El presidente de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Julio Enrique Socha, señaló que el caso específico de la juez especializada Stella Jara, quien lleva el caso de Alfonso Plazas Vega, fue remitido a la Corte Internacional de Derechos Humanos junto al de otros jueces, para demandar medidas precautelativas.

"Resulta altamente la preocupante el riesgo de la seguridad de los jueces. Se ha desprestigiado su labor y se han hecho ataques en formas directas . Vemos que las medidas de seguridad que se han adoptado resultan insuficientes para esta arremetida del crimen organizado", dijo Socha.

Por su parte, el presidente de esta corporación, Augusto Ibáñez, dijo que la situación era realmente dramática y preocupante y solicitó al Gobierno acelerar la asignación de presupuesto para incrementar las medidas de seguridad de todo el aparato de justicia de Colombia.

"Es una reunión que deja un sabor dramático por la situación en la que se encuentra la rama jurisdiccional ", señalò al término del encuentro con los jueces-

Y agregò "hacemos un llamado al Gobierno para que nuevamente se evalúe el compromiso de mejorar las condiciones de seguridad, porque la justicia se siente asediada".