesado excontratista ha dicho que la casa de Dávila fue un centro de operaciones alterno del cartel, al que acudían con regularidad el exsenador Iván Moreno, Andrés Cardona, los primos Nule, el contratista Julio Gómez y él mismo. Tapia también habría entregado información sobre la supuesta cuota de Dávila en la Unidad Especial de Servicios Públicos Domiciliarios (Uaesp), Victoria Virviescas, quien en 2009 salió de la entidad en tela de juicio por supuestas irregularidades en la renovación del millonario contrato para la administración del relleno de Doña Juana.

Emilio Tapia también ha venido mencionando en su colaboración informal al concejal Orlando Parada y su cercanía con el abogado Manuel Sánchez, al punto de decir que son casi uno solo y que Sánchez, tal como lo había dicho el representante Germán Olano, participó en la financiación de la campaña a la Alcaldía de Samuel Moreno y habría tenido margen de maniobra en la contratación del Distrito.

Hoy los nombres de los cabildantes y excabildantes Hipólito Moreno, Jorge Ernesto Salamanca, Orlando Parada, José Juan Rodríguez y Andrés Camacho Casado, así como el del exsecretario de Salud Héctor Zambrano, están en capilla para que la Fiscalía tome una decisión sobre si existen evidencias suficientes para imputarles cargos. Sin embargo, son tantos los frentes que se abrieron con el testimonio formal de Tapia, que la justicia tendrá que redoblar sus esfuerzos para judicializar las verdades que aún se desconocen del cartel.