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Judicial 20 Abr 2013 - 11:00 pm

Fiscalía evalúa acercamientos con Ómar Figueroa y Camilo Bula

El ventilador que prenderían Figueroa y Bula por caso DNE

El Espectador anticipa intimidades de la negociación de dos protagonistas del escándalo de Estupefacientes con la justicia. Nombramientos irregulares de depositarios, ventas amañadas y la injerencia del Congreso, eje de su confesión.

Por: Juan David Laverde Palma
En Twitter: @jdlaverde9
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Ómar Figueroa, exdirector de la DNE, detenido a finales de 2011, hoy recluido en La Picota.

Ómar Figueroa parece listo para prender su ventilador en la Fiscalía. El exdirector de Estupefacientes, protagonista de uno de los mayores saqueos al Estado, que involucraría a congresistas, depositarios y funcionarios de la DNE, ultima los detalles de su colaboración con la justicia para pasar al estrado de los acusadores. Por eso el jueves pasado, en compañía de su abogado, se reunió con la comisión de fiscales que busca redireccionar el expediente para aclarar de una buena vez cómo se feriaron los bienes decomisados a la mafia durante la administración de Carlos Albornoz.

El Espectador conoció de estas aproximaciones, así como las del exfiscal antimafia Camilo Bula, también detenido por este caso, quien estaría dispuesto a revelar los nombres de dos excongresistas y un parlamentario que habrían metido la mano en la DNE. Así se lo confirmaron a este diario fuentes cercanas al proceso. Figueroa, por su parte, no sólo tiene abundante información y registro documental de actas de entrega de inmuebles que terminaron enriqueciendo a particulares —con la supuesta bendición de Albornoz—, sino que podría dar los nombres de depositarios que oficiaban como supuestos enlaces de congresistas que aún no han sido salpicados en el escándalo.

Mientras la Fiscalía evalúa la conveniencia y el alcance de los términos de colaboración de Bula y Figueroa, este diario consultó con fuentes de esa entidad, investigadores y exfuncionarios de la DNE con el fin de reconstruir el rompecabezas de este accidentado proceso judicial. Hace tres meses, al hacer un corte de cuentas sobre los avances de la investigación, el fiscal Eduardo Montealegre decidió reorientar las pesquisas, cruzar los cabos sueltos insuficientemente indagados y relevar a los fiscales del caso. De inmediato conformó una comisión de alto nivel para impulsar el proceso y los nombres de Figueroa  y Bula volvieron a protagonizar los escenarios de colaboración.

Aunque formalmente no se han puesto sobre la mesa los nombres de congresistas, El Espectador conoció, a través de distintas fuentes consultadas, que los potenciales testigos, si se finiquita un acuerdo, podrían entregar evidencias que salpicarían al hoy presidente del Congreso, Roy Barreras, a los 12 parlamentarios y exparlamentarios que investiga la Corte Suprema de Justicia por estos hechos y al propio Carlos Albornoz. De igual forma entregarían un listado extenso de depositarios manejados a dedo que se habrían aprovechado ilegalmente de los predios que administraban.

“A Roy Barreras se le dieron bienes en el Valle. Concretamente el hotel Plaza Versalles en Cali. Eso lo otorgó en el año 2009 Carlos Albornoz, quien fue el que les abrió las puertas a los políticos en la DNE. En los registros de la entidad debe aparecer el ingreso del senador Barreras y un asesor de su Unidad de Trabajo Legislativo que se reunieron en varias ocasiones con Ómar Figueroa y Carlos Albornoz”, le dijo a este diario un alto exfuncionario de la Dirección de Estupefacientes. La misma fuente aseguró que el supuesto puente entre el hotel Plaza Versalles y el congresista Barreras sería Carlos Urresty Isaza, quien hoy figura como depositario del hotel, ubicado en el norte de Cali.

Enterado por El Espectador de este señalamiento, el senador Barreras contestó que sí conocía a Carlos Urresty Benavides (al parecer, el papá del depositario), de quien dijo era un conocido exconcejal conservador, pero que del hotel en cuestión nada sabe, añadiendo que “ni siquiera he sido huésped”. Barreras explicó que no puede haber prueba alguna que lo relacione con el escándalo de la DNE y que la única vez que pidió cita para ir a la entidad fue por petición de la Cámara de Comercio de Cali porque se había perdido una escultura que se llama La negra del chontaduro, que estaba en la plaza central del Club San Fernando. “Yo pedí una cita para ellos, pero ni siquiera los acompañé”.

Barreras resaltó que pondrá en manos de sus abogados este nuevo “disparate” y que en la DNE jamás se entrevistó con Figueroa o Albornoz para pedir bienes. “Hay una estrategia sistemática para desinformar a los medios y hacerme daño. No hay otra forma de explicar las acusaciones que me hicieron la semana pasada sobre Venezuela, el acuerdo con los cristianos y ahora esto de un hotel en el que jamás he estado. Hay muchos enemigos. Estos ataques podrían venir de enemigos de la paz, porque yo lidero la discusión del Marco para la Paz. Pero soy un hombre público y me corresponde dar la cara”, señaló vehemente.

Al margen de lo que se establezca en este episodio particular, lo cierto es que en el marco de las eventuales delaciones de Figueroa y Bula sobre la administración Albornoz, “varios congresistas entrarán al baile”, sostuvo una fuente cercana al expediente. Aunque la Fiscalía no puede procesar a los parlamentarios, si pretende establecer los supuestos nexos entre ellos, los depositarios y otros funcionarios de la DNE, inevitablemente sus nombres saldrán a relucir y dichas informaciones terminarán en manos de la Corte Suprema de Justicia. Por lo pronto el objetivo es documentar lo que aconteció en la era Albornoz, entre 2006 y 2009.

“Albornoz trata de evitar su responsabilidad alegando simplemente que delegó muchas tareas en funcionarios de segundo y tercer nivel. Parece la misma estrategia del exalcalde Samuel Moreno. Sin embargo, hay un sinnúmero de actas e informes en donde queda claro que él sabía absolutamente todo. El director de la orquesta de la DNE era Carlos Albornoz”, manifestó otro exfuncionario de Estupefacientes que está al tanto de las pesquisas de la Fiscalía en este caso. Hoy los investigadores delegados por Eduardo Montealegre escarban entre miles de folios, resoluciones irregulares.

Según ha podido establecer este periódico, esa labor no es nada sencilla porque, como dijo alguien que conoce  cómo se fraguó este desfalco al Estado, “todo lo que encuentren es en apariencia absolutamente legal”. ¿Qué era lo ilegal entonces?, interrogó este diario. “El lío era quién y cómo llegaban las hojas de vida de los depositarios al despacho del director Carlos Albornoz. Ahí era donde se direccionaba todo y Albornoz siempre escogía. No obstante, delegó la responsabilidad de la suscripción del acto administrativo para formalizar la entrega de los bienes y el carácter de depositario en el subdirector de bienes de la Dirección de Estupefacientes”, reveló la fuente.

 Una de las aristas más sustanciosas del eventual acuerdo de Figueroa con la Fiscalía es que sabe de innumerables ventas irregulares de bienes de la mafia, cuyas ganancias para el Estado quedaban a medias mientras los intermediarios, firmas inmobiliarias y avaluadores se quedaban con una buena tajada. “Había unas personas que controlaban esas ventas. Funcionaba como una entidad paralela de la DNE. En realidad eran mafias que se aparecían en los remates o en las subastas de los predios y que tenían información privilegiada”, añadió un investigador.

En palabras castizas, la Fiscalía deberá identificar quiénes operaban estas mafias, cómo aparecían en las subastas y asustaban a los potenciales compradores con un objetivo único y un desenlace obvio: seguir administrando sus bienes. Una fuente de la cúpula de la Fiscalía sostuvo que ahora sí se está enderezando este proceso, “que muchos quieren cantar” y que la justicia “tiene la obligación de oír”. Un exfuncionario de Estupefacientes resumió así este entuerto: “Lo de los congresistas es puro apetito burocrático o incluso económico. Lo de las mafias es un poco más complejo, porque muchos depositarios le metieron la mano muy feo a la entidad”.

Lo curioso es que en el marco de las investigaciones adelantadas por los organismos de control trascendió que el gobierno Santos ratificó a varios depositarios que podrían resultar cuestionados si Figueroa y Bula prenden su ventilador. El asunto era tan caótico que a mediados de 2009, cuando Figueroa reemplazó a Albornoz en la DNE, una de sus primeras órdenes fue revocar a 12 mil depositarios que administraban casi igual número de bienes incautados a la mafia, para entregar éstos a la Sociedad de Activos Especiales, a la que se le delegó el manejo de toda la operación.

Hoy el objetivo de los investigadores es desentrañar las mafias de la DNE más allá de lo poco que se ha conocido hasta ahora sobre un par de predios entregados irregularmente. Está claro que el festín llegó a los más altos círculos de poder, y en el discurso del fiscal Montealegre sobre la urgencia de atacar la macrocriminalidad, el caso de la DNE cobra particular importancia. Los avances ya son notorios. El próximo 20 de mayo la Fiscalía les imputará cargos a Manuel Francisco Ospino, Andrea Torres y los exfuncionarios Juan David Gutiérrez, Javier Mantilla, Viviana Ramírez, Mabeling Muñoz y Fernando López Sierra. Este último, según publicó El Tiempo, sería testaferro de Figueroa y le administraría unos $7.000 millones.

No obstante, el propio Figueroa emitió un comunicado en el que desmintió ese nexo y señaló desconocer a López Sierra. Allegados a Figueroa señalaron que en los tres apartamentos en los que ha vivido en el norte de Bogotá le ha tocado pagar arriendo, que su patrimonio apenas es la quinta parte de una casa en Sogamoso (Boyacá), ese mismo porcentaje de otros predios en Iza (Boyacá) y Bogotá, un lote de mil metros cuadrados en Sogamoso y su liquidación de la DNE por un valor de $80 millones. Todas estas cuentas las está revisando la Fiscalía, mientras los nombres de un alto funcionario de la administración Santos, un expresidente del Congreso y un senador pastuso serían las primeras confesiones de los testigos a la justicia.

De cristalizarse la negociación, los testimonios de Bula y Figueroa tendrían incidencia en el expediente de la Corte en el que se indaga preliminarmente a los congresistas y excongresistas Myriam Paredes, Oscar Fernando Bravo, Hernán Andrade, Álvaro Ashton, Héctor José Ospina, Ómar Yepes, Luis Humberto Gómez Gallo, Javier Cáceres, Enrique Rafael Caballero, Miguel Pinedo, Cristóbal Rufino Córdoba y Lucero Cortés. Incluso, podrían aportarse nuevas evidencias en contra de Eduardo Enríquez Maya, a quien la Corte en mayo de 2012 le dictó un auto inhibitorio. Todo eso sumado a lo que prometen ser nuevas revelaciones. Todo depende de los acuerdos y de que los testigos hablen. Por fin parece haber voluntad para investigar este escándalo.

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