La sorpresiva decisión del Gobierno de levantar la suspensión de las órdenes de extradición de los jefes paramilitares y enviarlos en un operativo relámpago hacia Estados Unidos causó una tempestad política y judicial que promete no amainar pronto. Los abogados de la cúpula de las autodefensas sostienen, a pie juntillas, que se violaron todos los protocolos en este caso, que sus clientes estaban colaborando con la justicia, que esta medida es una “retaliación” del Ejecutivo por haber prendido sus ‘ventiladores’ y que no es cierto que hayan adelantado pactos con la justicia norteamericana para negociar su entrega.
La suerte de los 14 ex jefes ‘paras’ que ya están a órdenes de agentes norteamericanos se selló al caer la tarde del lunes. Sin embargo, el ajetreo en la Casa de Nariño había empezado desde el viernes en la mañana. El presidente Uribe analizó con la cúpula militar informes de los organismos de inteligencia en los que se evidencia que desde la cárcel el poder criminal de estos ex miembros de las autodefensas no se había reducido un ápice, que mantenían estructuras mafiosas que seguían a sus órdenes y que continuaron ejecutando homicidios y traficando narcóticos.
Por eso, tras considerar jurídicamente los pros y los contras de la masiva extradición, la determinación presidencial se tomó el jueves en la noche. Los siguientes tres días se ajustaron los detalles y continuaron las consultas. Entretanto, los periodistas habituales que reportan desde la Casa de Nariño escucharon rumores el domingo sobre la posibilidad de que “estallaría” una noticia de proporciones insospechadas. Nada se oficializó ese día, sin embargo, continuaron las reuniones a puerta cerrada entre el Presidente, el ministro Carlos Holguín, el alto comisionado Luis Carlos Restrepo y el secretario general Bernardo Moreno.
El lunes en la mañana, antes del Consejo de Seguridad que se desarrollaría en Planadas (Tolima), el presidente Álvaro Uribe ultimó los detalles de la extradición de los ex jefes ‘paras’ con los altos mandos militares y su séquito de asesores. Le dio instrucciones precisas al ministro Holguín en el sentido de comunicarle al embajador de Estados Unidos la noticia y coordinar con la DEA el desarrollo logístico del traslado hacia Estados Unidos. El secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, concertó con el cuerpo diplomático de E.U. en Colombia la garantía de que la justicia norteamericana respetaría los dineros que les arrebate a estos 14 ex ‘paras’ con el propósito de que sean utilizados para la reparación de las víctimas.
Las resoluciones de extradición se elaboraron ese lunes y sólo faltaban las firmas del Presidente y del ministro Holguín para activar el operativo. A las 7:00 de la noche el Jefe de Estado asistió a las honras fúnebres de un ex gerente del Banco de la República. Todos en la Casa de Nariño esperaban su regreso. A las 10:00 p.m. se refrendaron las resoluciones y una hora más tarde éstas le fueron entregadas al Fiscal General, Mario Iguarán Arana, quien a esa hora se encontraba reunido con el viceministro de Justicia, Guillermo Reyes. El motivo de su charla: los últimos asesinatos de sindicalistas en Colombia. Tan sólo este año han sido abatidos 23.
De hecho, fuentes de Palacio le dijeron a El Espectador que aparentemente uno de los motivos que determinó la repentina decisión ejecutiva habría sido la probada responsabilidad de estos ex miembros de las autodefensas en algunos de dichos homicidios. La suerte estaba echada. El sigilo de todos quienes coordinaron el operativo se mantuvo incólume. Ni un solo detalle se filtró a la prensa. El ministro Carlos Holguín apuntó jocosamente: “No sé cómo hicimos todos para quedarnos callados cuatro días”. La primera parte de la operación fue en la cárcel de Itagüí, a la una de la madrugada del martes.
Hubo un detalle que puso en peligro el relampagueante operativo del Ejecutivo. Se dispuso trasladar a los ex jefes ‘paras’ recluidos en Itagüí en helicópteros, pero éstos no pudieron aterrizar por mal tiempo. La novedad fue reportada al Presidente —quien pasó la noche en vela siguiendo paso a paso los detalles de la operación— y la tensión en la Casa de Nariño subió como espuma. El general Óscar Naranjo resolvió el problema al coordinar el traslado de estos ex jefes ‘paras’ hasta el aeropuerto de Rionegro en carros blindados.
Entretanto, se adelantaron idénticos operativos en la cárcel La Picota, de Bogotá, y en La Modelo de Barranquilla. A las 5:15 se reportó al presidente Uribe el éxito del operativo y 90 minutos después Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, Manuel Enrique Torregrosa, Salvatore Mancuso Gómez, Diego Alberto Ruiz Arroyave, Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, Ramiro Cuco Vanoy, Juan Carlos Sierra, alias El Tuso, Martín Peñaranda, Edwin Mauricio Gómez, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo y Eduardo Vengoechea, fueron trasladados a E.U.
Durante toda la mañana de ayer el Presidente se reunió con sus más cercanos asesores para definir cómo presentarle al país esta súbita decisión que ya tiene a muchos analistas especulando sobre el futuro de la parapolítica y, en especial, sobre una verdad irrefutable: que el Gobierno no estaba negociando con paramilitares sino con ‘narcos’ purasangre. Al mediodía el Jefe de Estado, en alocución televisada, dijo, palabras más, palabras menos, que los extraditados ‘paras’ se burlaron de la verdad que de ellos esperaba el país, que ninguno reparó a las víctimas y que continuaron engrosando su prontuario delictivo tras las rejas.
“La verdad tiene que ser simple y oportuna, tiene que decirse sin cálculos en el tiempo. La verdad manipulada no es verdad”, manifestó Uribe en tono sereno, al tiempo que le envió un mensaje de advertencia al resto de los beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz para que sigan las directrices de la norma, confiesen, reparen y no vuelvan a delinquir. “El país ha sido
generoso con los paramilitares, pero el Gobierno no puede aceptar la reincidencia en los delitos o la ausencia de compromiso para reparar”, puntualizó Uribe.
Lo que viene
El escenario que dejó la fulminante extradición de la cúpula de las autodefensas despertó toda suerte de reacciones políticas que, en esencia, coinciden en el fracaso de la Ley de Justicia y Paz. El ex congresista Darío Martínez, con irónico tono, fue enfático en sostener que el descalabro del proceso se veía venir, aun cuando la norma fue hecha a la medida de los jefes paramilitares. “Lo preocupante con la extradición de los jefes paramilitares es que eso implicará la reactivación de la guerra con esos grupos. Definitivamente hoy no se sabe para dónde es que va el presidente Uribe”, manifestó.
Uno de los alfiles del Gobierno en el Congreso, el senador Armando Benedetti, pese a ponderar las bondades de la Ley de Justicia y Paz, reconoció que lo que “ha sido malo es su ejecución”, empezando, claro, por los mismos jefes ‘paras’, quienes no cumplieron su palabra de mantenerse al margen de actividades criminales. “Uribe cumplió su palabra. Él dijo: ‘El que siguiera delinquiendo se iba’ y así fue”. Respecto de la tesis que ya circula en los medios de comunicación, según la cual el envío de estos ex miembros de las autodefensas a Estados Unidos fracturaría la verdad de las investigaciones parapolíticas, Benedetti ripostó asegurando que dicha hipótesis es una falacia.
“Con respecto a quién delatará a los parapolíticos, lo que puedo decir es que no eran los grandes de las autodefensas los que delataban. En realidad los que han implicado a los ‘parapolíticos’ han sido los segundones de las Auc”. Por su parte, el senador opositor Gustavo Petro advirtió que, como le reveló a El Espectador el lunes el embajador de Estados Unidos, William Brownfield, “esta acción de Uribe obedece a un pacto cuyo fin es poner una base militar gringa en La Guajira”. Dijo, además, que es probable que los ‘paras’ se sientan traicionados, “pero eso a Uribe no lo afecta”.
El congresista del Polo agregó que a las víctimas del paramilitarismo les tocará transitar un escollo más para acceder a la verdad: el campo de batalla se desplazó ahora hacia Estados Unidos. “Intentaremos construir una fuerza ciudadana en ese país para que los juzguen no sólo por narcotráfico, sino por delitos de lesa humanidad”. En el mismo sentido se pronunció la senadora Gina Parody: “Se fueron los jefes ‘paras’ y se acabó Justicia y Paz. Las madres se pueden ir olvidando de saber quién mató a sus hijos y por qué. ¿Ayudará la justicia norteamericana para que se reparen las víctimas en Colombia? Vivir para ver. No lo creo. También se acabó la parapolítica”.
A la luz de las cifras de confesiones y reparación a las víctimas, la decisión de Uribe parece acercarse más a la orilla de los aciertos. Reportes de la Fiscalía son contundentes, por ejemplo, en el espinoso asunto de los bienes y dineros entregados por los 14 ex jefes ‘paras’ extraditados ayer. Entre todos apenas han devuelto 178 bienes, $438 millones, 3 vehículos, 2.160 reses de ganado y una sola embarcación. El caso más aberrante, según las mismas estadísticas de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, es el de Don Berna: lo único que ha entregado son cinco propiedades.
En materia de confesión los números también son ínfimos. Las víctimas individuales de los 14 ex miembros ‘paras’ extraditados sumaron ayer 3.807 personas. Sin embargo, ellos apenas han enunciado —ni siquiera confesado— 2.418 crímenes. Salvatore Mancuso y Jorge 40 confesaron 889 y 634 delitos, respectivamente. Don Berna, en cambio, apenas 11. “Una de las razones para extraditarlos es que estaban dilatando sus verdades y acusando a quienes les convenía políticamente”, le dijo a este diario una fuente de la Casa de Nariño. El Presidente, además, tenía información de que las víctimas estaban siendo manipuladas por los paramilitares para garantizar su no extradición.
Dos conclusiones quedan después de este episodio. Que tenía razón el asesinado líder de las autodefensas Carlos Castaño Gil, cuando en 2001 renunció a la comandancia del grupo armado ilegal por su desacuerdo con la penetración de una ala del narcotráfico en los paramilitares. Castaño fue asesinado por orden de su hermano Vicente Castaño —hoy prófugo de la justicia— por iniciar negociaciones con la justicia de E.U. para evitar el tan temido fantasma de la extradición que hoy se hizo efectivo y que tiene a los máximos jefes de las autodefensas en varias cárceles gringas y a las puertas de largas condenas.
La segunda conclusión, aseguran los analistas, es que el fiscal Mario Iguarán se quitó de un tajo la responsabilidad de acusar ante un Tribunal de Justicia y Paz a estos 14 ex miembros de las Auc que iban en camino a recuperar su libertad por pena cumplida —sus sentencias oscilarían entre 5 y 8 años—, aunque paradójicamente no se hubiera producido hasta ahora la primera condena en Colombia a ninguno de ellos. Casi cinco años después de haberse firmado el llamado Acuerdo de Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003, que dio inicio a los diálogos con las Autodefensas, el proceso de Justicia y Paz hoy parece más empantanado que nunca.
Polémica
La extradición de los jefes ‘paras’ sacudió el escenario político nacional, y algunos de los protagonistas del debate y la aprobación de la Ley de Justicia y Paz dividieron opiniones frente a la decisión. Defensores de las víctimas ven una jugada para eludir la justicia.
‘‘Uribe cumplió. Él dijo ‘el que siga delinquiendo se va’ ’’.
Armando Benedetti,senador
‘‘Uribe obedece al pacto de poner una base gringa en La Guajira”.
Gustavo Petro,senador
‘‘Las madres pueden irse olvidando de saber quién mató a sus hijos”.
Gina Parody,senadora
‘‘El Gobierno ha hecho uso de sus facultades para gara ntizar la seguridad”.
Andrés González,ex senador-gobernador
‘‘No cumplieron y el presidente Uribe hizo lo que tenía que hacer”.
Juan Carlos Vélez,senador
‘‘Se busca impedir la identificación de los cómplices políticos, militares y económicos”.
Iván Cepeda,vocero Comité de Víctimas