Foto: Gabriel Aponte / Elespectador.com

Los militares acusados de los 'falsos positivos' en Soacha, durante la audiencia adelantada el jueves 14 de mayo de 2009

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Combate donde murió joven de Soacha duró diez minutos

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Fiscalía pide medida de aseguramiento para implicados en desapariciones de Soacha

Este viernes se realiza la segunda audiencia de los militares implicados en las desapariciones de Soacha, esta vez en los casos relacionados con la muerte del menor Jonathan Soto Bermúdez y Julio César Meza, durante hechos ocurridos el 27 de enero de 2008 en el área de Ocaña (Norte de Santander), cuando estas personas fueron presentadas como guerrilleros abatidos.

Se trata del mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa; de los suboficiales Manuel Zorrilla y Miguel Ángel Agámez y los soldados profesionales José Orlando González, Juan Gabriel Espinoza, y Luis Alirio López adscritos al Batallón de Infantería No.15, Francisco de Paula Santander de la II División del Ejército,

La Fiscalía imputó cargos en contra de estos uniformados por homicidio agravado, desaparición forzada, concierto para delinquir y fraude procesal, Sin embargo, estos no aceptaron los cargos.

"Los impactos recibidos por los jóvenes Jonathan Soto Bermúdez y Julio César Meza son abiertamente incompatibles con un combate", relató el Fiscal delegado para el caso.

Esta nueva diligencia ya completó 10 horas, ha resuelto la situación de 12 militares y ha expuesto los casos de tres, de los 11 desaparecidos de Soacha.

El pasado jueves, el Juez segundo penal de garantías de Soacha, Fernando Sarmiento, señaló que los primeros uniformados que asistieron a la diligencia deben permanecer bajo custodia de la justicia.

La audiencia que se extendió por más de 15 horas, acogió la petición hecha por la Fiscalía, que le ímputó a los seis soldados los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y desaparición forzada.Adicional, a los dos oficiales se les procesará por falsedad en documento público, por alterar los reportes entregados.

Este jueves comparecieron seis de los 49 uniformados identificados como : Richard Ramiro Contreras (soldado profesional); Ricardo Garcia (soldado profesional); Carlos Antonio Zapata Roldán (soldado profesional); Diego Vargas (teniente); Marco Wilsón Quijano (mayor) y Carlos Manuel Gonzáles (cabo primero).

Sin embargo, los uniformados no aceptaron ninguno de los cargos imputados por la Fiscalía.

La audiencia inicial se realizó a estos militares implicados en la desaparición de Fair Leonardo Porras, un joven que presentaba problemas cognitivos, y que fue presentado como un extorsionista abatido en un combate en Ocaña, Norte de Santander.

Por su reclutamiento, los uniformados presuntamente pagaron $200 mil a un 'reclutador' para que lo llevarán hasta este lugar.

Según la Fiscalía, el 12 de enero de 2008. la fuerza pública presentó un organigrama que señalaba la muerte de Porras de la siguiente manera "fue dado de baja un narcoterrista (NN) al parecer al servicio de bandas criminales, en operativos de la vereda el Tabaco".

Según relató la Fiscalía, desde Ocaña se giraba dinero para cubrir los gastos de las víctimas y sus reclutadores.

"Los transportaban y eran recibidos por los militares, ellos lo llevaban a una vivienda donde un familiar de Dayro José Palomino (militar adscrito a una Brigada en Ocaña) los controlaba hasta el día del falso combate", dijo.

Según el Fiscal, las víctimas pasaban por un supuesto control de las autoridades donde los despojaban de sus documentos y después eran asesinados.