El Alto Tribunal determinó que si los proveedores actuaron de buena fe al vender sus productos a DMG, no podrán ser intervenidos por las Superintendencia de Sociedades si actuaron de buena fe.
Eso dijo la Corte al declarar inexequible la potestad que había dado el presidente a la interventora, cuando expidió los decretos de emergencia social, para diezmar la crisis causada por el desplome de múltiples pirámides en todo el país.
De igual forma la Corte determinó que la Policía Nacional sólo podrá cerrar las llamadas pirámides por orden de la Supersociedades, sino que deberán tener una orden expresa del alcalde del municipio.
Entre otras decisiones tomadas por la Corte Constitucional, está la de exhortar al Congreso de la República para que cumpla su deber legislativo y diseñe una ley que evite que ocurran este tipo de problemas en el futuro a causa de las llamas pirámides.
Finalmente la Corte encontró exequible el decreto que disponía de parte del presupuesto para hacer programas para las familias pobres a través de acción social, para combatir las "barreras existentes para el acceso al mercado formal de crédito".
Para la Corte este decreto está enfocado claramente a "superar los hechos que dieron lugar a la declaratoria de emergencia".