Procurador, con menos superpoderes

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación. / Archivo El Espectador

En menos de un mes el procurador general de la Nación Alejandro Ordóñez se quedó sin el poder para elegir a dedo a sus procuradores judiciales y sin facultades para influir en la elección de los cerca de 1.200 personeros municipales del país. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales las normas que se lo permitían y dejó con menos ‘dientes’ al jefe del Ministerio Público.

El pasado miércoles, esa corporación le quitó a la Procuraduría la facultad de dirigir los concursos de méritos de los cuales salen los candidatos a personeros municipales que, posteriormente, son elegidos por los concejos municipales para representar al Ministerio Público en los municipios.

La Corte consideró que el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, que le daba al Ministerio Público el poder para realizar estos concursos, violaba las competencias de los concejos y la autonomía de las entidades territoriales. Por ello, le devolvió esa facultad a los cabildos.

A esto se suma que por cuenta de un fallo de la Corte Constitucional dado a conocer el pasado 28 de febrero, el Procurador ya no podrá seguir eligiendo a sus procuradores judiciales a dedo.

La Corte declaró inconstitucional el artículo 182 del decreto 262 de 2000 que le permitía seleccionar a sus procuradores judiciales mediante el mecanismo del libre nombramiento y remoción y le ordenó a Ordóñez que en un plazo no mayor a seis meses convoque a concurso público para llenar, en menos de un año, las plazas de cerca de 700 procuradores judiciales cargo I y II.

Fuentes de la Corte Constitucional consultadas por este diario consideraron que esta sentencia, que le prohibe al procurador elegir a sus procuradores judiciales a dedo, es una medida hacia la meritocracia que permitirá a los ciudadanos puedan vincularse en la Procuraduría con mayor facilidad y que Ministerio Público selecciones así a los más capaces.

La decisión no es menor. Por ley, los procuradores judiciales de cargo I y II representan al Ministerio Público en la mayoría de los procesos penales en lo que es parte. Entre ellos, el Procurador General distribuye algunas de las tareas más importantes de la entidad. Son funcionarios de vital importancia en la Procuraduría que ganan, en el caso de los procuradores judiciales de cargo I, cerca de $6 millones mensuales y, en el caso de los de cargo II, hasta $19 millones.

Antes de que fuera reelegido como procurador, organizaciones como DeJusticia, y periodistas, como Cecilia Orozco y Daniel Coronell, señalaron que Alejandro Ordóñez estaba contratando como procuradores judiciales a familiares y personas cercanas a congresistas y magistrados de las altas cortes con el fin de asegurar su permanencia en el cargo. Ordóñez fue elegido a pesar de los cuestionamientos.

Una base de datos, creada por el portal La Silla Vacía con información oficial y de los lectores, muestra que antes de su reelección Ordóñez contrató a 64 amigos o familiares de congresistas y excongresistas y a 22 amigos y familiares de magistrados y exmagistrados de las altas cortes.

Entre ellos, a Olga Lucía García, hermana de la magistrada del Consejo de Estado, Elizabeth García; a Ana Josefa Velasco de Bustos, esposa del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos; a Martha Cecilia Pretelt, hermana del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt; a María del Pilar Sáchica, hermana de la secretaria de la Corte Constitucional, Martha Victoria Sáchica y a Aída Luz Granada, esposa del magistrado del Consejo de Estado, Víctor Hernando Alvarado.

Además sostuvo en su cargo a los procuradores judiciales Carmen Helena Gómez, hija del magistrado del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y a Martha Ligia Patrón, esposa del magistrado Pretelt.

Respecto a estos nombramientos el procurador ha dicho que no hay nada de ilegal en recibir las hojas de vida de personas cercanas a magistrados y congresistas. Sea como sea, los procuradores judiciales nombrados y ratificados por Ordóñez entran en proceso de provisionalidad y su futuro depende de un concurso y ya no del dedo del jefe del Ministerio Público. Así es, precisamente, en estas fechas en las que la Procuraduría lleva a cabo un concurso de méritos para llenar 335 plazas en esa entidad.

Con estos dos fallos la Corte Constitucional –la corporación que logró que el procurador rectificara algunas de sus posiciones sobre el aborto y los métodos anticonceptivos– le da dos duros golpes al poder del procurador Alejandro Ordóñez que muchos veían como blindado.

En Twitter: @juansjimenezh