Por el traslado del juez que llevaría el caso se aplazó la audiencia programada para este lunes. Se espera que la diligencia se reanude este martes. 

Se esperaba que la Fiscalía los sindicara de los mismos delitos por los cuales ya han sido asegurados 35 uniformados: desaparición forzada; homicidio agravado, concierto para delinquir y en algunos casos, falsedad en documento público.

Algunas de las medidas pasadas fueron impartidas en Cimitarra, Norte de Santander, donde se llevaron a cabo las primeras diligencias (primero de mayo).

Los uniformados asegurados permanece bajo fuertes medidas de seguridad en una guarnición militar. Ninguno ha aceptado los cargos.

Este organismo ha revelado escalofriantes detalles de las investigaciones relacionadas con la desaparición y posterior muerte de Faber Leonardo Porras, Víctor Fernando Gómez Romero; Jader Andrés Palacio Bustamante y Diego Alberto Tamayo Garcera, Julio César Meza y del menor Jonathan Soto Bermúdez.

Todos ellos hacen parte del grupo de 11 desaparecidos del municipio de Soacha, que luego fueron reportados como guerrilleros muertos en combate.

En todos los casos, la Fiscalía reveló que fueron llevados con engaños a Ocaña (Norte de Santader), allí se les hospedó en una casa de un familiar de uno de los soldados implicados y después se les ejecutó.

Sin embargo, ante estas acusaciones, la defensa ha reiterado que presentará pruebas que señalan que estas personas sí tenían vínculos con grupos al margen de la ley.

Bajo esta premisa, los abogados de los uniformados, han reiterado en las últimas audiencias que se llevan a cabo en Soacha, que pelearán para que sea la Justicia Penal Militar la encargada de juzgar este caso.