El Espectador conoció que, con ponencia del presidente de la Corte, magistrado Augusto Ibáñez, se propuso el cambio de jurisprudencia que impide que los expedientes de los parlamentarios que renuncien a su curul  pasen a manos de la Fiscalía.

En esencia este cambio sustancial cobija a los parlamentarios procesados por sus nexos con grupos ilegales o por la presunta feria de notarías del Gobierno para garantizar la reelección del presidente Uribe, es decir, los escándalos de la parapolítica y la 'cuellopolítica'.

La corte sintió que varios parlamentarios que renunciaron a su fuero y sus expedientes pasaron a la Fiscalía, terminaron beneficiados por decisiones controvertidas o recuperaron su libertad sin un análisis juicioso de los hechos investigados. Es decir, que le hicieron ‘conejo' a la justicia. Por eso, desde muy tempranas horas de la mañana de ayer la Sala Penal se enfrascó en esta discusión, que parece tener la bendición de la mayoría de los magistrados. De hecho, al parecer sólo hay dos que no le jalan mucho a la idea.

La ponencia del magistrado Ibáñez contempla que los congresistas investigados son funcionarios con fuero que, en el caso de la parapolítica, se aliaron con grupos ilegales para influir en la dinámica del Estado y cambiar sus leyes y, en el caso de la 'cuellopolítica', se aprovecharon de su influencia y poder regional para vender su voto a favor de la reelección a cambio de ubicar sus cuotas burocráticas en distintas notarías del país, como ocurrió, al parecer, con el senador Alirio Villamizar, detenido este martes.

Desde hace una semana, en reuniones informales, los magistrados del alto tribunal venían discutiendo el tema y  la solicitud de renuncia que formalizó el representante a la Cámara Édgar Ulises Torres -investigador del presidente Uribe en la Comisión de Acusación por la yidispolítica- encendió la alarma y se tomo la decisión para evitar que, en cascada, los congresistas procesados terminen siendo indagados por fiscales delegados.