Tribunal rechazó demanda contra inscripción de Petro a la Alcaldía

El alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó las pretensiones de la demanda interpuesta en contra de la inscripción de Gustavo Petro Urrego para la Alcaldía de Bogotá al considerar que no se presentaron las pruebas que sustentaran la violación a los derechos a la moralidad pública y a la seguridad.

En el fallo de 30 páginas el Tribunal considera que no se presentaron elementos materiales probatorios que representaran la demanda interpuesta por el concejal de Bogotá, Orlando Parada Díaz en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la inscripción de Gustavo Petro como candidato a la Alcaldía de Bogotá.

En sus consideraciones se pudo establecer que no se allegó ninguna prueba por parte del demandante que permitiera inferir el tipo de condena que había recibido Petro en el año de 1983 por parte de un juez penal militar.

"Por el presunto extravío del expediente que contiene la investigación dando cuenta que en las respectivas bases de datos, no se encontró la mencionada investigación, por lo que se interpuso denuncia penal por este hecho", precisa uno de los extractos del fallo.

Igualmente se tuvo en cuenta el registro y certificado emitido por la Procuraduría General en el que se estableció que el entonces candidato "no registraba sanciones ni inhabilidades vigentes".

Además en el fallo se rechazaron los argumentos de seguridad y salubridad pública que presentaba la demanda al considerar que al revisar no se pudo comprobar que el entonces candidato pusiera en riesgo la seguridad pública en Bogotá ni en ninguna otra parte.

”No se acreditó el expediente en el que se indicara que Petro Urrego amenace o ponga en riesgo la seguridad pública puesto que esta circunstancia no tienen ningún nexo causal con eventuales afectaciones al orden público y con la comisión de conductas punibles”, señala el fallo en sus conclusiones.

Los fundamentos de la demanda

En el recurso jurídico el cabildante distrital consideraba que Petro Urrego estaba inhabilitado para presentarse a la inscripción para acceder a un cargo público puesto que había pertenecido a la guerrilla del M-19, por lo que en 1985 fue condenado por la Justicia Pena Militar por el delito de porte ilegal de armas por lo que pagó dos años de cárcel.

“No se puede premiar a quien ha infringido la ley penal, sino que por el contrario se deben promover postulados jurídicos que impidan que los delincuentes sean mostrados ante la sociedad como modelos a seguir, pues se trata del mensaje claro que las autoridades deben enviar a la sociedad: el crimen no paga”, precisa uno de los apartes de la acción.

Igualmente indicó que la ley señala que “quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo por delitos relacionados con la pertenencia promoción o financiación de grupos armados ilegales, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular (…) Le fue concedido un indulto por lo que está excluido de las causales de inhabilidad“.

Sin embargo, estos argumentos fueron rechazados por el Consejo Nacional Electoral y posteriormente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca quienes consideraron que la supuesta inhabilidad no estaba certificada considerando además que según los registros presentados por el DAS y por la Brigada XIII no existe una claridad sobre la pena que se le interpuso.

Por estos mismos hechos, el concejal interpuso una demanda de pérdida de investidura en contra de Gustavo Petro ante el Consejo de Estado, proceso que después de seis meses se encuentra en etapa de presentación de sentido de fallo el cual podría conocerse en los próximos días.

En este proceso, la Procuraduría General indicó que se deben rechazar las pretensiones de la demanda al considerar que “en octubre de 2011 se efectuaron los comicios de los cuales resultó electo; y el acto que declaró la elección es pasible de control de legalidad por parte de la jurisdicción”.

“No se probó una decisión definitiva que impusiera condena contra Gustavo Petro, de modo de afirmación en ese sentido carece de respaldo probatorio, pues la condena por un delito solamente se prueba con la sentencia judicial ejecutoriada, y la misma no obra en el expediente”, precisó el delegado del Ministerio Público.