El Gobierno colombiano, en un informe presentado a la ONU, resalta que desde octubre de 2008 han disminuido "considerablemente" el número de denuncias sobre los homicidios cometidos presuntamente por miembros de la Fuerza Pública fuera de combate, mejor conocidos en la opinión nacional como 'falsos positivos' .

Según el mismo documento, para este tipo de casos se han redoblado esfuerzos "no sólo para evitar que se vuelvan a presentar, sino para facilitar la investigación y sanción ejemplar de los responsables en aquéllos casos que se hayan presentado".

"El Gobierno Nacional, en cabeza del Presidente de la República, actuó con celeridad en la toma de decisiones drásticas que se concretaron en la desvinculación de un número considerable de miembros de la Fuerza Pública, en el traslado inmediato de todos los casos para ser investigados por la justicia ordinaria a través de la Fiscalía General de la Nación y en la expedición de medidas adicionales de control para prevenir la ocurrencia de hechos de esta naturaleza", asegura la respuesta del Ejecutivo colombiano.

Pero también el Gobierno ha señalado que las campañas cívico-militares realizadas por la Fuerza Pública colombiana "contribuyen a fortalecer la relación entre la población civil y el Estado".

"Estas no son contrarias al principio de distinción y no convierten a los civiles en objetivos lícitos a la luz del Derecho Internacional Humanitario. Constituyen, por tanto, una herramienta que el Estado espera continuar empleando", sostiene el informe.

Y por ende insiste en que la misma ONU en la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, destaca que la Fuerza Pública colombiana "ha realizado progresos significativos en la implantación de una cultura de respeto a los Derechos Humanos".

Finalmente, el Gobierno vuelve a explorar que los llamados 'falsos positivos', como las violaciones de los derechos de los niños que "lamentablemente se presentaron" durante 2008, "constituyen hechos aislados" que seguirán en investigación para ser sancionados.

En las consideraciones con las que concluye el documento, se reitera el compromiso del gobierno de Álvaro Uribe de llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para garantizar "la plena vigencia de los Derechos Humanos de todos los habitantes de Colombia y en especial, para garantizar el goce efectivo de los derechos de la niñez".