Foto: Archivo - El Espectador

Humberto Sierra Porto, el magistrado de la Corte Constitucional que tiene a su cargo el estudio del referendo reeleccionista.

La Corte Constitucional ordenó a las autoridades electorales, al Congreso de la República y los entes administradores de justicia que presenten los expedientes tendientes a conocer el trámite legislativo del referendo, así como los alegatos jurídicos a los que ha dado lugar.

En el auto, la Corte exige conocer el concepto del Consejo Nacional Electoral frente al proyecto: los topes de financiación, el estado actual de la investigación, entre otras decisiones. En el propósito de conocer todos los detalles previos, instó a la Registraduría Nacional del Estado Civil a que presente un informe detallado de la promoción de la iniciativa, tanto como de los requisitos de Ley exigidos para el caso.

La petición también incluye los nombres de quienes promovieron el proyecto y las condiciones las que éste se fue desarrollando, desde el acopio de las firmas iniciales de respaldo por parte de la ciudadanía. Adicionalmente, exige de esa misma corporación, la certificación que conceptúa favorablemente cada una de las etapas.

Así mismo, hace un llamado al Congreso de la República para que describa de la manera más precisa todas las etapas del trámite por las que hizo paso en el legislativo, incluyendo la metodología y los descargos frente a la denuncias que se han producido en torno a ella.

En el parágrafo tendiente a averiguar los tramos recorridos en el Legislativo, el tribunal exigió certificaciones alrededor de los congresistas que se declararon impedidos, así como la designación de los ponentes, la publicación oficial de sus informes de ponencia, el registro del quórum en cada votación, las actas de aprobación en cada sesión  y las copias de la conciliación a la que fue sometida por parte de las dos cámaras legislativas. De igual manera, el despacho exigió al Partido de la U y a Cambio Radical explicaciones certeras de la manera en que congresistas de este último se trasladaron al primero con el fin de respaldar el proyecto. 

Finalmente, convoca a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para que le hagan llegar los expedientes en los que se haga referencia al estado actual de todos los procesos judiciales y disciplinarios que adelanta, referentes a la supuesta aprobación del proyecto sobre una base ilegal y contraria al código disciplinario.