El vocero de la organización, Rafael Barrios, precisó que, si bien este hecho sólo fue conocido por la opinión hace una semana, ha quedado ampliamente demostrado que desde la Fiscalía también se ejercía la persecución de la que eran objeto este y otros organismos defensores de derechos humanos.
El jurista indicó que la denuncia ya había sido puesta en conocimiento de las autoridades desde hace varios meses y, sin embargo, nunca hubo una respuesta efectiva, ni el reconocimiento de la problemática por parte de los entes estatales que servían de escenario a este seguimiento irregular
"Tenemos certeza de cómo se venían haciendo las interceptaciones desde la plataforma Vino, que concretamente era la operación Transmilenio, es decir, el Colectivo de Abogados, José Alvear Restrepo", sentenció.
Según Barrios, esa manera de operar no es una novedad sino que ha sido accionada desde hace varios años por parte de los organismos de seguridad del Estado y no existe la menor duda de que seguirán acudiendo a ella por mucho tiempo más.
"Lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía. El tema de inteligencia ilegal no es nuevo. Hace parte de la historia de Colombia, se realiza actualmente y se seguirá haciendo de manera legal o ilegítima", dijo el abogado a ElEspectador.com.
El líder cívico no descartó que ese tipo de operaciones se puedan estar dando de manera consensuada entre los entes de control y los organismos de seguridad, por lo que reiteró el llamado a las organizaciones multilaterales administradoras de justicia y defensoras de derechos humanos para que mantengan la vigilancia sobre Colombia y eviten nuevos excesos de parte de la instituciones estatales en contra de sectores opositores al Gobierno.
"Hoy sabemos que no era sólo el DAS sino también la Procuraduría y la Fiscalía, autónomamente o independientemente o en coordinación entre los tres, quienes hacían las chuzadas de manera ilegal", puntualizó.