Los familiares de las víctimas tendrán entonces que esperar hasta que el Alto Tribunal defina si el caso del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega se queda en justicia ordinaria o si pasa a la penal militar.
"Se presentan los hechos pertinentes, los alegatos y va a Sala Jurisdiccional Disciplinaria, donde se decide si por efectos del servicio a lugar a que vaya a la justicia penal militar o a la ordinaria. Ellos valoran si son delitos que tocan con lesa humanidad y van a jurisdicción ordinaria, o por el contrario a la penal militar", indicó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Hernando Torres.
El pasado martes la fiscal Ángela María Buitrago cuestionó que no se haya hecho la petición de conflicto de competencias antes, sino que esperaron hasta la etapa de juicio, cuando debe suspenderse el accionar judicial hasta que el Consejo Superior de la Judicatura se pronuncie sobre quién deberá llevar el caso, lo que retrasaría el proceso.
El abogado defensor de las víctimas, Jorge Molano, calificó la petición de Plazas Vega y su apoderado como una que busca dilatar el proceso.
"Aquí lo que se está buscando es que reúna la condición de juez y victimario, que es lo que ha pasado con la justicia penal militar entre quienes muchas veces han dado las órdenes de cometer los crímenes resultan siendo los que terminan haciendo los juzgamientos. Esto es una práctica adelantada por el señor Plazas Vega y su defensa tendiente a entorpecer la justicia, tendiente a dilatar el desarrollo del juicio y con la perspectiva de él escoger cuál va a ser su juez para garantizar con esa medida, escenarios de impunidad", aseguró el abogado defensor de las víctimas, Jorge Molano.
Si el Consejo Superior de la Judicatura acepta que la justicia penal militar lleve el caso de Plazas Vega, estaría a cargo del juez Segundo de Divisiones del Ejército Nacional, mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez; de caso contratio, se quedaría el caso con la juez Estela Lara.