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La Procuraduría le pidió a la Corte que revise el caso del general en retiro y su presuntas relaciones con el paramilitarismo.

Su muerte se produjo luego de la incursión de un grupo paramilitar en los municipios de Bijao, Cacarica y Río Sucio, en ese departamento, que ocasionó el desplazamiento masivo de sus pobladores y el homicidio de López Mena, entre otros.

Para la Fiscalía , el general (r) Rito Alejo del Río sería responsable de los hechos investigados, pues en su condición de comandante de la Brigada 17, con sede en Carepa porque "sabía y conocía de la existencia de grupos que entrañaban riesgos para la población civil".

El proceso en primera instancia es adelantado por un fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y DIH.

Procuraduría pide revisar este caso

En un documento enviado al magistrado Yesid Ramírez Bastidas, la Procuraduría le pidió a la Sala Penal de la Corte que revise la absolución otorgada al general en retiro Rito Alejo del Río por sus presuntos nexos con paramilitares en el Urabá Antioqueño.

La petición de la Procuradora Primera Delegada para la Investigación y el Juzgamiento Penal le dijo a la Corte que basándose en el testimonio de cuatro paramilitares que no tuvo en cuenta la Fiscalía, encuentra méritos para creer que el general en retiro sí tenía fuertes vínculos con paramilitares.

Los 'paras' que con sus testimonios vinculan a Rito Alejo del Río con el paramilitarismo son Salvatore Mancuso, Ever Veloza, alias 'H.H.', ex comandante del Bloque Bananero y miembro del estado mayor de las AUC; Jorge Iván Laverde, alias 'El Iguano', ex comandante del frente Fronteras del Bloque Catatumbo; y Elkin Casarrubia, alias 'El Cura', ex cabecilla del Bloque Calima.

La Procuraduría puntualizó que los testimonios dejan ver que Rito Alejo del Río "fue asiduo contertulio de las autodefensas y que en varias ocasiones acudió a sus campamentos para tratar temas de interés común", señalando además que los paramilitares confesaron que tenían entrada libre a la sede de la XVII Brigada del Ejército, en Carepa, Antioquia.

Y es precisamente en la importancia de los declarantes dentro de las Autordefensas Unidas de Colombia en lo que basa su petición la Procuraduría.

Los testimonios "adquieren contundencia en la medida que dichos personajes tuvieron en su calidad de comandantes, la facultad de conocer de primera mano a quienes colaboraron con la 'causa' paramilitar que decían liderar, ostentaban el poder y autoridad necesarios al interior de los grupos de autodefensas y tienen conocimiento directo de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que desarrollaron operaciones paramilitares", indica en uno de los apartes el documento de 35 páginas.

El abogado Jorge Molano calificó la petición como de "trascendencia histórica", porque "el monumento a la impunidad que construyó Luis Camilo Osorio como Fiscal General de la Nación empiece a derrumbarse. La Procuraduría insiste en que organismos internacionales de derechos humanos han pedido ya a Colombia que se reabra esta investigación y se haga justicia y sobre esto es un deber de la justicia colombiana actuar de conformidad con el derecho internacional".

kloaiza@elespectador.com