Un rompecabezas de carrusel

Emilio Tapia, polémico excontratista del Distrito, y Julio Gómez, quien habría llegado a un preacuerdo con la Fiscalía.

Descifrar las enmarañadas relaciones de poder que se tejieron por cuenta del cartel de la contratación de Bogotá es la misión que la Fiscalía se dispone a ejecutar, con base en la información que ha conseguido en las últimas pesquisas.

La avalancha de información que procesa la Fiscalía por el caso del carrusel de la contratación en Bogotá es tan precisa, pero al tiempo tan extensa, que el grupo de investigadores que pretende unir las piezas del rompecabezas del cartel que cooptó la administración de Samuel Moreno y hasta sus organismos de control tardará varios meses en afinar la enorme cantidad de información que han obtenido en las pesquisas de los últimos meses. Por lo pronto el capítulo del Concejo es el más adelantado.

La Fiscalía rastrea información sobre el reconocido abogado Manuel Sánchez, excónsul de Colombia en Nueva York y prestigioso experto en contratación pública, cuya oficina ha asesorado, entre otros, a la Embajada de Estados Unidos. El motivo: su amistad públicamente reconocida con el concejal Orlando Parada y la presunta financiación de la campaña de Samuel Moreno a la Alcaldía en 2007. De hecho, la justicia rastrea denuncias de que Sánchez fue quien consiguió como inversionista para la campaña al conocido empresario William Vélez, quien a través de la firma Atesa controla la operación de recolección de basuras en algunas zonas de Bogotá.

Supuestamente, Sánchez y Samuel Moreno se conocían desde que el exalcalde era senador y desde entonces se cruzaban negocios, pues Sánchez oficiaba tiempo atrás como lobista en temas de contratación del Distrito y como estructurador de procesos licitatorios. Por eso, en el cuarteto de financiadores de la campaña de Samuel Moreno Rojas figura, al decir de las denuncias, además de Héctor Julio Gómez, Emilio Tapia y Álvaro Dávila, el abogado Manuel Sánchez.
La Fiscalía investiga además si Sánchez tuvo participación en el Acueducto, el Fondo de Vigilancia, la Secretaría de Salud y la Unidad de Mantenimiento Vial. Su conexión con otra pieza del carrusel, Julio Gómez, y con el exsecretario de Salud Héctor Zambrano, igualmente se indaga. En su momento, Germán Olano declaró acerca de este nexo ante la Corte Suprema de Justicia, lo que derivó en una indagación preliminar. Según Olano —condenado ya por el carrusel—, Manuel Sánchez y Julio Gómez le comunicaron a Samuel Moreno su interés de controlar la obra del Hospital de Meissen e incidir en la contratación. El entonces gerente del hospital, Carlos Lizcano, está siendo investigado también.

En el caso del concejal Orlando Parada, la Fiscalía indaga si habría incidido en la adjudicación de un contrato de $240.000 millones para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas en Bogotá y si es verdad que Sánchez hizo presencia en la sala de adjudicación como apoderado de la firma ganadora. Supuestamente el 3% del valor de ese contrato iría para los Moreno Rojas y un 1% para Andrés Cardona, presunto enlace en el Acueducto de Bogotá con el cartel. Otro de los personajes que está en el radar es Federico Gaviria, quien habría resultado estructurando el controvertido contrato de $67.000 millones para las ambulancias del Distrito.

El organismo investigador adelanta, de igual forma, pesquisas para establecer si el exconcejal Hipólito Moreno y el concejal Andrés Camacho tuvieron o no participación activa en el contrato de las ambulancias, adjudicado a dedo. Sobre este proyecto hay denuncias puntuales sobre las supuestas irregularidades que se presentaron. Por ejemplo, que el contratista de los $67.000 millones le entregó un porcentaje del 9% del valor del contrato en comisiones al exsecretario Zambrano. Éste, supuestamente, les habría entregado el 4% a los hermanos Iván y Samuel Moreno y el 5% a quienes facilitaron el proceso de adjudicación.
Hoy, tanto Emilio Tapia como Julio Gómez negocian con la Fiscalía preacuerdos a cambio de información clave. Por eso, los fiscales esperan que ambos les expliquen qué pasó en un sinnúmero de sospechosos contratos que fueron ejecutados. Entre los que aparecen en salmuera figurarían millonarios contratos o adiciones a los mismos por obras en la carrera 7ª o irregularidades en la estructuración del Sistema Integrado de Transporte en lo que tiene que ver con los recaudos. Asimismo, obras en el sector de San Victorino que podrían enredar a funcionarios de la Empresa de Renovación Urbana. Precisamente, el nombre del exdirector de esa entidad Néstor Eugenio Ramírez ha salido a relucir.

Otros proyectos en el Parque Bicentenario, varias licitaciones en el sector salud que aparentemente controlaban algunos concejales, obras del Instituto de Desarrollo Urbano —que entonces gerenciaba la hoy destituida Liliana Pardo— o el plan de Ciudad Salud sobre estudios de prefactibilidad de un gigantesco proyecto de atención, en el que habría participado el concejal Jorge Salamanca, también son objeto de pesquisas. Ayer Julio Gómez habría llegado a un preacuerdo con la Fiscalía para pagar 10 años de prisión a cambio de prender su ventilador. Tapia está a la espera de que el próximo 7 de marzo un juez avale su acuerdo de 13 años de prisión domiciliaria.

Queda claro que el episodio del carrusel de la contratación de Bogotá está lejos de su epílogo. Ayer, justamente, en el juicio del exsenador Iván Moreno Rojas, la exdirectora del IDU Liliana Pardo declaró acerca del hermano de éste, el exalcalde Samuel Moreno: “Todo estuvo en manos del alcalde, él era el único por fuera del IDU que conocía qué contratos se firmaban”, expresó Pardo, quien ha negado cualquier irregularidad de su parte en esos procesos. Asimismo, han negado cualquier acto ilegal Manuel Sánchez y los concejales y exconcejales que están hoy en tela de juicio.