La Corte Constitucional aseguró que no se consultó a las comunidades indígenas de manera previa a su aprobación.

"No se cumplió la obligación que promueve el proyecto de Ley (Gobierno), como por parte del Congreso de la República, de consultar previamente a las comunidades indígenas", dijo el presidente del alto tribunal, Nilson Pinilla al explicar la decisión.

El proyecto de ley del Estatuto de Desarrollo Rural había sido aprobado por el congreso en junio de 2007, aunque organizaciones como Prensa Rural no lo aprobaban.

La Organización Nacional Indígena de Colombia le dijo a esa organización en el 2007 que el Estatuto “desconoce y atropella directamente normas y derechos fundamentales para los pueblos indígenas reconocidos constitucionalmente tales como la libre determinación y el manejo y control de los territorios. Nuestros resguardos serán arrasados al establecer que puede haber dentro de ellos, igual derecho de terceros. Entendemos que este proyecto es toda una estrategia de adecuación del territorio a la entrada en vigencia el TLC y, en tal sentido, de un cambio en los usos del suelo".

Entre otras cosas, el estatuto buscaba, según el proyecto de ley, "la promoción y consolidación de la paz, a través de mecanismos encaminados a lograr la justicia social y el bienestar de la población rural" colombiana, además de "el fortalecimiento y ampliación de la política social en el sector rural, mediante mecanismos que faciliten el acceso de los pobladores rurales de menores ingresos a la propiedad de la tierra y a otros factores productivos, para reducir la pobreza y las desigualdades sociales".