Fiscalía cierra capítulo de desaparecidos del Palacio de Justicia

Investigaciones del CTI cierran la posibilidad que se mantuvo durante 28 años, de que personas reportadas como desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia estuvieran enterradas en la fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá.

En cajas como esta permanecen almacenados los esqueletos exhumados en el  Cementerio del Sur en el año 1998.
En cajas como esta permanecen almacenados los esqueletos exhumados en el Cementerio del Sur en el año 1998.

“Los desaparecidos no corresponden con ninguno de los cuerpos exhumados en el Palacio de Justicia y ya no hay dónde más buscar. No estamos esperando a que aparezcan, no hay ninguna diligencia pendiente”. Con esas palabras, sin matices, Sebastián Machado, asesor del fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, explicó la conclusión de los trabajos del CTI en relación con 11 víctimas del Holocausto nunca encontradas.

Machado sustenta su afirmación en la investigación y el análisis de la División Criminalística de la Dirección Nacional del CTI, referente a la exhumación entre enero y septiembre de 1998 que las autoridades hicieron de los restos que fueron enterrados como NN en la fosa común del Cementerio Sur, en Bogotá, hasta los últimos requerimientos de cotejos de ADN este año 2013. Las conclusiones están, además, consignadas en un reporte con fecha 25 de abril del año en curso, firmado por Juan Carlos León, médico forense y jefe (e) de dicha División, al cual tuvo acceso El Espectador.

Por estos desaparecidos hay cuatro procesos vigentes en la justicia contra militares del Ejército que participaron en la retoma del Palacio. Ellos son los generales (r) Jesús Armando Arias Cabrales, excomandante de la Brigada 13, e Iván Ramírez, excomandante de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército (Coici), así como los coroneles (r) Edilberto Sánchez, exjefe de Inteligencia de la Brigada XIII del Ejército, y Alfonso Plazas Vega, excomandante de la Escuela de Caballería. En el caso de Plazas, el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia mantuvo su responsabilidad sobre dos desaparecidos, Irma Franco y Carlos Augusto Rodríguez. Sobre los otros nueve el alto tribunal planteó serias dudas y le retiró al coronel su responsabilidad sobre esas desapariciones. El proceso está en casación ante la Corte Suprema de Justicia.

Adicional a esto, Colombia enfrenta una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos relacionados con el Palacio de Justicia. Que la Fiscalía concluya de forma tan tajante que el CTI agotó todos sus recursos durante los últimos 15 años desde que hicieron la primera exhumación de los cuerpos enterrados en la fosa común del Cementerio del Sur, deja sin piso los argumentos de los defensores de los militares que hasta el día de hoy siguen insistiendo en que los desaparecidos sí pueden estar en los restos que aún guarda la Fiscalía.

En entrevista con El Espectador, Jaime Granados, abogado defensor del coronel (r) Plazas Vega, dijo que el reporte del CTI “demuestra la incapacidad del Estado para llegar al fondo de la verdad. Aún hay 18 restos calcinados que nunca han sido identificados. Por qué estamos tan seguros de que los desaparecidos del Palacio no están ahí”.

El informe del CTI maneja números distintos. Señala que hizo “un total de 94 necropsias de víctimas del Palacio de Justicia, de los cuales 34 se encontraban completos y 60 calcinados; de estos 60, 23 calcinados quedaron sin identificar”.

Para los militares procesados es importante que los desaparecidos estén en los restos exhumados en la fosa del Cementerio del Sur por algo básico. Si aparecen se caen todos los procesos menos el de la guerrillera Irma Franco, sobre quien la justicia tiene plenas pruebas de que salió viva del Palacio de Justicia y fue desaparecida.

Hasta el día de hoy los defensores de los militares le han insistido a la Fiscalía que acuda a instancias internacionales para terminar de identificar los restos que no han sido cotejados. Rafael Nieto Loaiza, abogado contratado por el Estado colombiano para ejercer la defensa por este caso ante la Corte Interamericana, le ha pedido al menos en tres ocasiones a la Fiscalía averiguar qué pasó con los cadáveres y con la exhumación.

La razón es que persisten dudas sobre el proceso que llevaron a cabo los expertos cuando sacaron los cuerpos de las fosas, porque al hacerlo se tomaron muestras de los esqueletos, pero no se hizo un estudio genético que determinara que cada pieza del esqueleto sí correspondiera al mismo cuerpo.

Parte de lo que han explicado varios abogados ante los jueces es que si toman para el cotejo una muestra de un fémur y ese fémur no es de ese esqueleto sino de otro, entonces con esa muestra es posible que se establezca que no hay compatibilidad, pero nunca sabremos si las otras partes del esqueleto pudieran ser de algún desaparecido.

Este diario puso en conocimiento de Nieto Loaiza este tema, pero él se abstuvo de dar declaraciones argumentando que una cláusula contractual le impide hablar con los medios de comunicación.

La violenta toma del Palacio de Justicia por parte de guerrilleros del M-19, entre los días 6 y 7 de noviembre de 1985, abrió un interrogante sobre la vida de 14 personas que fueron reportadas como desaparecidas y discriminadas así por la Fiscalía: tres visitantes: Gloria Anzola de Lanao, Norma Constanza Esguerra y Lucy Amparo Oviedo. Ocho empleados de la cafetería: Carlos Arturo Rodríguez, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Luz Mery Portela León, Ana Rosa Castiblanco, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán y Gloria Stella Lizarazo. Guerrilleros: Irma Franco Pineda y Fabio Becerra Correa, y un transeúnte, el señor René Francisco Acuña.

De estas 14 personas, 3 fueron identificadas por el CTI a través del cotejo genético que hizo de los esqueletos exhumados con la información de los familiares cercanos: Fabio Becerra Correa, guerrillero del M-19, René Francisco Acuña, el transeúnte, y Ana Rosa Castiblanco, empleada de la cafetería. Los 11 restantes son los que aún reclaman sus familiares.

Además de las tres personas que identificó el CTI, otras dos que no estaban en la lista de desaparecidos fueron identificados: Carmen Cristina Garzón de Ramírez y Jesús Antonio Rueda, también guerrilleros del M-19. Los restos de esas dos personas y del transeúnte René Francisco Acuña siguen en custodia en el laboratorio de identificación humana del CTI, porque nunca fueron reclamados por sus familiares. Los restos del guerrillero Fabio Becerra los entregó la Universidad Nacional cuando tuvo bajo su custodia 62 cuerpos de adultos que la Fiscalía le entregó.

A Ana Rosa Castiblanco las autoridades la entregaron a su familia en enero de 2001. Sobre esta empleada de la cafetería surge un cuestionamiento. Si su cuerpo fue identificado, eso demostraría que hay pruebas de que al menos alguno de los empleados de la cafetería, todos dados por desaparecidos, fue en realidad inhumado en la fosa común, después exhumado y posteriormente identificado. Podría ser un indicio de que los empleados de la cafetería sí pudieron haber sido llevados al piso cuarto del Palacio y pudieron morir calcinados, lo que contradice la teoría de que la Fuerza Pública los habría detenido a todos y después desaparecido.

Para aclarar el trabajo que la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional hizo con los 62 cuerpos que la Fiscalía le entregó en custodia, el médico forense Juan Carlos León le explicó a El Espectador que en el año 2005 los académicos hicieron unas identificaciones indiciarias con su conocimiento antropológico y concluyeron que el esqueleto 61 era Fabio Correa; el 63, Ariel Sánchez Gómez; el 66, Fernando Rodríguez Sánchez; el 80, Jesús Antonio Carvajal Herrera, y el 83, Héctor Arturo Lozano Riveros. “Todos ellos eran miembros del M-19”, aclaró León.

Como las identificaciones indiciarias a partir de muestras antropológicas no son validadas por el CTI, en el año 2009 cuando la Fiscalía pidió a la universidad la devolución de los restos, con los cotejos de ADN pudieron confirmar la identidad de Fabio Becerra y Jesús Antonio Carvajal. León afirmó: “De ellos teníamos la información de la familia y así pudimos corroborarla, de los otros tres no tuvimos nunca información”. Esos tres a los que hace referencia y que fueron identificados por la Universidad Nacional eran Ariel Sánchez Gómez, Fernando Rodríguez Sánchez y Héctor Arturo Lozano Riveros.

El abogado Jaime Granados critica el hecho de que la Fiscalía le hubiera entregado 62 cuerpos a la Facultad de Antropología de la Universidad Nacional porque, entre otras cosas, según él se perdió la cadena de custodia, es decir, el control de cada uno de ellos.

“Planteo como interrogante lo siguiente: hubo personas del M-19 que estuvieron trabajando en esa facultad, entonces, ¿ese es el sitio idóneo para enviar en custodia lo que se podía pensar eran los restos de los desaparecidos del Palacio?”, preguntó Granados.

Las tres fuentes de la Fiscalía consultadas para este artículo, el asesor Sebastián Machado, el médico Juan Carlos León y la odontóloga forense Olga Lucía Barahona, sostuvieron que la cadena de custodia nunca se afectó. Barahona, que al igual que León estuvo en la exhumación del año 98 y desde entonces ha sido parte de todos los procesos de identificación, sostuvo que las únicas manipulaciones que hicieron en la universidad fue con el fin de lograr hacer identificaciones antropológicas. Y concluyó lo mismo que Machado: “La evidencia científica que tiene la división de criminalística demuestra que no están los 11 desaparecidos de la cafetería del Palacio”.

Ahora le corresponde a la Fiscalía General de la Nación responder los interrogantes que plantean los abogados defensores e intentar un acompañamiento internacional para cotejar los restos calcinados no identificados, o mantenerse en la posición que plantea el informe del CTI y cerrar, desde lo que le corresponde, el capítulo de los desaparecidos.

‘No hay interés en la verdad’: Bidegaín

“Es muy desconcertante. Desde 1985, en el proceso del Palacio de Justicia, he visto muchas contradicciones entre las mismas entidades del Estado, que hacen muy difícil pensar que se pueda llegar a la verdad. Da mucha rabia que nos tengan en estas después de tanto tiempo”, dijo Ana María Bidegaín —viuda del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, muerto en el Holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985— en referencia a un fallo de un juzgado de Bogotá en el que se establece que la culpabilidad de lo ocurrido en el Palacio fue única y exclusivamente del M-19.
“Uno quisiera que las cosas fueran distintas, pero en el fondo uno siente que hay un interés poderoso en que no se busque la verdad”, agregó Bidegaín, quien sigue a la espera de que se esclarezca lo sucedido con su marido y con uno de los hechos más vergonzosos de la historia reciente de Colombia y por el que aún no hay ninguna sentencia en firme.

La búsqueda de otras fosas

Además del trabajo de identificación de los cuerpos y restos exhumados, varias fueron las diligencias que el CTI de la Fiscalía hizo con el fin de establecer si había otras fosas donde pudieran estar enterrados algunos de los desaparecidos del Palacio. La primera ocurrió en la Escuela de Caballería, en el norte de Bogotá, entre el 21 y el 23 de junio del año 2000. Y una segunda inspección judicial en el mismo lugar se hizo en febrero de 2007. En los dos casos los resultados fueron negativos, las autoridades no encontraron fosa alguna. En agosto de 2007 la fiscal 4 delegada ante la Corte Suprema de Justicia realizó
una inspección judicial al laboratorio de la Universidad Nacional para verificar la presencia de los 62 cuerpos.

Caso de Carlos Rodríguez

Carlos Augusto Rodríguez era uno de los trabajadores de la cafetería del Palacio reportado como desaparecido en los hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985. El abogado Jaime Granados sostuvo que hay dos hechos sobre él que le llaman la atención: “El señor Rodríguez se encontraba a la misma hora de la toma del Palacio de Justicia haciendo una transacción en el Banco Popular, sede de Las Nieves. ¿Cómo puede estar a la misma hora haciendo una operación bancaria y aparecer luego dentro del Palacio?”.

Adicionalmente, dijo el abogado, había sufrido la amputación de dos dedos de uno de sus pies y eso le produjo una limitación física. “El video donde supuestamente aparece él muestra a una persona corriendo. Cómo iba a correr alguien que era cojo”. Y concluyó: “no hay prueba de que salió con vida ni que estaba en el Palacio y no aparece adentro entonces, o no ha sido identificado o está con vida”.