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Formulan cargos contra 10 miembros del Ejército por falso positivo

Por presuntamente participar en el homicidio de un indígena cuyo cadáver fue hallado y reportado como muerto en combate, la Procuraduría General de la Nación elevó pliego de cargos a diez miembros del Batallón de Artillería No 2. “La Popa”.

El Espectador
22 de septiembre de 2008 - 06:00 p. m.

Los hechos sucedieron el 4 de octubre del 2004, fecha en la que los familiares de Víctor Hugo Maestre Rodríguez, perteneciente a los indígenas Kankuamos, denunciaron que fue sacado de su casa por un grupo de hombres encapuchados y armados. Al día siguiente, su cadáver fue encontrado armado y vestido con prendas militares en la sede del Batallón la Popa en Valledupar, donde el 6 de octubre del 2004 informaron que murió en combate con el Ejército.

Para el Ministerio Público, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos y las pruebas de balística adelantadas por la Fiscalía, existen graves inconsistencias que revelan que la escena del crimen fue alterada.

Los cargos fueron formulados al teniente (r) del Ejército Elkin Leonardo Burgos Suárez, los Cabos Terceros (r) Pedro Andrés Cubillos Bolívar y Elkin Rojas y los soldados regulares (r) Luis Carlos Maestre Montero, Luis Carlos Pacheco Bolaños, Albert David Pertuz Plata, Fernando Rodríguez González, Juan Manuel Mejía Rodríguez, Ever de Jesús Peralta González y Willinton Vera, adscritos al pelotón Batería Dinamarca Dos, del Batallón de Artillería No 2, con asiento en el corregimiento de Atanquez del municipio de Valledupar, Cesar.

De acuerdo con el ente investigador, no existe ninguna razón que justifique dicho comportamiento de los entonces militares, puesto que habían recibido capacitación e instrucciones sobre el respeto a las normas del derecho internacional humanitario, por lo cual pudieron haber incurrido en un acto doloso.

Recordó el Ministerio Público que se trató de un hecho que afectó a un integrante de una comunidad indígena con medidas cautelares proferidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado colombiano le debe obligatorio cumplimiento.

Por El Espectador

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