Foto: Diana Sánchez / Elespectador.com

La senadora Piedad Córdoba e Iván Cepeda, del grupo Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP), denunciaron en Washington que las amenazas a familiares de integrantes de organizaciones paramilitares están impidiendo el avance de la Ley de Justicia y Paz.

Al salir de una reunión en el Departamento de Estado, Córdoba dijo que las autoridades estadounidenses "están conscientes de la falta de mecanismos (de cooperación judicial), que hay delitos de lesa humanidad y que hay que avanzar".

Como lo ha hecho en otras ocasiones, Córdoba explicó que el objetivo de su gestión es "construir un instrumento que permita la cooperación judicial para que ellos (los paramilitares extraditados a EE.UU.) puedan seguir declarando en Justicia y Paz y que se puedan remover los obstáculos".

Preguntada sobre quiénes están amenazando a los familiares de los paramilitares, Córdoba se limitó a señalar que "deben ser los mismos que han matado a dos mil de los operadores intermedios del paramilitarismo", sin dar nombres ni detalles.

Sin embargo, Iván Cepeda fue más contundente al declarar que, aunque no fue un tema analizado en la reunión de este martes, las autoridades de EE.UU. ya tienen información sobre los responsables.

"Quiero señalar que los jefes paramilitares ya han confesado las identidades de muchos de estos personajes y que esa información ya la tienen aquí ya las autoridades en EE.UU.", afirmó el activista de CCP, grupo al que también pertenece Córdoba.

"Es claro que aquí hay una estructura que está operando, que se está encargando de silenciar a toda costa tanto a quienes están aquí en EE.UU. como a quienes quedan en Colombia, y es una carrera contra el tiempo", precisó.

Preguntado por Efe sobre quiénes estarían detrás de las amenazas para silenciar a los paramilitares y torpedear el proceso de Justicia y Paz, Cepeda dijo que "son precisamente los autores máximos de los crímenes que ellos cometieron por órdenes de esta gente".

Esa gente, según Cepeda, incluye a "altos políticos, empresarios, terratenientes, y mandos militares".

Según el activista, existen "redes y estructuras muy poderosas que están a la base de toda la operación paramilitar en Colombia" e intentan impedir que salga a flote la verdad sobre sus crímenes.

Por ello, enfatizó, "es necesario que la cooperación judicial permita conocer esa información y se está trabajando precisamente para que lo hagan ante jueces y fiscales en Colombia".

Para fomentar esa cooperación de los paramilitares, continuó Cepeda, "es necesario que sus familias sean protegidas; eso está claro y se está trabajando en esa dirección".

Eso mismo enfatizó Córdoba, al reiterar su queja de que "no hay instrumentos de carácter jurídico, no hay un mecanismo de cooperación judicial" para que los paramilitares puedan continuar proveyendo información clave.

"Nosotros estamos auscultando propuestas con los abogados de ellos que son quienes deben interponer alguna medida para lograr garantizar la protección de sus familias", subrayó Córdoba.

Córdoba y Cepeda, que se encuentran en EE.UU. desde la semana pasada, se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado responsables de la sección de Colombia y de los derechos humanos.

Según Córdoba, en esta reunión tampoco se tocó el tema de la liberación del militar Pablo Emilio Moncayo, rehén de las Farc desde hace 11 años, e insistió en que eso "está en manos" del presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

La liberación de Moncayo se ha dificultado por la negativa de Uribe a permitir que Córdoba, senadora del opositor Partido Liberal, participe en la mediación para el operativo.