"Tenemos un máximo número de crímenes y una cantidad masiva de criminales", señaló Moreno Ocampo, quien subrayó que en esos casos "hay que acentuar en los máximos responsables. Es el criterio", subrayó.
El fiscal de la CPI inició este lunes una visita de tres días a Colombia en la que recogerá informes sobre los procesos judiciales a paramilitares de derecha por crímenes de lesa humanidad y a políticos por nexos con paramilitares.
El jurista argentino intervino en la apertura del seminario "Reflexiones sobre las actuaciones judiciales en Colombia a la luz de los estándares internacionales", que se celebrará hasta el miércoles en Bogotá.
Sobre las extradiciones de los 14 jefes paramilitares a Estados Unidos dijo que hay que estudiarlas "caso por caso", al igual que las acusaciones por la Farcpolítica.
Explicó que si bien es difícil hallar un "estándar jurídico" para investigar crímenes masivos, se sabe por experiencias de algunos tribunales, como el de Nuremberg, el de Ruanda o el de la antigua Yugoslavia, que lo primero es identificar a los máximos responsables.
"La prioridad debe ser establecer (quiénes son) los acusados (principales). Ese debe ser el eje central" al abrir procesos por crímenes de lesa humanidad, y para ello "hay que empezar por indagar cuáles han sido los incidentes más graves" , según el jurista.
Puso como ejemplo el caso de una masacre en Uganda en la que la CPI seleccionó a siete presuntos responsables.
Se estableció que había siete líderes y "nos focalizamos en éstos, y de ellos dos no eran muy activos, por los que redondeamos el caso en cinco máximos responsables", a quienes se abrió el respectivo proceso, relató.
En Colombia, indicó, hay casos de masacres en que "se mezclan los grupos, y ése es el papel de la Fiscalía, establecer a los responsables" y llevarlos a juicio.
"El mundo no acepta más impunidad para estos crímenes, y Colombia deber ser ejemplo", señaló al referirse a la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, marco legal para la desmovilización de unos 31.000 paramilitares de las Autodefensas, entre 2003 y 2006.
Según Moreno Ocampo, la Fiscalía colombiana "está interesada en establecer verdad a las familias de las víctimas y, fundamentalmente, por eso estamos acá".
Insistió también que la CPI no interviene en la justicia de los países signatarios del Estatuto de Roma, que dio vida a ese tribunal en 1998, y lo hace solamente cuando los organismos nacionales no investigan esos crímenes de lesa humanidad.