"Este es un asunto de enfoques jurídicos. Cuando se decreta nulidad se rehace la actuación y las pruebas no sufren desmedro porque se mantiene incólumes", explicó Mendoza Diago tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la libertad del ex funcionario debido a que la competencia para investigarlo corresponde al fiscal general de la Nación y no a un fiscal delegado ante la Corte.

Así mismo dijo que "la nulidad comprende desde la apertura de la investigación y consecuentemente todo lo que viene con posterioridad, incluyendo la medida de aseguramiento".

Mendoza afirmó que las nulidades no son algo extraordinario y argumentó que "las dificultades de carácter procesal que se han evidenciado en este caso derivan del trámite paralelo que se lleva a cabo en Ley 906 (nuevo sistema) y Ley 600 (sistema mixto)".

"Lo importante es que puedan subsanarse esos vicios y llevar el proceso a como estaba antes. Se han atrasado las cosas, pero la prueba sigue intacta", puntualizó Mendoza Diago.