El dictamen del tribunal se dio como consecuencia de una acción popular interpuesta por un ciudadano del municipio de Guadalupe, Huila, en contra de la Alcaldía y de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, según él, porque las construcciones que albergaban la Oficina de Atención y Prevención de Desastres y el Acueducto, no contaban con los estudios sísmicos pertinentes, por lo que en caso de presentarse un movimiento telúrico, el municipio se vería en una doble emergencia al no contar con acueducto ni quién responda a su emergencia.

El Consejo de Estado le ordenó a Guadalupe, en un máximo de 6 meses, realizar los estudios sísmicos pertinentes para evitar una doble tragedia en el municipio, al dejarlo sin atención y sin agua después de un sismo. De igual manera instó a que los otros municipios del Huila y del país que están catalogados dentro de amenaza sísmica media y alta, tomen el mismo tipo de medidas con las construcciones de atención a la comunidad.

El tribunal recordó la ley 400 de 1997, mediante la que se establecen las normas y requisitos para las edificaciones indispensables para la recuperación de la comunidad después de la ocurrencia de un sismo.

"Se encuentra más que claro el deber que tienen éstos de realizar los estudios de vulnerabilidad sísmica en dichas construcciones como lo ordena la ley, es decir que al no realizarse los estudios pertinentes se estaría vulnerando el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente", sentenció el Consejo de Estado.