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Sorprendidos, abogados dicen que el Gobierno le hace zancadilla a la Corte

Para los defensores de los líderes paramilitares desmovilizados, y hoy extraditados, la decisión del Gobierno nacional era "previsible" y busca, fundamentalmente, cortarle las alas a la Corte Suprema de Justicia en el proceso sobre parapolìtica.

El Espectador
13 de mayo de 2008 - 04:23 a. m.

Hace un par de días, cuando a los abogados de los líderes paramilitares desmovilizados les llegó la noticia sobre la fecha de las versiones libres que el ya extraditado Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco', rendirá desde Estados Unidos vía satélite, presintieron que las extradiciones podrían seguir.

Lo que no se imaginaron fue que la decisión del Gobierno fuera un traslado masivo, sorpresivo y a media nche.

Hacia la medianoche de este martes, uno de los líderes desmovilizados logró comunicarse con sus abogados para contarles que supuestamente lo estaban sacando de su sitio de reclusión para realizar una diligencia judicial. Poco a poco, la cadena de llamadas entre abogados les permitió confirmar que se trataba de un operativo conjunto en Bogotá, Barranquilla e Itagüí, donde estaban recluidos hasta esta madrugada los máximos líderes paramilitares desmovilizados. A las 2 de la mañana lograron confirmar su traslado hacia Catam.

Diego Alvarez, defensor de Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna', explicó a elespectador.com que nunca recibieron un aviso o alguna explicación sobre el motivo del traslado.

La lectura para el defensor de ‘Don Berna' sobre la decisión del Gobierno es simple: "Como a Carlos Mario Jiménez le confirmaron las versiones libre vía satélite, el Gobierno se evitará problemas de seguridad, de rumores sobre el supuesto manejo de las bandas emergentes desde las cárceles, de supuestos delitos organizados desde las cárceles".

Pero va más allá. Álvarez considera que además el Gobierno busca evitarse más problemas con las revelaciones de la parapolítica y así "cortar de tajo a la Corte Suprema de Justicia, no sólo con las revelaciones de relaciones de los políticos con las autodefensas sino además con lo que se empezaba a vislumbrar en las versiones libres sobre la implicación de militares" en las acciones de los paramilitares.

"Les está haciendo un favor", dijo otro de los defensores, pues según explicó en sus declaraciones desde las puertas del aeropuerto de Catam donde los abogados de los desmovilizados intentaron sin fortuna comunicarse con sus defendidos, Estados Unidos les comienza a computar sus penas y "son poco los extraditados que llegan a juicio".

Por su parte, Consuelo Parra, defensora de Hernán Giraldo, Nódier Giraldo Giraldo y Eduardo Enrique Goynochea, dijo que recibió con total sorpresa la decisión del Gobierno. Los Giraldo tienen una solicitud de extradición del Distrito de Columbia. Sin embargo, la jurista aclaró que a Goynochea le fue revocada la solicitud de extradición hace dos años.

El tema en que coinciden varios de los abogados consultados en la madrugada por elespectador.com es que con la extradición se obstruye el proceso de Justicia y Paz, pues precisamente ahora los líderes paramilitares desmovilizados estaban comenzando a revelar la colaboración que miembros del Ejército les prestaron en sus operaciones.

Apenas una semana atrás, alias ‘Don Berna' reconoció la participación de sus hombres en la masacre de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre cuyos autores, admitió el jefe paramilitar, estaban varios militares activos.

Igual Hernán Hernández, alias H.H., quien fue integrante de los bloques Calima y Bananero de las Auc, admitió la participación de miembros del Ejército en varias de sus operaciones.

Por El Espectador

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