La Fiscalía General ordenó la captura de un oficial del Ejército implicado en la masacre de cinco adultos y tres niños de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
El capitán Guillermo Armando Gordillo Sánchez fue procesado como "presunto coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo", según explicó la Fiscalía General, que indicó que él está recluido en un cuartel militar.
La entidad dijo que la detención del oficial, sin derecho a fianza, fue ordenada por el fiscal de derechos humanos que investiga el asesinato de ocho personas de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. La masacre fue cometida del 21 al 22 de febrero de 2005 en Mulatos y La Resbalosa, parajes en las inmediaciones de ese asentamiento, con cerca de 1.200 vecinos que en 1977 se declararon neutrales ante el conflicto armado interno.
La entidad explicó que, por la época de los hechos, el oficial del Ejército tenía al mando la Compañía Bolívar del Batallón Vélez de la XVII Brigada del Ejército, con sede en Carepa (Antioquia), población vecina a la de Apartadó. En una nota de prensa, la Fiscalía advirtió que "según lo conocido por los investigadores, miembros de autodefensa, con el pretexto de servir de guías de las tropas regulares, terminaron ejecutando los crímenes citados".
El líder de la comunidad, Luis Eduardo Guerra, fue una de las víctimas del crimen colectivo, que el gobierno de Uribe siempre atribuyó a las Farc. Guerra fue asesinado en Mulatos junto a su esposa, Bellanira Areiza, y el hijo de la pareja, Deiner Andrés, de 11 años.
Los otros cinco asesinatos se registraron en La Resbalosa, donde murieron Alfonso Bolívar, también dirigente comunitario; su esposa Sandra Milena Muñoz y sus hijos Santiago, de 18 meses, y Natalia Andrea, de 5 años, además de Alejandro Pérez.
En todos los casos, los agresores utilizaron machetes y garrotes para dar muerte a estos civiles, que entraron en una relación de más de 160 vecinos del mismo asentamiento neutral que han sido asesinados desde que se constituyeron como tales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó en 1997 medidas cautelares en favor de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, cuyos vecinos son antiguos desplazados por el conflicto, y tres años más tarde la alcanzó con otras medidas provisionales.