Condenan al Estado por masacre de Caño Jabón

Para el Consejo de Estado fue claro que se hizo caso omiso de las denuncias que presagiaban la incursión de los criminales en ese lugar.

Nadie le impidió a 200 paramilitares que, al mediodía del 4 de mayo de 1998, llegaran a Caño Jabón (Meta), saquearan y quemaran los comercios de esa pequeña población, sacaran de su casa a los pobladores y los reunieran en la plaza principal para escoger a por lo menos 20 de ellos y matarlos. Los torturaron, desmembraron y les prendieron fuego a sus restos. Por ello el Consejo de Estado condenó a la Nación.

Entre los muertos estaba Wilson Bernal, de 31 años de edad, que fue degollado. Sus familiares le pidieron a la justicia que los indemnizara porque a Caño Jabón lo habían dejado solo, a merced de los ‘paras’; porque, a pesar de que se había denunciado en tres ocasiones que allí iba a ocurrir una masacre, el Estado no hizo nada. Al contrario, miembros del Ejército dijeron que los campesinos estaban siendo manipulados por las Farc para que se “inventaran” que una incursión de los ‘paras’ era inminente.

Por eso no hubo quién evitara que éstos llegaran “como Pedro por su casa”, masacraran a 20 personas y generaran miedo suficiente para que los pobladores de Caño Jabón se fueran y lo dejaran convertido en un pueblo fantasma. En fallo del Consejo de Estado del 13 de febrero la justicia les dio la razón.

La corporación estableció que el Ejército no cumplió con su deber. Así lo ratificó el Tribunal Administrativo del Meta, que en 2003 condenó al Estado por “dejar a la ciudadanía en manos de filibusteros y asesinos que han sembrado la muerte, especialmente, en apartadas regiones del país (...). El Estado fue inferior a sus obligaciones, eso permitió que estas personas fueran asesinadas vilmente”.

En el fallo se cuestiona, además, el argumento que presentó el Ministerio de Defensa en el proceso, cuando aseguró que la masacre era responsabilidad de los ‘paras’ y que al Estado no se le podía imponer una carga excesiva al exigirle que permanezca “en todas y cada una de las regiones del país, atendiendo las amenazas que hay contra la población civil”.

El ministerio agregó que “hay que tener en cuenta la situación de guerra que vive el país, la crisis económica, la capacidad de los grupos subversivos, que hacen que el Estado no pueda operar de una manera oportuna para salvaguardar la vida de los colombianos”. El tribunal administrativo de Meta respondió: “No se puede justificar la imposibilidad de los militares para cauterizar tan censurables hechos, como diría Gabriel García Márquez, una masacre anunciada”.

En su revisión del fallo del tribunal, apelado por el Ministerio de Defensa, el Consejo de Estado puso de presente que los días 15 de octubre, 19 de noviembre y 4 de diciembre de 1997 los campesinos de Caño Jabón denunciaron la posibilidad de la masacre. Los militares no les creyeron. Por el contrario, el entonces comandante de la Cuarta División del Ejército, general Humberto Cortés, dijo: “Esta gente está siendo manejada y manipulada por las Farc” y señaló a los campesinos de vínculos con el narcotráfico.

En un informe del Batallón de Infantería Nº 19 se dijo: “Estas personas fueron presionadas por grupos subversivos, enemigos de la institución, que buscan a toda costa dañar la imagen de nuestro Ejército. La narcosubversión, a través de entes de control y ONG, busca cambiar a su conveniencia el dispositivo de las tropas”.

Algo similar expresó el entonces comandante de la Séptima Brigada, general Jaime Uscategui, condenado a 37 años por su participación en la masacre de Mapiripán y quien en un consejo de seguridad comentó que a su comando llegaban “denuncias de la presencia de las Auc en todas partes, lo que obliga (a sus comandos) a enviar tropas, dejando municipios expuestos a la guerrilla”, ante lo cual ya no sabía qué hacer, añadiendo que estaba “cansado de dar contestación a tantos oficios”. El general dijo que militarizaría la zona. Nunca lo hizo.

“Las autoridades consideraron que las denuncias obedecían a una táctica de la guerrilla para distraer a la tropa y generar traslados innecesarios de personal”, explicó el Consejo de Estado. Con este panorama, esa corporación confirmó la responsabilidad del Ministerio de Defensa, del Ejército y del Departamento del Meta, el cual aseguraba que no tenía nada que ver porque, en su criterio, proteger a los ciudadanos era labor de las FF.AA.

Asimismo expresó el Consejo de Estado que llamaba la atención que “los protagonistas de la omisión del Estado en este caso, hubieren sido aquellos por cuyas omisiones se condenó al Estado colombiano por la masacre de Mapiripán —ocurrida 10 meses antes de los hechos— cuya similitud con la masacre de Caño Jabón, permite considerar la existencia de un contexto inadmisible de tolerancia para con la actuación de los grupos mal llamados paramilitares”. Por la masacre de Caño Jabón han sido condenados: Salvatore Mancuso, Humberto Aguilar, alias Drácula, y Elkin Casarrubia, alias El Cura, pero ningún militar hasta el momento.

En Twitter: @juansjimenezh.