Procuraduría pide mantener investidura a 12 congresistas conciliadores

Foto: Daniel Iannini / Elespectador.com

Ante la Sala Plena del Consejo de Estado, el representante de la Procuraduría General solicitó que se rechace la demanda de pérdida de investidura en contra de los seis senadores y seis representantes a la Cámara que integraron el Comité de Conciliación de la Reforma a la Justicia.

En su intervención, el delegado del Ministerio Público indicó que en la demanda no se presentaron pruebas para demostrar que los congresistas conciliadores incurrieron en los delitos de tráfico de influencias y conflicto de intereses.

El procurador del caso indicó que "no solamente está en señalar la presunta existencia de un delito sino que también se tiene que probarlo” indicando que en la demanda presentada por el abogado Saúl Villar Jiménez no se allegó ningún elemento material probatorio que demostrara la participación de los congresistas en estos puntos.

“Lo cierto es que no hay una sola prueba de que la Comisión que demuestre que los demandados hayan invocado su condición de congresistas a efectos de recibir y prometer la entrega de dádiva o dinero alguno en el expediente aquí presentado”, precisó el representante de la Procuraduría.

Para el representante del órgano de control disciplinario el Consejo de Estado debe tener en cuenta el hecho de que este proyecto de reforma a la Justicia fue archivado tanto en el Senado y la Cámara de Representantes. (Ver Corte archivó investigación contra congresistas que votaron Reforma a la Justicia)

“Se debe mantener incólume su calidad de senadores y representantes que aquí fueron demandados”, concluyó al considerar que hasta el momento no se ha podido establecer cómo fue el beneficio de los congresistas con la aprobación de dicha reforma, así como los límites de los términos jurisprudenciales y constitucionales de tráfico de influencias. 

Los representantes demandados son Alejandro Carlos Chacón Camargo,Germán Varón Cotrino, Carlos Edward Osorio Aguilar, Gustavo Puentes Díaz, Orlando Velandia Sepúlveda y Roosvelt Rodríguez Rengifo.

Mientras que los senadores son Jesús Ignacio García, Eduardo Enríquez Maya, Juan Carlos Restrepo, Juan Manuel Corzo, Luis Fernando Duque y Martín Emilio Morales.

“Los congresistas estaban legislando en beneficio propio”

A primera hora, en su intervención el abogado Saúl Villar Jiménez indicó que los miembros de la nombrada Comisión de Conciliación de la Reforma a la Justicia “aprovecharon su condición y ejercieron una indebida presión en contra de sus demás de compañeros de bancada y del Congreso para que apoyaran la reforma a la justicia”.

En este sentido indicó que ya está comprobado que los seis senadores y seis representantes a la Cámara estaban legislando “en beneficio propio” puesto que estaban buscando blindarse del accionar de la justicia cobijándose en una reforma que solamente les servía a ellos.

“Aquí no había una reforma a la justicia aquí había una reforma a las acciones disciplinarias que se le aplicaba a ustedes y todo esto los beneficiaba”, precisó el demandante al considerar que los miembros de la comisión abusaron de la confianza que le entregaron para debatir los puntos de discrepancia.

Igualmente indicó que los congresistas alteraron y adulteraron los temas que ya habían sido discutidos, “eso es casi un delito están falseando y adulterando un documento público” puesto que supuestamente ingresaron términos, párrafos y frases a unos artículos.

“El artículo sexto de la fallida reforma a la justicia eliminaba el término de inhabilidades. Ustedes no podían borrar este causal, estaban incurriendo en un conflicto de intereses”, precisó el abogado.

“No hay pruebas”

Iván Acosta, quien defiende al expresidente del Senado, Juan Manuel Corzo en la demanda no se presentó una sola prueba que permitiera inferir la participación de su cliente en los delitos tráfico de influencias y conflicto de intereses.

En este sentido el abogado consideró que se tiene que demostrar que su defendido utilizó su posición e investidura para presionar a un grupo de compañeros con el fin de aprobar dicho proyecto que, como se dice, los beneficiaría.

El abogado señaló que lo único que está claro y demostrado en este proceso es que los miembros de la Comisión “armonizaron” las diferencias que se presentaron en los debates celebrados en las dos plenarias.

“Debió usted señor accionante demostrar que el señor juan Manuel Corzo recibió dinero, cuánto dinero recibió, cuánta plata le entregaron al doctor Corzo, se la consignaron, se la entregaron a un tercero para que se la entregara al doctor Juan Manuel Corzo. Eso fue lo que usted ha debido demostrar”, indicó.

La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá que determinar en los próximos meses si existen motivos para decretar la muerte política de los seis senadores y representantes a la Cámara.