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Judicial 30 Abr 2013 - 10:38 pm

La rebelión de los menores

En abril, los jóvenes de los centros de resocialización del Valle realizaron cuatro fugas, que dejaron tres muertos. El ICBF sostiene que el síndrome de abstinencia de las drogas y la influencia de los mayores están detrás de los hechos.

Por: Gloria Chapparo Soto/ Cali
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Entre los años 2010 y 2011 se fugaron 800 jóvenes de los centros de menores infractores del Valle. /ICBF

En abril, la Policía Metropolitana y el Esmad tuvieron que acudir en cuatro ocasiones a los centros de formación juvenil de El Buen Pastor y Valle del Lili, en Cali, para detener la furia y las ansias de fuga de los menores infractores. El detonante, en parte, es la falta de consumo de psicoactivos y uso de celulares, luego de que se intensificaran las requisas.

Esa rabia y esos intentos de escapar de estos centros de reclusión —que están bajo la dirección del Instituto Nacional de Bienestar Familiar— ha dejado en este mes tres jóvenes infractores muertos, dos de ellos por quemaduras en gran parte de sus cuerpos y uno con un tiro en la cabeza. Durante las revueltas se han fugado 68 adolescentes, de los cuales 45 fueron recapturados, según informó el personero delegado de la Oficina del Menor y la Familia, Edward Hernández, quien afirmó que el Sistema de Responsabilidad Penal de Infancia y Adolescencia colapsó en la capital del Valle, “la ley se está quedando corta”.

Las evasiones y los motines de los jóvenes obligaron a que se realizara una reunión de emergencia del comité de seguridad, integrado por directivos del ICBF, Policía Metropolitana, secretarios de Gobierno del Valle y de Cali, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y Fiscalía. De ese encuentro salieron conclusiones como: se necesita urgentemente que el Gobierno Nacional reforme el Código Penal de Infancia y Adolescencia, ya que hoy las normas no permiten agentes de la Policía dentro de estos centros de resocialización. También se solicita la presencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), o de agentes de vigilancia privada, para dar mayor seguridad en estos institutos, para poner orden a los 690 jóvenes que albergan El Buen Pastor y el Valle del Lili.

Mientras se celebraba esta reunión, el lunes pasado hubo un nuevo intento de escape. Tres adolescentes alcanzaron las calles al escalar un muro de la sede de El Buen Pastor; agentes del Esmad detuvieron a los tres fugitivos. Las autoridades incautaron ocho armas blancas artesanales, fabricadas con laminillas de bombillos. También hallaron armas en el techo de este penal de menores.

El 16 de abril, El Buen Pastor fue escenario de un incendio provocado; dos internos que quedaron atrapados en el interior del centro sufrieron quemaduras de segundo grado en el 80% de sus cuerpos y fallecieron luego en el Hospital Universitario del Valle. El jueves 25 de abril, los promotores de las revueltas intimidaron a un educador, le quitaron las llaves, abrieron las celdas y lograron huir, pero minutos después fueron recapturados. El domingo 28 de abril fue la fuga del mayor número de internos: los jóvenes huyeron por los techos del centro y de las viviendas vecinas, causando pánico entre los habitantes del sector. Este escape dejó un interno muerto por una bala que aún se desconoce de dónde provino, y tres más con fracturas en las piernas.

Según el personero Hernández, la situación se agudiza porque en estos centros hay cerca de 300 internos que rondan los 25 años (cifras del ICBF), que son quienes están instando a las revueltas. La presencia de internos de estas edades fue una consecuencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigencia en junio de 2011 y que buscaba endurecer las penas para los menores infractores. Esta ley dejó sin peso una norma que establecía que al cumplir los 21 años el joven quedaba en libertad así no hubiera completado sus años de sanción; ahora tiene que pagar las penas completas.

El comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Nelson Rincón, quien formó parte del comité de seguridad, afirmó que durante la reunión se denunciaron las falencias de las infraestructuras en los centros Juan Bosco y Valle del Lili y que definitivamente no existe un plan de contingencia para controlar a los internos. Precisamente el fortalecimiento de la infraestructura es la prioridad para el director del ICBF Regional Valle, John Arley Murillo, quien reconoce que ésta no ofrece seguridad. Para ello pidió el apoyo económico de la Gobernación del Valle y de la Alcaldía de Cali.

El secretario de Gobierno del Valle, Jorge Homero Giraldo, hizo un llamado para que haya “presencia del Estado en la administración de estos centros, ya que actualmente sólo existen convenios con operadores particulares, como sucede con los religiosos Terciarios Capuchinos que contrató el ICBF y que tiene sólo educadores”. El secretario de Gobierno de Cali, Carlos José Holguín, anunció que el gobierno local aportará $650 millones para invertir en infraestructura y seguridad de las instalaciones.

Según datos del ICBF, en 2012 ingresaron al sistema penal, en los siete centros para menores en el Valle del Cauca, 3.688 adolescentes, y de esta cifra, 2.658 pertenecen a los centros de menores de Cali.

 

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