Pedro Pablo Montoya, alias ‘Rojas', dice no arrepentirse de haber matado a su jefe, uno de los siete comandantes de las Farc, aunque ese asesinato lo tenga en prisión y con pocas probabilidades de salir en libertad en breve a disfrutar de una jugosa recompensa.
‘Rojas' dijo que cuando entregó a las autoridades la mano derecha que cortó a su jefe como prueba de que se trataba del dirigente guerrillero, espera que el Gobierno "le cumpla" las promesas que dice le hicieron.
Se trata del pago de una recompensa de 5.000 millones de pesos, la protección de su familia -padre, madre y cuatro hermanos - y agilizar trámites judiciales para estar en la calle.
Pero quizá nunca pueda usar el dinero que le fue pagado, ni salir en libertad ya que los delitos (secuestro y homicidio) por los que es procesado no son excarcelables ni indultables. Sobre el dinero confirmó que lo recibió, aunque él no lo considera que fue la cantidad convenida.
Juan Manuel Jerez, abogado de ‘Rojas', coincidió en que el caso de su cliente "no es algo que se solucione por la vía penal, sino política" debido a los procesos que pesan en su contra.
El ex guerrillero, de 34 años, asesinó en marzo de 2008 de un tiro en la cabeza a Manuel de Jesús Muñoz, alias ‘Iván Ríos', uno de los siete miembros del secretariado, la máxima jefatura de las Farc.
También asesinó a alias ‘Andrea', quien era la guerrillera mujer del jefe subversivo.
Al día siguiente del anuncio oficial de la muerte de Ríos, el Gobierno presentó al ex guerrillero en una conferencia de prensa. Una semana antes, las Fuerzas Militares habían dado muerte a otro miembro del secretariado, ‘Raúl Reyes', en un bombardeo en territorio ecuatoriano fronterizo. Nunca antes el estado colombiano había logrado matar a un jefe de las Farc. Pero en aquella semana de marzo reclamó la victoria por dos.
Además de la operación contra Reyes y la muerte de Ríos, las Farc sufrieron otro duro golpe: el 2 de julio un comando militar fingiendo ser una misión humanitaria rescató a 15 de los rehenes más valiosos en manos de los insurgentes, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt y tres contratistas estadounidenses.
Tras ocultar el cadáver de su jefe, Rojas se escapó y llegó a una sede militar de la ciudad de Manizales con la mano de su jefe.
"Si yo no lo mato, él me mata a mí", aseguró en una entrevista de 40 minutos en la cárcel La Picota, donde se encuentra preso por al menos siete investigaciones y por delitos como homicidio, terrorismo, hurto y secuestro, según la Fiscalía.
"Desde que Iván Ríos llegó (en 2003) al lugar donde nosotros estábamos (en la selva), empezaron a decirle que yo era un infiltrado, que yo era un traidor. Y eso no era cierto. Antes de que yo lo asesinara, Iván Ríos me dijo: 'Ahora sí sé quién es usted" ', relató el ex insurgente, sentado en la dirección del penal, llevando pantalones jeans negros y un suéter del mismo color sobre el cual portaba un chaleco antibalas.
Entre sus quejas están que el Gobierno no le pagó los 5.000 millones de pesos que ofrece por miembros del secretariado, sino 800 millones y que su familia no goza de protección frente a un eventual venganza de las Farc.
"Yo no maté a un guerrillero de base sino a un integrante del secretariado de las Farc", enfatizó.
"Me prometieron que me iban a dar 5.000 millones de pesos y sólo me entregaron 800 millones, que están congelados por cuenta de la Fiscalía dizque para reparar a mis víctimas", explicó.
El fiscal Mariano Ospina, que lleva el caso en Manizales, explicó vía telefónica que su despacho ordenó la congelación de la recompensa para una eventual indemnización a las víctimas de cuatro secuestros que son atribuidos al ex rebelde.
El abogado Jerez dijo que el gobierno pagó los 800 millones de pesos en julio del 2008 con un depósito en una cuenta bancaria en Bogotá y cantidad similar fue cancelada a otros dos rebeldes que también escaparon con Rojas y que están en libertad.
La congelación ordenada por la Fiscalía, agregó el abogado en una entrevista telefónica, se produjo en septiembre y en ese mismo mes el defensor cobró parte de sus honorarios porque "yo no trabajo gratis".
Jerez declinó decir cuánto le fue pagado y dijo desconocer si de la cuenta de su cliente se hicieron retiros antes de ordenarse la congelación.
El ex guerrillero, quien dijo haber estado en las Farc durante 16 años, advirtió que nunca contará la forma exacta en que mató a Ríos, ni cuántas personas mató durante su paso por la guerrilla.
"Con esa forma de tratar a los desmovilizados, ¨qué guerrillero se va a entregar?", se preguntó, y añadió que el supuesto incumplimiento contra él solo tiene un ganador: las Farc.
Pero tras el caso de Rojas, al menos dos rebeldes se han fugado llevando con ellos secuestrados y uno de ello cobró más de 400.000 dólares por escaparse en octubre con el ex congresista Oscar Tulio Lizcano, quien estuvo ocho años en poder de las Farc.
De hecho, Wilson Bueno Largo, alias Isaza, quien se fugó con Lizcano, ni pasó por la cárcel y menos de dos meses después de su fuga fue enviado por el gobierno del presidente Álvaro Uribe a radicarse en Francia, país que ha aceptado recibir a rebeldes que liberen a rehenes.
El fiscal Ospina indicó que la única salida jurídica que tiene Rojas es el sometimiento a la ley de llamada Ley de Justicia y Paz, del 2005, que les da un máximo de ocho años en prisión a los integrantes de grupos armados irregulares que se entreguen a las autoridades y confiesen todos sus delitos.
En el gobierno, dijo el ex rebelde, le prometieron "ubicación en el exterior y, al contrario, estoy en el interior de La Picota".