En una rueda de prensa, dos de los representantes de esta misión Enrique Santiago y Mauricio Valiente, explicaron que para elaborar el estudio, que advierte que en Colombia se producen ejecuciones extrajudiciales que quedan en la "absoluta impunidad", contrastaron 132 testimonios sobre estos hechos con informes de las instituciones nacionales.
Una de las conclusiones a las que llegaron es que las ejecuciones repiten el mismo patrón en los casos que fueron objeto del estudio.
Según el informe, estos abusos se producen en el marco de operativos militares contra insurgentes y las víctimas son registradas por los miembros de la Fuerza Pública como "bajas en combate".
El estudio asegura, como posibles condicionantes, la existencia de incentivos para las tropas a la hora de presentar resultados en las operaciones militares, así como la reinserción de algunos miembros de la guerrilla y otros colaboradores.
Según asevera el informe, no se preservan los cuerpos ni las pruebas, y los procesos judiciales, en la práctica, excluyen la participación de los familiares de las víctimas y son competencia de juzgados penales militares en lugar de ordinarios.
"La Fiscalía en raras ocasiones plantea cuestiones de competencia", destacó Santiago, "por lo que no hay esclarecimiento de los hechos ni condena de los culpables".
El informe fue presentado al Gobierno Nacional y a la comunidad internacional, junto con una serie de "recomendaciones" que los autores consideran definitivas para llegar al fin de las ejecuciones extrajudiciales.
Entre las medidas recomendadas al Ejecutivo se destaca la homologación internacional de los procesos técnicos y forenses; un mayor compromiso de la Justicia Penal Ordinaria y que no se equiparen las acciones judiciales de los familiares y organizaciones de derechos humanos con la estrategia insurgente.