Mendoza ejercía como gobernador del cabildo El Peñón, situado en la población de Sotará, y había sido consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y presidente de la asociación de cabildos de dos nuevos asentamientos del pueblo Paez, también conocido como Nasa.
El CRIC advirtió el lunes al informar de este crimen de que el dirigente de los paeces había recibido graves amenazas de muerte por liderar movimientos de recuperación de tierras en el Cauca, departamento de Popayán.
"Con el compañero Raúl Mendoza son cerca de 1.200 indígenas masacrados durante el Gobierno de la Seguridad Democrática", indicó la ONIC en una declaración pública.
La ONG consideró que se trata de "crímenes que tipifican el genocidio" al que están sometidos los pueblos indígenas de Colombia y que "han quedado en la más absoluta impunidad", ya que "no existe al menos un criminal judicializado por estos hechos".
Los pueblos aborígenes no se quedarán cruzados "llorando el genocidio y la complicidad o incapacidad del Estado colombiano para hallar a los responsables", continuó la misma fuente, que anunció que llevarán sus muertos a la Corte (Penal) Internacional.