Feria de delaciones del cartel

Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno Rojas.

Entrega de hospitales a dedo a concejales, el manejo clientelista de las alcaldías locales, irregularidades en la Secretaría de Integración Social y en millonarios contratos en el Fondo de Vigilancia y Seguridad, la Secretaría de Salud, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial. Esta sería la bitácora inicial de las confesiones que le prometió a la Fiscalía el detenido excontratista Julio Gómez. Con una novedad: sólo se referirá a las andanzas del cartel en los tiempos de la alcaldía de Luis Eduardo Garzón.

Así quedó establecido luego de que los investigadores de la Fiscalía se percataran de que la información ofrecida por Gómez acerca del carrusel de la contratación en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno ya había sido entregada por Emilio Tapia Aldana con mayor detalle y soportada con documentos. Fue entonces cuando el excontratista tuvo que cambiar su estrategia de defensa. La conclusión para finiquitar un preacuerdo con la justicia para purgar 10 años de prisión a cambio de sus delaciones —que está prácticamente listo— fue que debía dar datos desconocidos del cartel. Gómez lo anticipó sin rodeos: el carrusel venía desde la época de la administración de Lucho Garzón.

El primer filón que va a indagar la Fiscalía con respecto a lo anunciado por Julio Gómez serán los contratos entregados por la administración Garzón para la Fase III de Transmilenio. Por ejemplo, una fuente cercana a la investigación le dijo a este diario que todo el escándalo del carrusel se ha concentrado en el episodio incumplido del grupo Nule para construir el segundo tramo de Transmilenio por la Avenida El Dorado. Sin embargo, el contrato de la Carrera 10ª, que fue adjudicado al empresario Julio Gerlein y a la empresa Odinsa, presenta retrasos de obra y otras irregularidades que pasaron de agache gracias el escándalo Nule.

En esa perspectiva, el nombre del concejal José Juan Rodríguez ha salido a relucir en las pesquisas de la Fiscalía. Varios testigos han aportado información en el sentido de que Liliana Pardo llegó al IDU por su recomendación y es por esto que en los contratos otorgados sobre la construcción de la 26 se indaga si hubo intervención del cabildante Rodríguez. Sobre Liliana Pardo se rastrean varios contratos que adjudicó cuando era gerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, durante el período Garzón. “Lo que Julio sabe es de funcionarios de la época de Lucho, que luego siguieron en ‘vueltas’ con los hermanos Moreno”, le dijo a El Espectador una fuente cercana al expediente.

Para la Fiscalía es muy importante corroborar información en el sentido de que se otorgaron millonarios contratos a través del sector salud y de tres hospitales claves para el cartel: el de Meissen, el de El Tintal y el de Kennedy. “Desde la época de Lucho se les entregó el control a varios concejales de estos centros hospitalarios y los directores fueron recomendados por ellos”, añadió la misma fuente, que insistió en que lo que se viene en las investigaciones del carrusel se concentrará en episodios que hasta ahora empiezan a documentarse de un carrusel que, al parecer, tenía sus cuotas y enlaces en estratégicas entidades del Distrito para manejar políticamente a organismos de control y al propio Concejo.

Otra fuente recordó que todos los contratos de la Fase III de Transmilenio fueron adjudicados en la administración Garzón, y que en la alcaldía de Samuel Moreno sólo se hizo la cesión del contrato por incumplimiento de los Nule en el segundo tramo de la 26, proyecto que finalmente asumió la empresa Conalvías. El contrato que ganaron los Nule en diciembre de 2007 tenía un valor de $315.000 millones, pero con la llegada de Conalvías se terminaron pagando en total $467.000 millones. En diciembre de 2011, el entonces fiscal José Ricardo González acusó al exalcalde Moreno de haberse apropiado de $28.000 millones como consecuencia de la cesión de la 26.

Sin embargo, la responsabilidad de la administración Garzón en el entramado de la Fase III de Transmilenio apenas comienza a dimensionarse. En declaraciones al diario El Tiempo el pasado viernes, el hoy alto consejero para el Diálogo Social y la Movilización Ciudadana simplemente refirió que todas las investigaciones son bienvenidas. La Fiscalía sabe que dos de sus entonces más cercanos colaboradores —Liliana Pardo y Héctor Zambrano— son claves para establecer si, como han anticipado Julio Gómez y Emilio Tapia, el cartel de la contratación tenía sus piñones aceitados desde el mandato de Luis Eduardo Garzón.

El Espectador pudo establecer que el interrogatorio de diez horas en la Fiscalía de Emilio Tapia esta semana se concentró única y exclusivamente en el polémico contrato de $67.000 millones para el manejo de ambulancias en Bogotá del año 2009. Tapia aportó documentos, fechas de las reuniones en las que se cocinó el fraude y el método del cartel para simular transparencia. El excontratista dijo que el cerebro de dicho contrato fue Federico Gaviria, un hombre muy cercano al cuestionado exconcejal Hipólito Moreno, quien según Tapia estructuró los pliegos a su medida para ganarse la licitación a través de la Unión Temporal Transporte Ambulatorio.

Entre las particularidades de este contrato, que enreda al exsecretario Héctor Zambrano, Tapia reveló que Federico Gaviria buscó a dos empresas dedicadas 100% a la construcción y una tercera empresa que apenas conocía el negocio de la salud. Está claro para la Fiscalía que la unión temporal no cumplía los requisitos para haber recibido el contrato y por eso Gaviria ya fue citado a interrogatorio. De acuerdo con el ventilador de Tapia, el 9% de los $67.000 millones, es decir, $6.030 millones, fue entregado directamente por Gaviria a dos destinatarios: Hipólito Moreno y Héctor Zambrano. Tapia sostuvo que le constaba dicha entrega.

En el cronograma de colaboración de Tapia también figuran los nombres de otros concejales que habrían tenido participación burocrática y comisiones en contratos en el IDU, la malla vial, la Secretaría de Integración Social, distintos hospitales como El Tintal, Meissen o el Simón Bolívar, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), y la joya de la corona: la Empresa de Acueducto de Bogotá. En el caso de Hipólito Moreno, se indagan además contratos en el IDU a través de empresas que él recomendaba en los tiempos de Liliana Pardo.

De la misma forma, se investiga si funcionarios en el IDU y en la Unidad de Mantenimiento Vial eran cuotas suyas puestas allí para estructurar procesos licitatorios a la medida de sus amigos. El Espectador pudo determinar que los nombres de otros seis concejales y exconcejales están en la lista para que Tapia dé información sobre ellos, entre los que están Orlando Parada, Andrés Camacho, Jorge Durán Silva, Jorge Ernesto Salamanca, Antonio Sanguino y un cabildante del que apenas se habla: Javier Palacio. No obstante, hasta ahora las delaciones de Tapia sólo han involucrado a Héctor Zambrano y a Hipólito Moreno.

Para este lunes 4 de marzo está fijada la continuación de la diligencia de interrogatorio de Tapia en el marco de su colaboración con la justicia. Sobre el caso de Parada, ya la justicia indaga su relación con el reconocido abogado y excónsul de Colombia en Nueva York Manuel Sánchez. Más allá del ruido en torno a que Sánchez habría sido el encargado de conseguir como inversionista para la campaña de Samuel Moreno al empresario William Vélez, o su supuesto aporte para financiar las aspiraciones de Moreno de llegar al Palacio Liévano, la Fiscalía rastrea denuncias en el sentido de que Orlando Parada habría tenido injerencia en el contrato de la obra del túnel Tunjuelo-Canoas por un valor de $240 mil millones.

En esencia se revisa si el concejal recibió comisiones por este contrato a través del empresario Orlando Fajardo, quien formó parte de la unión temporal que se ganó la licitación. Pero además se revisa si es verdad que Manuel Sánchez, amigo de Parada, hizo presencia en la sala como apoderado de la firma ganadora de Orlando Fajardo y si es cierto que el 3% de dicho contrato tenía que ir a parar a las manos de los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas y otro porcentaje más para Andrés Cardona, el señalado puente entre el cartel de la contratación y toda la administración del Acueducto —Tapia ha referenciado su nombre varias veces—.

Asimismo, se indaga si Sánchez y Parada tuvieron participación en la renovación del contrato para los servicios de vigilancia del Acueducto de la firma que hoy lo está ejecutando. Tanto Parada como Sánchez se han declarado ajenos al escándalo. La Fiscalía evalúa, además, si las irregularidades denunciadas en el Acueducto empezaron desde la administración de Lucho Garzón y su entonces director Édgar Ruiz. Por lo pronto, se indaga si a través de Andrés Cardona, por instrucciones del despacho del exalcalde Moreno, se les dieron contratos a los concejales que estaban en la coalición de gobierno, como Fernando Rojas, Wilson Duarte, Fernando López, Henry Castro, Severo Correa, Jorge Durán Silva, Ómar Mejía, Javier Palacios o Jorge Salamanca.

La Fiscalía no descarta ninguna hipótesis o información aportada por sus testigos. Sobre el tema de Andrés Cardona se ha venido documentando que habría adquirido relevancia en el Acueducto y en la Uaesp cuando los hermanos Moreno le quitaron al abogado Álvaro Dávila su respaldo después de que este periódico revelara en 2009 el contenido de un mantel en el que aparecía dibujado el esquema del carrusel para maniobrar sobre un millonario contrato para la administración del relleno de Doña Juana.

En el caso de Camacho Casado, se evalúa su participación en algunas fundaciones y en negocios cruzados con Julio Gómez; en el caso del concejal Salamanca, su presunta participación en cuotas burocráticas y en contratos en el Idipron y el Acueducto. De la misma forma, se evalúan proyectos que fueron estructurados por el cartel, pero que finalmente no se realizaron por distintas circunstancias, como algunos planes que se tenían con la Avenida Longitudinal de Occidente, un sistema de multas de tránsito y parquímetros que a la sombra controlaría Álvaro Dávila, la compra de algunos lotes de la Empresa de Renovación Urbana, otras irregularidades en el sector de San Victorino y hasta negocios del Acueducto en Puerto Rico.

Son muchos los frentes de investigación que hoy tiene la Fiscalía. El Concejo bogotano parece cada día más inquieto. Esta semana, se da por descontado, se formalizaría una primera captura.

Otros contratos ‘calientes’ del carrusel

La colaboración de Emilio Tapia con la Fiscalía se da en dos frentes: el primero, relacionado con las mordidas y comisiones que efectivamente se entregaron como consecuencia de contratos realizados. El segundo tiene que ver con las licitaciones que tenían armadas pero que se cayeron a último momento.
La Fiscalía ya tiene información en el sentido de lotes adquiridos por la Empresa de Renovación Urbana (ERU) de manera aparentemente irregular; un proyecto de sobretasa a la gasolina; contratos de subsidios para enfermos del sida y el manejo de las concesiones de las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).
De la misma forma, la Fiscalía tiene datos informales sobre irregularidades en la Secretaría de Movilidad en el desarrollo de la configuración del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y también se evalúan algunos planes que se tenían con la Avenida Longitudinal de Occidente, que finalmente no se hizo.

Los enredos de Héctor Zambrano

El exsecretario Héctor Zambrano es hasta ahora el funcionario de más alto nivel de las administraciones de Lucho Garzón y Samuel Moreno sobre el que pesan las más graves acusaciones. En su confesión a la justicia Emilio Tapia lo señaló de patrocinar un contrato celebrado para la prestación del servicio de ambulancias. Tapia detalló varias reuniones en donde se habría planificado la estructuración de la licitación que terminó ganando el empresario Federico Gaviria. Según Tapia, Zambrano recibió una comisión del 5% de los $67 mil millones que supuestamente repartiría con quienes facilitaron el proceso de adjudicación en el año 2009. Zambrano ha dicho que está a la espera del llamado de la justicia para explicar sus actuaciones.

En Twitter: @jdlaverde9