El pago de una indeminización por 363 millones de pesos a la familia del niño Nicolás Espitia, y que había sido ordenado por la Fiscalía en un fallo de enero pasado, fue el argumento usado por el ente acusador para dar por terminado el proceso. Sin embargo, ese dinero no fue aceptado por los demandantes que aún esperan la respuesta de una segunda instancia. Esta suma había sido impuesta para asumir los daños morales y materiales causados a la familia Espitia.
El ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, quien representa a la cadena Hilton, dijo a medios radiales que "la fiscalía no precisó responsabilidad de ninguna persona, sino que simplemente el pago que hizo la compañía de seguros, permitió que se solicitara la terminación del proceso".
La Fiscalía fundamentó su decisión en el artículo 42 de la Ley 600, que determina que: "En los delitos que admiten desistimiento, en los de homicidio culposo y lesiones personales culposas (...), la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado".
Por su parte, Jaime Lombana, el defensor de la familia del niño muerto, dijo que "la Fiscalía en Cartagena se apresuró, haciéndole un flaco favor al Hilton, se escudaron en una indeminización que nunca se aceptó".
El abogado hace referencia a las pruebas que la parte demandante entregó en el proceso y que mostraban que los directivos del hotel conocían de las fallas en el sistema de drenaje de la pisicina.
Estaban siendo procesados Vimat Vinoc Agarwal; el ingeniero jefe de mantenimiento de la cadena hotelera, César Augusto Camacho; el gerente de la firma Orcal Ltda., Edgar Alfonso Ortiz y Javier Atencio Martínez, operario de la piscina.
Pese a lo que ocurra con el proceso en Colombia, el proceso continúa en Estados Unidos. Precisamente esta semana se abrió la investigación por la muerte del niño y según Lombana, lo dicho por el presidente de la cadena, Ernesto Fernández, no es cierto. "Fue a decir mentirosamente a Estados Unidos, que estaba implicado en Colombia, argumentando que no declaraba porque se acogía al artículo 33 de la constitución, (que permite no autoincriminarse) cuando no ha sido sindicado ni judicializado en Colombia, entre otras cosas inexplicablemente", explicó a la emisora La W.