"Los actos del servicio tienen un límite", con ese argumento la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura determinó que el coronel Plazas Vega debe continuar en justicia ordinaria.
"La gran duda con respecto a los actos del servicio y el hecho que todavía hayan personas que no sabemos donde están, fueron las principales razones de la sala disciplinaria para determinar esta decisión", dijo el magistrado Ovidio Claros.
El Alto Tribunal señaló además que se compulsarán copias al Consejo Seccional de la Judicatura para que se investigue al abogado de Plazas Vega por presunta dilatación del proceso.
"Testimonios describen hechos degradantes de la dignidad humana, contra la Constitución y abiertamiente violatorios de los derechos humanos fundamentales, conductas que en términos de precedentes constitucionales sólo podrán ser objeto de investigación de la jurisdicción ordinaria, pues la privación de personas y posterior ocultamiento o desaparición no guardan relación alguna con lamismión propia de los militares", dice uno de los apartes de la sentencia, en relación a las llamadas "dudas" que tuvo la Sala Disciplinaria para fallar a favor de la justicia ordinaria.
El juicio que se lleva a cabo en contra del coronel (r) Plazas Vega y otros, busca esclarecer el paradero de 11 personas, 10 empleados de la cafetería y una miembro del M19, que según pruebas testimoniales y fílmicas, salieron vivas del Palacio de Justicia después de la toma del M-19 y retoma del Ejército.
En agosto de 2006 la Fiscalía abrió investigación contra el coronel (r) Edilberto Sánchez, comandante de inteligencia del B-2 de la XIII Brigada del Ejército. Fue el primer oficial vinculado formalmente por los delitos de secuestro y desaparición forzada al caso de los desaparecidos.
Posteriormente fueron vinculados al proceso cuatro suboficiales del B-2 que estuvieron bajo su mando durante la toma y posteriormente los cinco fueron llamados a juicio.
El 16 de julio de 2007 al coronel (r) Alfonso Plazas Vega, que en el momento de los hechos era comandante de la Escuela de Caballería, se le abrió investigación, y siete meses después, el 12 de febrero, fue llamado a juicio en el Juzgado Tercero
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