Un fiscal especializado dictó medida de aseguramiento y libró orden de captura por el delito de concierto para delinquir en contra de Álvaro José Lloreda Caicedo, presidente de Corfipacífico; y Jorge Alberto Lloreda Garcés, presidente de Fidupacífico, también acusados por el delito de abuso de confianza en el mismo proceso.
En el caso del abuso de confianza se estableció, que entre enero y mayo de 1999 los fondos comunes de la fiduciaria Fidupacífico simularon transacciones con la finalidad de inyectarle liquidez a las sociedades Corfipacífico y Pacífico CFC.
De acuerdo con la investigación, Fidupacífico y los fondos administrados por esta empresa entregaron a Alficoop más de 49 mil millones de pesos, y a Crecercoop más de 11 mil millones de pesos, que no ingresaron a estas entidades, sino a Corfipacífico y a Pacífico CFC, con lo que se pretendió transformar una operación ilícita en lícita.
A su vez las entidades que aparentemente se beneficiaron con esas transacciones incumplieron con la devolución de los dineros y determinaron cancelar a los fondos afectados con cartera de imposible recaudo, representada en pagarés de ex trabajadores de Puertos de Colombia, que debían ser pagados por Foncolpuertos.
Junto a Lloreda Caicedo y Lloreda Garcés, también fueron acusados por el delito de abuso de confianza las siguientes personas: Cristóbal Cabrales, vicepresidente operativo, Efraín Hernán Sepúlveda Zapata, jefe de la mesa de dinero de Corfipacífico; Mónica Eugenia Escobar, gerente de tesorería de Corfipacífico; Carlos Alberto Correa Cadavid, vicepresidente ejecutivo de Corfipacífico, Juan Carlos Muñoz Gutiérrez, vicepresidente de inversiones de Fidupacífico; Diego Suárez Escobar, vicepresidente comercial de Fidupacífico; Diego Urdinola Arango, "trader" de la mesa de dinero de Cofipacífico; Dagoberto Carabalí, gerente de Alficoop y Luís Felipe Jojoa, gerente de Crecercoop.