Judicial |25 Ago 2008 - 3:25 pm
Ratifican acusación a coronel retirado por masacre en Trujillo
Por: Elespectador.com
La Fiscalía ratificó su acusación a un coronel retirado del ejército por haber sido uno de los coautores de la ola de violencia que sacudió en los 90 en el departamento del Valle del Cauca. La decisión la tomó el fiscal Eduardo Meza, delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, el pasado 15 de agosto.
La resolución de la Fiscalía recayó sobre el teniente coronel retirado Alirio Antonio Urueña Jaramillo, quien para la época de los hechos tenía el grado de mayor y trabajaba en el Batallón Palacé, que actuó en la zona donde se presentaron muertes, secuestros y desapariciones a fines de los 80 y los 90.
Urueña ya había sido acusado por los delitos de concierto para delinquir, tortura, y homicidio en marzo pasado, cuando se había dispuesto además su captura. Urueña está desde entonces detenido en La Picota.
"Miembros del Ejército Nacional...llevaban a cabo ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias de personas presunta o verdaderamente vinculadas a los grupos guerrilleros...y que para tal propósito contaban con el apoyo de grupos paramilitares...patrocinados y dirigidos" por los reconocidos narcotraficantes Diego León Montoya Sánchez, alias ‘Don Diego', así como de Henry Loaiza Ceballos, alias ‘El Alacrán', de acuerdo con la decisión del fiscal.
Don Diego fue capturado por las autoridades en 2007, mientras El Alacrán, miembro del extinto cartel de las drogas de Cali, está en prisión desde 1995.
El oficial retirado Urueña, agregó el fiscal, durante la época de los asesinatos fue asiduo visitante de la finca La Violetas, de propiedad de Don Diego, "donde se reunía con éste haciendo alarde (de) que tenía que exterminar a los guerrilleros que había en La Sonora", una región del municipio de Trujillo, en el departamento de Valle del Cauca.
De acuerdo con activistas y grupos de familiares entre 1988 y 1994 al menos 200 personas fueron asesinadas en los municipios de Trujillo, Bolívar y Riofrío, todos en el departamento de Valle del Cauca.
En su resolución, Meza destacó declaraciones dadas a las autoridades por Pablo Emilio Cano, quien reconoció ante la Fiscalía haber sido el jefe de un escuadrón de la muerte que operó en Trujillo hasta 1992.
Sobre la versión de Cano, el fiscal aseguró que fue un "relato escabroso en donde se describe la forma en que se secuestraba y torturaba a muchas de las infortunadas víctimas, la manera en que se descuartizaban sus cuerpos y cómo sus restos eran arrojados a las aguas del río Cauca (en el Valle del Cauca)...para que desaparecieran y no dejar rastro de los homicidios ejecutados por el grupo bajo sus órdenes".
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