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Judicial 1 Jul 2013 - 9:00 pm

En el caso del joven grafitero

Crecen las intimidaciones

El CTI conoció que un hombre armado estuvo rondando la casa del fiscal del proceso, Wilford Buitrago.

Por: Redacción Judicial
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Gustavo Trejos y su esposa, Liliana Lizarazo, durante la audiencia de imputación de cargos a los coroneles Arévalo y Vivas. / David Campuzano - El Espectador

Dentro de dos días, una jueza de la República dará a conocer si los coroneles de la Policía Nelson de Jesús Arévalo y José Javier Vivas serán detenidos o no por el caso del joven grafitero Diego Felipe Becerra. Así, lo solicitó la Fiscalía, con apoyo de la Procuraduría, argumentando que estos dos oficiales ayudaron a manipular la escena del crimen y establecieron un pacto de silencio con los demás uniformados supuestamente presentes en el lugar en el que Becerra recibió un disparo la noche del 19 de agosto de 2011.

A medida en que este polémico caso avanza, quienes forman parte del proceso insisten más en el tema de seguridad. El Espectador conoció una denuncia que el fiscal Wilford Buitrago radicó desde hace unas semanas, en la que puso en conocimiento del CTI que dos hombres en un taxi se habían parqueado frente a su casa en la noche del sábado 25 de mayo. Su hija y la madre de ella venían caminando y, al notar el taxi, se devolvieron y esperaron unos cinco minutos para intentar de nuevo entrar a la casa, y lo lograron, camuflándose entre un grupo de personas que pasaba por el lugar.

Al pasar por el lado del vehículo, la joven de 21 años notó que los hombres manipulaban los espejos laterales retrovisores. Notó también que en el puesto del copiloto había un muchacho que no aparentaba más de 16 años de edad y que tenía en sus manos unas hojas con fotografías impresas a color y un arma de fuego. Ya adentro de la casa, la joven pudo ver las placas del automóvil, las cuales fueron dadas a conocer a las autoridades por su padre, el fiscal Wilford Buitrago, quien luego de este episodio sacó temporalmente a la joven del país. Buitrago, por su parte, cuenta con esquema de protección.

Tanto los padres de Diego Felipe Becerra, Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo, como su abogada, Miriam Pachón, han denunciado amenazas y hostigamientos desde que este caso pasó de la justicia penal militar a justicia ordinaria. La litigante le ha hecho saber a la Fiscalía de las llamadas de las que ha sido objeto: las últimas se las hicieron días después de que el Congreso congelara el ascenso del general Francisco Patiño, quien tiene una indagación preliminar en su contra por los hechos que rodearon la muerte del joven grafitero. Al otro lado de la línea, alguien le dijo que iba a pagar con su vida por haber enlodado el nombre de la Policía.

En una ocasión, cuando ingresaba a una cárcel a reunirse con uno de sus defendidos, un guardia del Inpec la increpó, asegurándole que la iban a asesinar por lo que ella estaba haciendo “contra la Policía”. El hombre, ya identificado por el Inpec, fue denunciado por la abogada. Igualmente, Pachón prepara otra denuncia por acoso en contra de Yoreli Estefany Suárez, una mujer que fue retirada de la sala de audiencia el viernes pasado, mientras continuaba la imputación de cargos en contra de los coroneles Nelson Arévalo y José Javier Vivas.

Suárez estaba tomando fotos y grabando al fiscal Buitrago y a la litigante. La jueza, al enterarse de la situación por los miembros del CTI, pidió que la mujer fuera individualizada: se supo que ella forma parte de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol) de la Policía Metropolitana de Bogotá. Suárez, además, estaba pasando información de la audiencia mediante su celular, al parecer, a un oficial de la Policía que podría resultar investigado también. “Hay una cosa muy clara: cualquier cosa que nos pase a nosotros o a nuestras familias, la Policía responde”, le dijo a este diario la abogada Pachón.

Los padres del joven, por su parte, han sentido el mismo acoso que Pachón. Gustavo Trejos asegura que a él lo han seguido desde 2012 y que a él y a su esposa les envían mensajes como “Diego Felipe Becerra, tu familia pagará con sangre el haber manchado el nombre de la institución”. Por eso, desde hace unos días le envió una carta al presidente Juan Manuel Santos, pidiéndole protección para su familia, su abogada, el fiscal y la jueza del caso. Human Rights Watch y Amnistía Internacional fueron también informados por Trejos de este complejo panorama.

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