La medida también cobija a Federico Ochoa, ex presidente de la entidad.

La Procuraduría había solicitado a la Fiscalía proferir resolución de acusación contra Jorge Londoño Saldarriaga ( presidente del entonces Banco Industrial Colombiano, hoy Bancolombia) por el delito de estafa agravada.

Los hechos están relacionados con la denuncia instaurada contra el Presidente y Directivos del Banco Industrial Colombiano por los señores Jorge Gilinsky Bacal e Isaaz Gilinsky Sragovicz en 2001 por la venta que éstos hicieron del Banco de Colombia al Banco Industrial Colombiano (BIC).

Los demandantes señalaron en ese momento que los nuevos socios incurrieron en una serie de irregularidades propias del fraude.

"El 26 de noviembre de 2003 la Fiscalía precluyó la investigación a los procesados, decisión que hizo tránsito a cosa juzgada el 8 de julio de 2004; sin embargo, el 6 de marzo de 2006, la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en sentencia T-171, dejó sin efectos lo resuelto por la Fiscalía, al declarar que se violaron los derechos de las víctimas a la verdad y justicia, por no practicarse unas pruebas que previamente habían sido decretadas, consistentes en las declaraciones de Robert Gray y Martín Fariña, así como información de la Securities and Exchange Comissión (SEC) en Estados Unidos", indicó el comunicado de la Procuraduría emitido en ese momento.

Los Gilinsky básicamente señalan que el Banco Industrial Colombiano no tenía con qué pagar el Banco de Colombia y que sus administradores, además, inflaron el valor del BIC en la Bolsa de Nueva York.