Por falsos positivos de 1996, condenan a 14 militares

Corte Suprema de Justicia ordenó prisión entre 28 y 30 años.

El Espectador
26 de marzo de 2009 - 10:16 a. m.

Los 14 miembros del Ejército estaban adscritos al Batallón Contraguerrilla Veinticuatro para 1996, año en el que ocurrieron los hechos.

En horas de la madrugada del 8 de septiembre de 1996, los 14 militares llegaron hasta el cacerío Nuevo Carnal, en el municipio de Fortul, Arauca, y sacaron de sus casas "mediante el uso de la fuerza, y con el pretexto de estar cumpliendo una orden judicial" a dos personas de sus de sus casas.

Más tarde fueron encontrados muertos cerca de un río, con señales de haber sido asesinados a bala y cerca de sus cuerpos "armas de corto alcance, al igual que dinamita, cartuchos para armamento largo, dos minas envueltas en una bolsa y varios panfletos de propaganda alusiva al frente Domingo Laín del ELN", según reseñó la Sala Penal, con ponencia del magistrado Julio Socha Salamanca.

El Ejército por su parte rindió un informe en el que decía que esas personas habían muerto en enfrentamientos con uniformados de la pratrulla URE DELTA "que realizaban un reconocimiento con motivo de la orden treinta y dos, proveniente del Batallón Contraguerrilla 24 y conocida como Operación Marte".

Los militares pretendían demostrar que los muertos sí eran miembros de la guerrilla, pero la Corte decidió desvirtuar esa intensión, argumentando que ese hecho no tenía importancia comparado con lo que había sucedido.

"Aun en el evento de que las víctimas fueran colaboradores o integrantes de la guerrilla ello de ninguna manera facultaba a los del Ejército Nacional a sacarlos sin orden judicial de sus viviendas, tal como lo aseguraron los testigos de cargo, para luego quitarles la vida", puntualizó la Sala.

La Corte entonces condenó a todos los militares que hicieron efectiva la Orden 32 por el delito de homicidio agravado. El teniente fue condenado a 32 años de prisión; a tres cabos a 30 años; y a once soldados a 28 años de prisión.

Adicionalmente ordenó indemnización para las familias de las víctimas; a los padres deberán darles $15 millones de pesos, y a cada uno de los hermanos, $5 millones.

Por El Espectador

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