Así mismo, pidió que se reactive nuevamente el negocio para que pueda cumplir con los pagos a sus ahorradores e inversionistas y calificó al Gobierno como "dictador" por haber cerrado las oficinas, ocasionando una parálisis que desencadenó una emergencia social.
"Se han violado los derechos porque nunca se debieron cerrar las compañías, deberían ponerlas a funcionar para que produzcan dinero, porque en caso de que la Fiscalía logre demostrar que yo soy culpable, cosa que no creo que sea posible, para que puedan reabrir las compañías y todo el mundo salga beneficiado y no perjudicado por un Estado dictador como el que está en estos momentos", puntualizó Murcia.
Durante la audiencia que se lleva a cabo en los juzgados de Paloquemao, los representantes de las víctimas de la comercializadora DMG pidieron el embargo y secuestro de los bienes que fueron incautados antes de los decretos de emergencia social.
El dinero corresponde a varias incautaciones que se desarrollaron en Cartagena el 26 de octubre del 2007 por un valor de mil millones, en Manizales el 20 septiembre 2008 de $ 4700 millones, en Pasto el 25 de septiembre 2008 de $400 millones, en La Hormiga (Putumayo) $6.500 millones y finalmente una por $320 millones decomisadas el 6 de noviembre del 2008.
Por su parte, la Fiscalía, manifestó que ese dinero ya fue embargado por otra entidad y por ende no puede ser objeto de un segundo embargo.
Sin embargo, al finalizar la audiencia, la Juez Manrleny Orjuela determinó que los bienes incautados en La Hormiga, La Dorada y Manizales quedarán doblemente embargados y serán usados para reparar a las víctimas; tan pronto sea condenado Murcia, procederá entonces el incidente de reparación.